Alvarez de Sotomayor, Zamora, Madariaga, Ramallo, Carretero, Miñano, Mena, Oller, Lozano. . . y así hasta 326 propietarios cuyos apellidos rezan en el BOE desde el 1 de septiembre de 2004
Fue la fecha en la que la Demarcación de Carretera convocó el levantamiento de actas previas de ocupación de bienes y derechos afectados por las obras de la autopista Vera Cartagena, esa vía que iba a cambiar la faz del Levante almeriense y la Costa Cálida.
Desde entonces, la inmensa mayoría de esa nómina de almerienses sigue sin cobrar el dinero de esa expropiación forzosa por parte de la concesionaria Aucosta. Diez años en el dique seco, algunos con contenciosos pendientes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con una cuantía global estimada, según el abogado Pedro Fernández Balastegui, en más de 20 millones de euros.
En este macropleito están implicados 162 vecinos de Cuevas del Almanzora, 84 de Antas, 52 de Pulpí y 28 de Vera. Uno de ellos es Francisco Carretero Giménez, de Vera, que el 20 de septiembre de 2004 acudió a su Ayuntamiento para firmar el acta de ocupación forzosa con los planos de su finca, 38.000 metros de suelo urbanizable calificado desde cuatro años antes como industrial comercial. “Me pagaron 2 euros por metro (a otros propietarios 0,40%) como depósito previo que no quise ni coger, me fuí al Jurado de Expropiación y dictaminó que la concesionaria me tenía que compensar con 28 euros el metro y desde entonces estoy esperando, después contraté un abogado y tuve que presentar recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y hasta ahora que calculo que me deben casi un millón de euros”.
Ahora, con el anuncio del Ministerio de Fomento para rescatar, junto a otras, esta autopista en quiebra técnica, los expropiados han reforzado sus protestas para que el Estado asuma su responsabilidad patrimonial subsidiaria y pague a los afectados. “Estamos dispuestos a embargarle el sueldo a Rajoy, si es preciso”.
El letrado Fernández Balastegui, que lleva el caso a varias decenas de expropiados, reconoce que “la situación está bloqueada, es miserable lo que se está haciendo, algunos de estos propietarios se han muerto y no han podido disfrutar de un dinero que les pertenecía".
Responsable patrimonial Mientras tanto corren intereses y lucro cesante, en el caso de que se dé la razón a los expropiados que podría multiplicar las indemnizaciones.
El problema, según Fernández, es la falta de previsión de la concesionaria a la hora de cuantificar el presupuesto de expropiaciones. Solo el 4% del coste total de la obra (650 millones) de 112 kilómetros se presupuestó para las expropiaciones de la provincia de Almería y de Murcia, menos incluso que el coste del proyecto.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, sin embargo, expresaba el pasado julio que “la obra se ejecutó con sobrecostes en las expropiaciones, eso se ha llevado mal, se tenía que haber recurrido en todos los casos”.
Fernández Balastegui precisa que “a pesar de que la concesionaria entró en concurso voluntario de acreedores, los expropiados no pueden entrar en este grupo, es el Estado el que tiene que asumir su responsabilidad patrimonial con los afectados, como se ha dictaminado en sentencia para la autopista de Madrid a Toledo”.
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