La Diputación de Gipuzkoa descarta los peajes para los vehículos ligeros

La diputada de Movilidad e Infraestructuras de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha asegurado que el gobierno de Bildu ha descartado la posibilidad de implantar esta legislatura peajes a vehículos ligeros en las carreteras de doble vía, por lo que su propuesta quedará limitada al transporte pesado.

Ugarte ha dicho que de esta forma no tendrían que existir obstáculos para un acuerdo con los partidos de la oposición -PNV, PSE y PP- que permita abrir un camino para financiar el mantenimiento de las carreteras del territorio a través de peajes para camiones en las vías de alta capacidad que actualmente no lo tienen: N-I, A-15, N-121 y GI-632.

"Queremos evitar todos los escollos que puedan ser conflictivos. Todos coincidimos en que tiene que ser peaje para pesados en virtud del uso, de la distancia, y no del tiempo, en redes actualmente libres. Deberíamos llegar a un consenso en breve", apunta la diputada sobre este controvertido asunto, continua fuente de choques entre el ejecutivo de Martín Garitano y la oposición.

Destaca que la Diputación "se ha movido y mucho" con esta marcha atrás en aras del acuerdo al que le obliga la minoría de Bildu en la cámara foral, ya que la coalición ha renunciado al "no a los peajes" de su programa electoral, "a la viñeta" y "a un montón de cosas porque hay un problema" y no quiere "mirar para otro lado".

"Vamos a llevar a Juntas Generales una propuesta sólo para el transporte pesado porque, a fin de cuentas, es el que más estropea las carreteras y tenemos que compartir ese pago de mantenimiento con todos aquellos que pasan por la red transeuropea", destaca.

La cámara foral no tendrá que pronunciarse, por tanto, sobre el anteproyecto de norma para vehículos ligeros, que había suscitado la polémica además por el propósito de la Diputación de cobrar peaje a los conductores de otros territorios que circulan habitualmente por esas carreteras guipuzcoanas.

"Si no hay norma de ligeros, nadie paga", señala la diputada, que recuerda que los ingresos brutos por este concepto se habían calculado en 12 millones de euros.

La recaudación prevista con el peaje al transporte pesado es de casi 27 millones de euros anuales, y el planteamiento es que se puedan invertir en las infraestructuras viarias 266 millones en diez años.

Asegura que las carreteras pasarían a estar "en unas condiciones mucho mejores" y dejarían la "fase curativa" en la que se encuentran actualmente por no poder hacer frente al mantenimiento extraordinario y a las adecuaciones o inversiones por falta de financiación.

"El presupuesto ahora llega únicamente para cubrir el mantenimiento ordinario", ha precisado.

Estas cifras están ligadas al sistema Arkupe, que supondría la instalación de arcos que leen de forma automática las matrículas y facilitan el cobro a los transportistas mediante el dispositivo "Vía T", y cuyos costes de explotación serían "relativamente bajos" -de unos 20 millones los de implantación-.

Ugarte subraya que esta opción puede ser "perfectamente aceptada" por los grupos de la oposición, que han mostrado sus reservas ante la posibilidad de que el sistema quede obsoleto en pocos años y acerca del posible fraude por parte de los conductores extranjeros.

"El proyecto es tecnológicamente intachable, sería viable durante 30 años o más. Está funcionando en otros lugares del mundo con un notable éxito. El porcentaje de fraude puede estar en torno al 5 % y existen mecanismos tecnológicos y jurídicos suficientes para que no sea superior", asevera.

Afirma que la Diputación está abierta a cualquier aportación de de los partidos, aunque duda que exista una alternativa más adecuada que Arkupe, que es fruto, según recalca, de la labor de varias decenas de técnicos que han trabajado por "la mejor solución".

"No es una propuesta política, es técnica, es una propuesta para que salga. Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo para que el problema que tiene Gipuzkoa en la financiación de carreteras se resuelva en esta legislatura. Arrastrarlo a la siguiente lo agravaría, con la deuda además que tiene Bidegi", enfatiza.

Larraitz Ugarte emplaza a las formaciones de la oposición a que "contribuyan a mejorar" su proyecto, quiere conocer sus propuestas para ver si son "técnicamente factibles y económicamente viables".

"Entendemos que es hora de que los partidos se pronuncien y digan que están dispuestos a dialogar para conseguir un acuerdo", agrega la diputada, que indica que aún no ha recibido respuesta de ninguno tras el encuentro que mantuvo con ellos hace dos semanas.

Diario Vasco. com 26/10/2013

El grupo de Autopistas Itínere acuerda refinanciar 1.176 millones de deuda

El grupo de autopistas Itínere ha alcanzado un acuerdo con un grupo de 28 bancos para refinanciar su deuda de 1.176 millones de euros, según informó el grupo de concesiones controlado por Citi.

En virtud del acuerdo, Itínere logra aplazar cinco años, hasta finales de 2018, el vencimiento de los préstamos sindicados que vencían dentro de mes y medio.

La deuda corresponde a dos de sus filiales, la sociedad concesionaria de la AP-1 Burgos-Armiñón, y Enaítinere, sociedad que engloba cuatro vías, las gallegas AP-9 y Autostradas (AG-57 y AG-55), la AP-66 Astur-Leonesa y la AP-15 Autopista de Navarra.

En un comunicado, Itínere destacó que la refinanciación "ha tenido lugar en términos muy favorables para la compañía, teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado".

El grupo de autopistas, participado por Sacyr en un 15,5% (porcentaje que tiene en venta), cerró 2012 con una cifra de negocio de 276,4 millones, un 7,4% menos que un año antes. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) de la compañía se contrajo un 9,2% el pasado ejercicio, hasta situarse en 211 millones de euros, según datos de la compañía que recoge Europa Press.

Itínere es la sociedad que Citi constituyó con las concesiones de autopistas que compró a Sacyr a finales de 2009, y tras posteriormente vender varios de estos activos.

En la actualidad, el fondo Citi Infrastructure, a través de la firma Arecibo Servicios y Gestiones, controla un 54,1% del capital del grupo, que gestiona un total de 550 kilómetros de autopistas en el Norte del país.

En su comunicado, Itínere recuerda que las concesiones de autopistas son proyectos de larga duración, con plazos de concesión de entre veinte y cincuenta años, y que los recursos para desarrollaros se obtienen "en gran parte" de la financiación bancaria, "cuyo plazo (de entre tres y cinco años) no se corresponde con los de las concesiones". "Por ello, la refinanciación de las deudas bancarias a vencimiento es un proceso normal de este tipo de negocio", concluye.

EuropaPress.es 31/10/2013

Fomento, a las concesionarias: retirad los pleitos al Estado si queréis el rescate

Las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y las concesionarias para el rescate de las autopistas de peaje con serios problemas financieros se encuentran en una fase decisiva pero sin que, por el momento, haya acuerdo. Uno de los principales obstáculos es que el Gobierno ha exigido a las sociedades que retiren los pleitos que iniciaron en su día contra la Administración por entender que su actuación les había llevado a la quiebra, un extremo hasta el que algunas de las concesionarias no están dispuestas a llegar.

El Ministerio de Fomento ha exigido a las concesionarias de autopistas en grave situación financiera que retiren los pleitos que plantearon en su día contra la Administración si quieren ser incluidas en la sociedad pública que tiene previsto crear el Gobierno para articular el rescate. Este punto es uno de los que está bloqueando unas negociaciones que Moncloa desea cerrar antes incluso de que finalice el presente mes, aunque las posturas no parecen los suficientemente cercanas.

En su día, la mayoría de las concesionarias que actualmente se encuentran en concurso de acreedores reclamaron en los juzgados que se les restituyera el equilibrio económico-financiero por considerar que concurrían algunas de las circunstancias previstas en los pliegos de condiciones, a saber:una catástrofe natural, una actuación de la Administración o una circunstancia imprevista.

Sin embargo, Fomento les ha trasladado que deberán olvidarse de la reclamación a la Justicia si aceptan formar parte de la nueva sociedad pública de autopistas, en la que las concesionarias tendrán una participación del 20% a cambio de ceder los activos a la empresa.

Una circunstancia que algunas de las concesionarias no están dispuestas a aceptar, incluso aunque decidieran acatar el formato propuesto por el Gobierno para la sociedad de nueva creación.

Fuentes jurídicas señalaron a Vozpóuli que las reclamaciones presentadas en su día por las concesionarias para restablecer el equilibrio económico financiero están fundamentadas en la consecución de actuaciones del Estado posteriores a la licitación y que, por lo tanto, entran en los supuestos contemplados.

Por ejemplo, cuando se licitó la M-12, el acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, no había otra vía para llegar a la T4 pero poco después, el Estado articuló una alternativa gratuita.

También es significativo el caso de la AP-41 (Madrid-Toledo), que no tenía sentido por sí misma porque no acorta el recorrido de la autovía gratuita pero en cuyo pliego se especificaba la posterior licitación de otros dos tramos para extender la autovía de peaje hasta Córdoba. Sin embargo, los mencionados tramos nunca vieron la luz, lo que hacía del todo inviable la AP-41.

No obstante, las grandes constructoras, principales accionistas de las concesionarias implicadas, no han logrado articular una postura conjunta. Seopan, la patronal que las agrupa, celebró ayer un encuentro, al margen de su junta directiva, para tratar el asunto del rescate de las autopistas de peaje en la que quedó de manifiesto la dificultad de llegar a un punto de acuerdo.

“Hay muchos intereses y cada compañía está en una situación diferente. Fomento podría poner de acuerdo, no sin esfuerzo, a tres o a cuatro grupos, pero hay más de veinte accionistas involucrados en este proceso”, indica una fuente del sector.

La cantidad ofrecida por Fomento en concepto de compensación por los sobrecostes de expropiaciones también divide a los involucrados. El Gobierno propone una pequeña quita sobre la cantidad inicial a cobrar (en torno a los 375 millones de euros) pero, a cambio, asegura su cobro en un año y no en seis como estaba previsto. 

Voz Pópuli.com 31/10/2013