En España parece ser que se sigue prefiriendo la
“sostenibilidad” del ladrillo (otra vez la misma piedra) a la de la
economía del conocimiento, que nos sobra. Tenemos unos
gestores incapaces de valorizar nuestros mejores recursos: por una
parte, en lo social, España posee una enseñanza universitaria tan
generalista que somos capaces de especializarnos rápidamente, a lo que
acompaña el talento que rezuma una juventud sobrepreparada. Por otro
lado, sobre el terreno, contamos unos paisajes cambiantes e
incomparables, y 300 horas de sol en el sur.
Por desgracia, en este país el medio ambiente y los derechos
ciudadanos se supeditan a la economía. Poner chiringuitos o casinos está
por encima del litoral, por el sacrosanto principio de la creación de
empleo. El problema radica en que estamos lastrados por la visión
ultracortoplacista de nuestros gestores, que no ven más allá de los 4
años de legislatura y buscan planificaciones acordes a su “ciclo de
vida”. Nada de medio o largo plazo que genere más beneficio aunque mi
color político no vaya a verlo, y sea otro el que se apunte el tanto.
Eso en España nos da pavor, porque seguimos viendo el mundo en blanco y
negro.
De hecho, desde todas las administraciones se esgrime el argumento de
que una de las mayores industrias que tiene España es el turismo,
cuando precisamente la burbuja inmobiliaria ha provocado una caída en la
percepción de la calidad del mismo. Los turistas que lo valoran han
tenido que convivir a diario con obras, atascos y despersonalización
cultural.
El caso de la Marina de Cabo Cope
Pero viajemos al año 2001, cuando la Asamblea Regional de Murcia
aprueba la polémica ley 1/2001 de Suelo (ya derogada). En su disposición
adicional octava, venía a decir que los espacios naturales protegidos
debían circunscribirse al área de los LIC, dejando sin protección más de 15.000 hectáreas en toda la región, fundamentalmente de zonas tampón en estos espacios.
El Parque Regional de Cabo Cope y Puntas Calnegre, considerado el
último reducto de costa virgen de la región de Murcia, es una zona
protegida situada entre los municipios de Lorca y Águilas.
Con la aprobación de la Ley anteriormente mencionada, el Parque vio
de repente reducido su tamaño en un 64%: 1.600 hectáreas menos, de las
que 700 son hábitat de interés comunitario y en las que el gobierno
murciano ha aprobado una Actuación de Interés Regional (básicamente un
PGOU pero con una EIA muy light) para la construcción de 20.000 plazas
turísticas, 5 campos de golf y una marina interior para 2.000
embarcaciones.
Que haya sido denunciado ante el Tribunal Constitucional por esa
desprotección de hábitats no ha supuesto ningún freno para la comunidad
de Murcia, que el pasado mayo finalizó el larguísimo trámite (de una
década) desde que se aprobó el proyecto. Ya veremos cómo evoluciona,
porque en una región con más de 25.000 viviendas de nueva construcción
sin vender, no creo que los promotores estén por la labor de aceptar
esta nueva incorporación.
La autopista Alicante-Vera, un daño indirecto
Otro caso llamativo es el de las carreteras. De las autopistas de
peaje construidas en los últimos años y que han demostrado ser
deficitarias, al menos una de ellas fue construida al calor de la
burbuja inmobiliaria: la Alicante-Vera. Fue la última obra aprobada en
un Consejo de Ministros de Aznar, con el fin de dotar de infraestructura
a los desarrollos planificados por las administraciones. Actualmente,
necesitaría casi 700 años en ser amortizada porque tiene una ocupación que no llega al 25% de la prevista. Cinco de sus salidas conducen a campos de cultivo donde iban a desarrollarse urbanizaciones.
Valdevaqueros: los últimos en subirse al carro
También en Andalucía, el ayuntamiento de Tarifa se apunta a crear un
PGOU para un espacio natural: las dunas de Valdevaqueros. Esta zona,
además de poseer un valor de existencia inherente a cualquier espacio
natural, tiene un gran valor de uso, generado por la cantidad de
practicantes de deportes de viento (surf y kitesurf) que tienen allí uno
de los mejores lugares para realizarlos. Además, se trata de un
proyecto que se inició en los años 90 y ahora ha sido rescatado, por lo
que cualquier evaluación inicial, aunque legal, no resulta de utilidad
debido a los cambios en la comarca. Un claro ejemplo es la aparición de
dos espacios naturales protegidos colindando la zona.
En conclusión, debido a la burbuja inmobiliaria tenemos una costa de
peor calidad, tanto para el turista como para el residente en la misma.
Haciendo caso omiso a las observaciones de los paisajistas,
que recomiendan un gran polo de atracción turística cada 20 km de costa,
hemos creado un amplio malecón interminable de casas que ya no resulta
atractivo al veraneante que busca la tranquilidad, y además hemos
agotado rápidamente el recurso suelo, la mayor fuente de ingresos de las
administraciones locales. Hemos matado a la gallina de los huevos de
oro a base de exigirle más huevos.
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