La autovía A-11 o autovía del Duero, cuyo trazado debería discurrir entre Portugal y Soria, es uno de los exponentes del fracaso de las políticas económicas llevadas a cabo por PP y PSOE desde 1996. Ambos partidos sacralizaron, y todavía siguen sacralizando, las grandes infraestructuras de transporte. Ahora todos somos conscientes del despilfarro en aeropuertos destinados a no tener pasajeros. Queda aún pendiente un ejercicio de reflexión con las autopistas y autovías.
Muchos tramos de esta autovía no se han terminado. Hace poco tuve ocasión de circular entre San Esteban de Gormaz y Soria. Sólo estaba terminada la variante de Burgo de Osma. Las explanaciones de la nueva autovía quedaban paralelas a la N-122 totalmente abandonadas, ya que no había ningún tipo de actividad. No es el único ejemplo. El Ministerio de Fomento ya rescindió contratos correspondientes a 21 tramos de autovía en toda España, dejando un reguero de autovías mutiladas por todo el país.
Resulta que, aunque mucha gente no se lo crea, España es, desde principios de la pasada década, el país europeo con más km de carreteras de alta capacidad (autovías y autopistas) de Europa. Muy por delante de países más desarrollados, como Alemania, Francia, Italia, Suecia u Holanda. Y por ello hay que descartar una correlación positiva entre este tipo de carreteras y el desarrollo económico. De hecho, Portugal nos acompaña en esta sobredosis de autopistas, y tampoco está a la cabeza de los países más ricos. Además, muy probablemente, si no es España a quien más caro le sale cada km de estas infraestructuras, estará en el grupo de cabeza, porque nuestra accidentada orografía y nuestra relativamente baja densidad de población exigen un mayor gasto para unir a la misma cantidad de habitantes que el que han de afrontar países llanos y muy poblados, como los centroeuropeos.
Los dos grandes partidos políticos han explicitado su deseo de situar a España a la cabeza mundial en materia de líneas ferroviarias de alta velocidad y de autopistas y autovías. El Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte vigente (PEIT 2005 – 2020), elaborado por el Gobierno del PSOE, pretendía construir 6.000 nuevos km de carreteras de alta capacidad. Este PEIT otorgaba la parte del león al tren de alta velocidad, lo cual también es digno de ser cuestionado. Aun así reservaba 32.000 millones para construcción de nuevas autovías y autopistas y 22.500 para conservación de la red de carreteras. El anterior Plan de Infraestructuras (2000 – 2007), realizado por el PP, destinaba 39.800 millones a nuevas autopistas y autovías. La Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pretendía gastar 2.200 millones en un túnel que atravesara el subsuelo del Monte de El Pardo para poder así cerrar el tercer cinturón de autopistas de Madrid, la M-50 (y hay otro medio cinturón más, la M-45). En 2012 la inversión en conservación de carreteras de la Administración Central ascenderá a 873 millones de €. Y esta cifra se destina a las dos terceras partes del total de autovías pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, luego cabe suponer que el importe total, es decir, el que incluye los km gestionados por las CC.AA, es bastante superior.
Lo que quiero decir no es que no haya que construir autovías, sino que hay que construir las justas. Y, en mi opinión, hace ya mucho que dejamos atrás el equilibrio en esta materia, y andamos situados de nuevo en el exceso y en el despilfarro. Porque no parece que tenga mucho sentido aspirar a que todas las capitales de provincia estén conectadas por autovía/autopista y tren de alta velocidad, que es lo que pretenden PP-PSOE. Comunicar zonas escasamente pobladas a un coste desorbitado que, además, genera compromisos de gasto futuros, es un disparate. De hecho, muchas de esas autovías son un desierto, porque apenas circulan coches por ellas. Si de lo que se trata es de contribuir al bienestar de los habitantes de esas zonas, hay otras muchas formas de hacerlo, más eficientes, duraderas y respetuosas con el medio ambiente. Pero este despilfarro no atañe sólo a las áreas escasamente pobladas: ahí tenemos el ejemplo de la ruina de las autopistas radiales de Madrid, auxiliadas por el Estado con cargo al contribuyente.
Es ya repetitivo decir que este modelo de asfalto (muchas veces vinculado al ladrillo) es contradictorio con cualquier objetivo de protección del medio ambiente, disminución de la dependencia del petróleo y eficiencia en el gasto público. Pero aun así hay que insistir. Y hay otro matiz que suele pasar inadvertido. Y es que la financiación de estas obras únicamente está al alcance de grandes constructoras, muy relacionadas con grupos financieros y empresariales endogámicos, que tienen participaciones cruzadas en sus respectivos capitales sociales. Esto significa que la capacidad financiera del Estado se ha dedicado a favorecer grupos oligopólicos más que a promover la capacidad emprendedora de muchos ciudadanos muy cualificados, a quienes les faltaron facilidades económicas para lanzar y mantener sus empresas. Esto conllevó la descompensación de nuestra economía: no es una economía en red, compuesta por muchos núcleos entrelazados generadores de alto valor añadido, sino una economía dependiente del sector de la construcción y de grandes núcleos de poder económico y financiero. Y de aquí se han derivado grandes males que nos costará mucho remediar.
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