La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha animado hoy a la oposición a que presenten por escrito sus propuestas para resolver un problema tan grave como es el de las autopistas de peaje.
Durante una interpelación presentada por el PSOE, la titular del departamento, ha asegurado que la solución que baraja el Ejecutivo para garantizar la viabilidad de las autopistas de peaje en quiebra busca no poner dinero público, que las vías puedan seguir funcionando y que los ingresos de las concesionarias sean capaces de atender los intereses de la deuda.
En este sentido, ha insistido en que el Gobierno trabaja para que la decisión que se tome no cueste ni un euro a los ciudadanos y para que el Estado no tenga que poner 3.000 ó 5.000 millones de euros, por lo que ha apelado a la responsabilidad de todos.
Pastor ha asegurado que los primeros problemas de las 8 concesionarias de autopistas de peaje que se encuentran ahora inmersas en procesos concursales empezaron en 2004, cuando se disparó el coste de los terrenos expropiados, que en el caso del entorno de Madrid llegó a los 76 euros el m2 cuando su valor real era de 3 euros.
Asimismo, ha indicado que los sobrecostes en expropiaciones han pasado de 400 millones a los 2.300 millones de euros actuales y ha acusado al PSOE de no haber adoptado medidas para limitar el incremento de las valoraciones como, por ejemplo, solicitar la declaración de lesividad.
Además, ha asegurado que los préstamos participativos y las cuentas de compensación abonadas por el PSOE llevaban consigo autorizar modificaciones contractuales que elevaron los peajes y los plazos concesionales, algo que pagaron todos los españoles como en el caso de la R-2, cuya concesión se amplió en 14 años y la tarifa anual se incrementó el 1,95 %.
Así, los préstamos participativos alcanzaron 483,01 millones de euros, mientras que las cuentas de compensación superaban los 80 millones de euros.
Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, ha asegurado que cubrir con recursos públicos la quiebra de algunas concesionarias privadas de autopistas en el marco de la crisis económica no es aceptable.
Simancas ha agregado que muchas de estas carreteras partían de ningún sitio, conducían directamente al atasco, se planificaron con previsiones de tráfico "fantasiosas" y mal calculadas y tenían que hacer frente a un coste de expropiación "disparatado".
Durante su intervención, ha subrayado que con este dinero se podría sacar de la pobreza a 700.000 familias o crear 180.000 puestos de trabajo, al tiempo que ha asegurado que no se pueda admitir que cuando hay beneficios se lo quede la concesionaria y cuando haya pérdidas las asuman todos los españoles, por lo que ha abogado por una reconversión empresarial del sector o por acudir a los tribunales.
La Información.com 09/04/2014
Durante una interpelación presentada por el PSOE, la titular del departamento, ha asegurado que la solución que baraja el Ejecutivo para garantizar la viabilidad de las autopistas de peaje en quiebra busca no poner dinero público, que las vías puedan seguir funcionando y que los ingresos de las concesionarias sean capaces de atender los intereses de la deuda.
En este sentido, ha insistido en que el Gobierno trabaja para que la decisión que se tome no cueste ni un euro a los ciudadanos y para que el Estado no tenga que poner 3.000 ó 5.000 millones de euros, por lo que ha apelado a la responsabilidad de todos.
Pastor ha asegurado que los primeros problemas de las 8 concesionarias de autopistas de peaje que se encuentran ahora inmersas en procesos concursales empezaron en 2004, cuando se disparó el coste de los terrenos expropiados, que en el caso del entorno de Madrid llegó a los 76 euros el m2 cuando su valor real era de 3 euros.
Asimismo, ha indicado que los sobrecostes en expropiaciones han pasado de 400 millones a los 2.300 millones de euros actuales y ha acusado al PSOE de no haber adoptado medidas para limitar el incremento de las valoraciones como, por ejemplo, solicitar la declaración de lesividad.
Además, ha asegurado que los préstamos participativos y las cuentas de compensación abonadas por el PSOE llevaban consigo autorizar modificaciones contractuales que elevaron los peajes y los plazos concesionales, algo que pagaron todos los españoles como en el caso de la R-2, cuya concesión se amplió en 14 años y la tarifa anual se incrementó el 1,95 %.
Así, los préstamos participativos alcanzaron 483,01 millones de euros, mientras que las cuentas de compensación superaban los 80 millones de euros.
Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, ha asegurado que cubrir con recursos públicos la quiebra de algunas concesionarias privadas de autopistas en el marco de la crisis económica no es aceptable.
Simancas ha agregado que muchas de estas carreteras partían de ningún sitio, conducían directamente al atasco, se planificaron con previsiones de tráfico "fantasiosas" y mal calculadas y tenían que hacer frente a un coste de expropiación "disparatado".
Durante su intervención, ha subrayado que con este dinero se podría sacar de la pobreza a 700.000 familias o crear 180.000 puestos de trabajo, al tiempo que ha asegurado que no se pueda admitir que cuando hay beneficios se lo quede la concesionaria y cuando haya pérdidas las asuman todos los españoles, por lo que ha abogado por una reconversión empresarial del sector o por acudir a los tribunales.
La Información.com 09/04/2014
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