“El gobierno va a rescatar autopistas sin coches para que viajemos más rápidamente hacia a aeropuertos sin pasajeros”. Este mensaje aparecido en redes sociales hace unos días sintetiza de manera perfecta el fraude del “rescate” a las empresas concesionarias de autopistas y en general a todo un modelo pervertido de negocio que domina y corrompe nuestra economía.
Como sabemos estas autopistas objeto de “rescate” carecen de un nivel mínimo de tráfico que las hagan viables financieramente y se encuentran por ello inmersas en procedimientos concursales. Tras la burbuja del ladrillo, la del asfalto. Un ejemplo de decisiones descerebradas basadas en un modelo caciquil.
Este problema viene de lejos. Ya en la legislatura pasada se crearon las llamadas “cuentas de compensación” por las que el entonces Ministerio de Fomento cubría la diferencia entre los ingresos reales y los que previsiblemente se obtendrían con el cumplimiento del 80% de tráfico. Este plazo era de tres años. Hace menos de uno, tanto las concesionarias como los bancos pidieron y obtuvieron de Ana Pastor, actual ministra de fomento, una prórroga hasta 2021. ¿Le suena al timo del déficit de tarifa eléctrica, verdad?
Ante la insuficiencia de la medida, gobierno, empresas y banca acordaron a finales de marzo de este año crear un peculiar “FROB” para rescatar estas empresas concesionarias, que refinanciaría los 4.000 millones de euros de deuda pertenecientes sobre todo a las Radiales de Madrid, y cuyo mayor acreedor es prácticamente todo el sistema financiero, incluida la banca foránea. Con esta “nacionalización” las entidades de crédito serían las acreedoras de esa futura empresa pública de autopistas. Por su parte, las empresas concesionarias de las autopistas pertenecen en gran parte a Ferrovial, Sacyr, OHL, ACS, Acciona, Abertis… Es decir, pesos pesados del IBEX.
Tales empresas concesionarias tienen por objetivo la construcción y explotación de las autopistas. Pertenecen como hemos visto al mismo grupo que las grandes empresas constructoras y es con éstas, como no podía ser de otro modo, con quienes contratan la construcción de la autopista. Toda esta trama lo que aboca es a un endeudamiento sin criterio y un descontrol en los costes cuyo resultado final es el enriquecimiento de la empresa matriz, la gran constructora a costa de la concesionaria. Si ésta no puede pagar luego sus créditos, es su problema y el de los bancos… Ah, y del Estado.
Y aquí fíjense hasta qué punto las normas se dictan como un reflejo de unos intereses muy concretos. La ley de Contratos del Sector Público establece la responsabilidad patrimonial del Estado como una garantía para la empresa concesionaria en caso de una resolución anticipada del contrato. Este “aval” fue empleado por tales concesionarias como “prenda” para solicitar financiación y ahora es la banca la titular de dicha garantía y con la que amenaza al Estado. El problema se agravó tras la aprobación del reciente Real Decreto Ley 1/2014, en el que Estado rebajó esa responsabilidad patrimonial. La solución a la madeja: nacionalizar.
Así las cosas, esta nueva muestra de desvarío no sólo pone de manifiesto el poder que tienen bancos y empresas constructoras, sino cómo el modelo de “negocio” que ha imperado se mantiene intacto respecto al que existía antes de la crisis. Ni purga ni escarmiento, como vemos a continuación.
De las 35 empresas que actualmente forman el IBEX 35, siete se dedican a la construcción: Abertis, Acciona, Grupo ACS, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, OHL, Sacyr; y otras siete a servicios bancarios: Popular, Santander, Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank. Su peso en el IBEX es del 7,64% y 38,44% respectivamente. En total un 46,08%. Es decir, casi el 50% de la capitalización total de los valores del índice, 430.932 millones de euros (datos a 31 de diciembre de 2013), pertenece a dos actividades muy específicos: construir y financiar. No es de extrañar que se produjera una burbuja. Lo que llama la atención es que semejante modelo siga mantenido hasta hoy su peso en nuestra economía.
Todas las decisiones políticas se han decantado por salvar estos sectores de actividad a costa de recortes salariales o sociales, y de machacar, vía deficiente financiación, a otros sectores económicos saludables. El peso de estas empresas se traduce en peso político. De aquellos polvos estos lodos. No resulta difícil para la casta de señoritos “emprender” en España, sabiendo que al final van a pagar los de siempre.
Crónica de Aragón.es 14/04/2014
Como sabemos estas autopistas objeto de “rescate” carecen de un nivel mínimo de tráfico que las hagan viables financieramente y se encuentran por ello inmersas en procedimientos concursales. Tras la burbuja del ladrillo, la del asfalto. Un ejemplo de decisiones descerebradas basadas en un modelo caciquil.
Este problema viene de lejos. Ya en la legislatura pasada se crearon las llamadas “cuentas de compensación” por las que el entonces Ministerio de Fomento cubría la diferencia entre los ingresos reales y los que previsiblemente se obtendrían con el cumplimiento del 80% de tráfico. Este plazo era de tres años. Hace menos de uno, tanto las concesionarias como los bancos pidieron y obtuvieron de Ana Pastor, actual ministra de fomento, una prórroga hasta 2021. ¿Le suena al timo del déficit de tarifa eléctrica, verdad?
Ante la insuficiencia de la medida, gobierno, empresas y banca acordaron a finales de marzo de este año crear un peculiar “FROB” para rescatar estas empresas concesionarias, que refinanciaría los 4.000 millones de euros de deuda pertenecientes sobre todo a las Radiales de Madrid, y cuyo mayor acreedor es prácticamente todo el sistema financiero, incluida la banca foránea. Con esta “nacionalización” las entidades de crédito serían las acreedoras de esa futura empresa pública de autopistas. Por su parte, las empresas concesionarias de las autopistas pertenecen en gran parte a Ferrovial, Sacyr, OHL, ACS, Acciona, Abertis… Es decir, pesos pesados del IBEX.
Tales empresas concesionarias tienen por objetivo la construcción y explotación de las autopistas. Pertenecen como hemos visto al mismo grupo que las grandes empresas constructoras y es con éstas, como no podía ser de otro modo, con quienes contratan la construcción de la autopista. Toda esta trama lo que aboca es a un endeudamiento sin criterio y un descontrol en los costes cuyo resultado final es el enriquecimiento de la empresa matriz, la gran constructora a costa de la concesionaria. Si ésta no puede pagar luego sus créditos, es su problema y el de los bancos… Ah, y del Estado.
Y aquí fíjense hasta qué punto las normas se dictan como un reflejo de unos intereses muy concretos. La ley de Contratos del Sector Público establece la responsabilidad patrimonial del Estado como una garantía para la empresa concesionaria en caso de una resolución anticipada del contrato. Este “aval” fue empleado por tales concesionarias como “prenda” para solicitar financiación y ahora es la banca la titular de dicha garantía y con la que amenaza al Estado. El problema se agravó tras la aprobación del reciente Real Decreto Ley 1/2014, en el que Estado rebajó esa responsabilidad patrimonial. La solución a la madeja: nacionalizar.
Así las cosas, esta nueva muestra de desvarío no sólo pone de manifiesto el poder que tienen bancos y empresas constructoras, sino cómo el modelo de “negocio” que ha imperado se mantiene intacto respecto al que existía antes de la crisis. Ni purga ni escarmiento, como vemos a continuación.
De las 35 empresas que actualmente forman el IBEX 35, siete se dedican a la construcción: Abertis, Acciona, Grupo ACS, Fomento de Construcciones y Contratas, Ferrovial, OHL, Sacyr; y otras siete a servicios bancarios: Popular, Santander, Sabadell, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank. Su peso en el IBEX es del 7,64% y 38,44% respectivamente. En total un 46,08%. Es decir, casi el 50% de la capitalización total de los valores del índice, 430.932 millones de euros (datos a 31 de diciembre de 2013), pertenece a dos actividades muy específicos: construir y financiar. No es de extrañar que se produjera una burbuja. Lo que llama la atención es que semejante modelo siga mantenido hasta hoy su peso en nuestra economía.
Todas las decisiones políticas se han decantado por salvar estos sectores de actividad a costa de recortes salariales o sociales, y de machacar, vía deficiente financiación, a otros sectores económicos saludables. El peso de estas empresas se traduce en peso político. De aquellos polvos estos lodos. No resulta difícil para la casta de señoritos “emprender” en España, sabiendo que al final van a pagar los de siempre.
Crónica de Aragón.es 14/04/2014
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