lunes, 11 de julio de 2016

Despedida y cierre

Si sois lectores habituales de este blog, habréis notado que las últimas semanas no ha habido post diarios y que muchas noticias se han quedado sin divulgar.

Creemos que parte de nuestro objetivo ya ha quedado plasmado a lo largo de estos casi cuatro años. Objetivos que han sido primero demostrar que una nueva carretera-autopista/autovía radial que sea alternativa a la A-1 no es solo no práctica, sino que tampoco lo es económica ni medioambientalmente hablando, y que a la larga ocasionará un perjucio a la población como hemos demostrado informando y llevando un seguimiento del resto de las radiales de Madrid y otras autopistas que fueron construidas durante la burbuja inmobiliaria de la época de Áznar.

Por otro lado, también hemos tratado de llamar la atención sobre como al final la concesión de vias de comunicación terrestre afecta a la población, viendo como miles de personas al final ven mermadas sus opciones de movilidad.

Hemos querido hacer un llamamiento a las administraciones en cuanto a fomentar una política de movilidad más humana, mejor pensada y más amable con el medio ambiente.

Pero, sobre todo, hemos querido que el lector se dé cuenta de que las infraestructuras son parte de nuestra vida y que los políticos las han considerado siempre como una estrella de sus programas electorales y que, desgraciadamente, luego o no se llevan a cabo o si se llevan, en la mayoría de los casos no son proyectadas para largo plazo, siendo al final una carga más al ciudadano.

Nos despedimos con la satisfacción de haber querido ser un blog de opinión; de una opinión más, obviamente, pero siempre sujetos y respaldados con argumentos sólidos.

Sin más, ¡Hasta la vista!

jueves, 7 de julio de 2016

Fomento vuelve a tender la mano a las autopistas quebradas, entre ellas la de Ocaña-La Roda

Ana Pastor

La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha vuelto a tender la mano a las ocho autopistas de peaje en quiebra para poder llegar a acuerdo sobre el plan de rescate propuesto por el Gobierno. Las ocho vías quebradas son las cuatro radiales de Madrid, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo.


Pastor recordó que el plan pasa por integrar las vías en una empresa pública tras aplicar una quita del 50% a la deuda de unos 3.200 millones de euros que soportan y convertir el resto de pasivo en un bono con una retribución garantizada del 1%.



"Ahí seguimos y en este momento de mayor solvencia de las empresas, creo que podemos llegar a un acuerdo y que puede ser muy bueno para España", aseguró Pastor durante su intervención en un encuentro sobre infraestructuras de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).



La titular de Fomento se refirió así a la recuperación del tráfico que presentan estas autopistas, que registró un aumento del 6,2% en el primer cuatrimestre del año, cuando contabilizaron una media de 6.430 vehículos al día, según datos oficiales del Ministerio.



Pastor vuelve a tender la mano a las autopistas cuando tres de las ocho vías en riesgo de quiebra están ya en fase de liquidación, si bien los autos de los juzgados de lo mercantil están recurridos por el Ministerio.



Las ocho vías quebradas son las cuatro radiales de Madrid, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Eje Aeropuerto, que une Madrid y el aeropuerto de Barajas, y la Cartagena Vera.


miércoles, 6 de julio de 2016

Fomento tiende la mano a las autopistas de peaje para acordar una quita del 50%

Peaje autovias
Peaje autovias

La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha vuelto a tender la mano a las ocho autopistas de peaje en quiebra para poder llegar a acuerdo sobre el plan de rescate propuesto por el Gobierno.

Pastor re­cordó que el plan pasa por in­te­grar las vías en una em­presa pú­blica tras aplicar una quita del 50% a la deuda de unos 3.200 mi­llones de euros que so­portan y con­vertir el resto de pa­sivo en un bono con una re­tri­bu­ción ga­ran­ti­zada del 1%.

"Ahí se­guimos y en este mo­mento de mayor sol­vencia Fomento vuelve a tender la mano a las au­to­pistas de peaje para acordar una quita del 50% sol­vencia de las em­pre­sas, creo que po­demos llegar a un acuerdo y que puede ser muy bueno para España", ase­guró Pastor du­rante su in­ter­ven­ción en un en­cuentro sobre in­fra­es­truc­turas de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La ti­tular de Fomento se re­firió así a la re­cu­pe­ra­ción del trá­fico que pre­sentan estas au­to­pis­tas, que re­gistró un au­mento del 6,2% en el primer cua­tri­mestre del año, cuando con­ta­bi­li­zaron una media de 6.430 vehículos al día.

Pastor vuelve a tender la mano a las au­to­pistas cuando tres de las ocho vías en riesgo de quiebra están ya en fase de li­qui­da­ción, si bien los autos de los juz­gados de lo mer­cantil están re­cu­rridos por el Ministerio.

Las ocho vías que­bradas son las cuatro ra­diales de Madrid, la Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Eje Aeropuerto, que une Madrid y el ae­ro­puerto de Barajas, y la Cartagena Vera.

Industria re­co­noce a las grandes eléc­tricas 26 mi­llones por la re­vi­sión del margen de co­mer­cia­li­za­ción

miércoles, 22 de junio de 2016


Un camión circula por la autopista de peaje Sevilla-Cádiz. :: sur

Dos vídeos en redes sociales en los que unos conductores supuestamente se niegan a pagar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, AP-4, lo que se conoce como un 'simpa', ha llevado no sólo a parodias y millares de visionados, sino a una interrogante muy directa: ¿Es posible hacerlo? Los miles de personas que cada día han de abonar 7,20 euros por cada trayecto entre las dos capitales se frotan las manos ante la posibilidad de que haya algún clavo al que agarrarse, en vistas de que el pago resulta casi obligado. La alternativa es una carretera de única vía, con alta siniestralidad, que lleva años esperando ser desdoblada, sin resultado.

No es cuestión nimia. La intensidad media diaria de tráfico en la AP-4 está en 17.504 vehículos al día, según datos de 2014, aunque en verano la cifra sube.

El enfado entre la ciudadanía que debe someterse a esta servidumbre ha ido en aumento. Las protestas han sido constantes para pedir su eliminación, las últimas de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que ha considerado el peaje una gran desventaja competitiva, mientras las poblaciones de la antigua carretera, como Los Palacios, demandan constantemente la obra prometida.

A pesar de que la ley establece que los peajes deben tener trayectos alternativos en régimen de autovía este no es el caso, y la flagrante contradicción se ha mantenido desafiando la norma, durante años. El proyecto de desdoble se mueve lentamente a golpe de convocatoria electoral y los últimos pasos en este sentido han hecho temer que el Gobierno se propusiera prolongar aún más la concesión de la autopista, que debe acabar en 2019.

Fuentes consultadas confirman que pagar, hay que pagar, o se expone el 'simpa' a una multa de 100 euros. No hay argumentos que rebajen esta norma, ni siquiera que la empresa constructora tiene más que amortizada la inversión, culminada hace 43 años.

La concesionaria, la empresa Abertis, antes Aumar, ha confirmado que se han dado estos 'simpa', aunque los califica de 'esporádicos' e intenta restarle importancia. Los trabajadores de la empresa han levantado la barrera a quienes se negaron a pagar y no consta que haya denuncias ni medidas de especial control. Tampoco quiere indicar una cifra de casos registrados, fechas o incidencias. Otra cosa es que los protagonistas de los vídeos en cuestión sean quienes han conseguido el objetivo.

De momento habrá que seguir rascándose el bolsillo hasta 2019, si se cumple lo comprometido por la ministra Ana Pastor. Es la fecha en la que acaba la última concesión. Las prórrogas anteriores del peaje se produjeron en 1977, 1986 y 1997.

Desde 2005 la Junta de Andalucía llegó a un acuerdo con la empresa, entonces Aumar, para eliminar el primero de los dos peajes que existían hasta entonces, situado en Jerez de la Frontera, a cambio de abonarlo el propio Gobierno autonómico. La Junta ha pagado desde entonces a la concesionaria Consejería de Fomento y Vivienda hablan de 126,5 millones hasta 2019 una cifra que «se va abonando anualmente», dice el departamento.

Ahora, la citada Consejería, además de esperar que en efecto la concesión no vuelva a prorrogarse, quiere un 'Plan B' entre tanto. El departamento que dirige Felipe López valora que se trata de la única autopista entre dos capitales andaluzas que se hace bajo un sistema de pago que tiene ya más de 43 años de historia, por lo que la infraestructura está sobradamente amortizada. La autopista AP-4 es una vía fundamental y la más directa para conectar por carretera la Bahía de Cádiz con Sevilla.

La Consejería ha trasladado al Ministerio la necesidad de liberar el peaje en todo el recorrido y «le ha exigido que haga un esfuerzo económico simétrico al que hace la Junta con la liberación del tramo entre Jerez y Cádiz, una iniciativa única en el territorio nacional que ha llevado al Gobierno andaluz a comprometerse en aliviar la carga económica que supone este peaje para los usuarios pese a no tener competencias en este tipo de carreteras».

Así, López sostiene que es «conveniente y prioritario el levantamiento de este peaje antes incluso que la inversión destinada al desdoblamiento de la N-IV, proyecto que también apoya y comparte la Junta de Andalucía».

El consejero considera que o lógico sería dejar la nacional como carretera convencional y la autopista como vía libre de gran capacidad . Además, a tenor de los recursos presupuestarios disponibles, el desdoble completo no estaría finalizado antes de 2020, por lo que se hace necesario eliminar el peaje.

Las autopistas 'condenadas' sólo captan el 27% del tráfico previsto


Si algo puede salvar a las autopistas R3 y R5, las primeras radiales condenadas a la liquidación de una decena en toda España, no será el tráfico. Casi doce años después de la inauguración de ambas, el número de vehículos que circula por ellas ha aumentado notablemente en los dos últimos ejercicios, pero no lo suficiente como para hacerlas sostenibles. Y es que, para alcanzar la previsión de tráfico que justificó su construcción, el número de automóviles que se mueven por ellas debería multiplicarse por cuatro.
Este será uno de los asuntos que tendrá que resolver con más urgencia el próximo ministro de Fomento después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 haya puesto fecha a la liquidación y cierre de la R3 (Madrid-Arganda) y la R5 (Madrid-Navalcarnero) si el Gobierno no asume la gestión de las vías: el día 1 de octubre.
Estas radiales se inauguraron en febrero de 2004 con el objetivo de descongestionar las salidas y entradas a la capital. Sin embargo, el desplome del tráfico que ambas autopistas han registrado durante la crisis, el coste de las expropiaciones y algunas ampliaciones de obras llevaron hace dos años a la concesarionaria, Accesos de Madrid -participada por Abertis, Sacyr y ACS-, a entrar en concurso de acreedores.
Accesos de Madrid llegó incluso a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la falta de tráfico en estas dos autopistas de peaje, aunque sin éxito. Pero, lo cierto, es que las previsiones sobre el volumen de vehículos que absorberían la R3 y R5 eran demasiado optimistas: 70.000 automóviles diarios. En la actualidad, y con el tráfico creciendo tras los años de la crisis, los vehículos diarios que circulan por ambas vías suman 19.001.
Esto quiere decir que las autopistas condenadas a su cierre sólo captan el 27,17% del volumen de tráfico previsto en un principio. Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, en marzo de este año, la Intensidad Media Diaria (IMD) en la Radial 3 fue de 11.250 vehículos, mientras que en la Radial 5 ascendió a 7.751. En resumen, para alcanzar las cifras iniciales, habría que multiplicar casi por cuatro el volumen de tráfico actual.
Pese a esta disparidad de cifras, el Tribunal Supremo resolvió el recurso de Accesos de Madrid asegurando que la falta de tráfico no pueda considerarse «un riesgo imprevisible» como para modificar los contratos de concesión de autopistas de peaje que esta empresa exigía al Gobierno.
Hasta el año 2007, al comienzo de la crisis económica, la circulación por ambas radiales crecía año tras año, pero a partir de 2008 los datos entraron en caída libre. El peor año fue 2012, cuando el tráfico de la R3 cayó en un -16,8% y el de la R5, en un -19,8% en vehículos no pesados. En 2015, los números ya fueron positivos y la IMD arrojó cifras en negro: un incremento del 10,3% en la R5 y de un 12% en la R3 en vehículos no pesados. Cifras, en cualquier caso, muy lejanas a las optimistas previsiones.
El Ministerio de Fomento ha recurrido ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 6 de iniciar de oficio la fase de liquidación de las autopistas R3, R5 y la circunvalación de Alicante. Fuentes del ministerio explicaron que este magistrado «no tiene competencias» para iniciar este procedimiento y que este recurso «paraliza» la orden de cierre de estas radiales.
Junto a Accesos de Madrid, hay otras siete sociedades concesionarias inmersas en procesos concursales que gestionan nueve autopistas: R2, R3, R4, R5, la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Alicante y Cartagena; aunque sólo en el caso de la R3 y R5 y la autopista de Alicante se ha llegado a una resolución judicial de cierre.
Durante la legislatura, el Gobierno ha intentado cerrar un acuerdo sobre el plan de rescate con las concesionarias, aunque nunca ha prosperado y las negociaciones están en punto muerto. El plan, aún vigente para Fomento, pasa por que el Estado asuma las autopistas tras aplicar una quita del 50% en la deuda de unos 3.200 millones que alcanzan.

martes, 21 de junio de 2016

La plataforma contra el peaje en A-8 rechaza la nueva tarifa anual de 30 euros para los vizcaínos

Representantes de la plataforma A-8 Peajerik Ez, contraria al pago por el uso del tramo vizcaíno de esta autopista, han expresado hoy su rechazo a la nueva tarifa de 30 euros mensuales aprobada por la Diputación foral para tres vías de este territorio y han dicho que emprenderán nuevas movilizaciones.

La Diputación foral de Bizkaia anunció ayer que los conductores vizcaínos pagarán un máximo de 30 euros al mes a partir del 1 de enero de 2017 por usar las tres vías de peaje dependientes de la institución: la AP-8, la Supersur y los túneles de Artxanda.

En declaraciones a Efe, representantes de la plataforma A-8 Peajerik Ez han mostrado su oposición a esta tarifa, de la que han asegurado que "no es plana", ya que la Diputación foral limitará el número de viajes.

También han afirmado que responde al hecho de que los responsables forales se han puesto "nerviosos" ante las movilizaciones realizadas por esta plataforma, que ha llegado a recurrir al Ararteko para pedir la eliminación del pago por el uso de este vial.

Responsables de esta plataforma han anunciado que la próxima semana prevén organizar una nueva caravana para reclamar la gratuidad de esta autopista en Bizkaia.

La plataforma reunirá a sus miembros a las siete de esta tarde para consensuar su respuesta a la iniciativa de la Diputación foral.

La Generalitat plantea el pago diferido a las concesionarias para rescatar los peajes


La Generalitat plantea el pago diferido a las concesionarias para rescatar los peajes
PREMIA DE MAR / Peatge de la C32 a Premia de Mar. (.)
Una nueva interpelación parlamentaria al conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, por parte del grupo parlamentario del PSC, aportó más detalles al anuncio de la Generalitat de liberar de peajes las vías rápidas catalanas a partir del 2021.

A preguntas del diputado Jordi Terrades (PSC) el conseller ratificó la apuesta de no prolongar las concesiones “si disponemos de capacidad para tomar decisiones” en cinco años, tiempo que queda para “estudiar como lo han hecho otros países” y al mismo tiempo “aprovisionar recursos” por si procediera el pago diferido a las concesionarias -como en la modalidad de tráfico inducido que se aplicará a la prolongación de la C-32 hasta Blanes y Lloret- si no genera suficiente tráfico para saldar el coste de la obra. “En Catalunya hay muchos peajes a la sombra –aseguró Rull- y por ello consideramos razonable hacerlo así”.

En cambio, en una visita al Maresme, la portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, mostró abiertamente sus dudas sobre el anuncio de la Generalitat y aventuró la posibilidad de “pagar con un peaje oculto que salga de nuestros impuestos”. Garantizó en cambio la gratuidad de la AP-7 y confirmó que el tramo entre Tarragona y Valencia quedará libre de peaje en el 2019, mientras que el de Montmeló hasta la frontera francesa los será en el 2021.

lunes, 20 de junio de 2016

Los vizcainos pagarán un tope de 30 euros al mes por usar las tres vías de peaje


El nuevo sistema unificará el sistema de descuentos, ayudas y subvenciones de las tres infraestructuras, que hasta ahora contaban con un tratamiento diferenciado. 

A partir del 1 de enero del próximo año, cuando la Diputación quiere que entre en vigor el nuevo sistema, un usuario abonará las tarifas normales cuando pase por los peajes de la AP-8, de la Variante Sur Metropolitana (VSM), conocida como Supersur, y por los túneles de Artxanda, aunque, cuando llegue a los 30 euros mensuales, ya no deberá pagar más. 

Rementeria ha precisado que de este sistema queda fuera la autopista AP-68, de titularidad estatal. El diputado general ha aprovechado para "exigir" la transferencia de esta vía. 

Ha subrayado que el tope de 30 euros al mes por el uso de las tres vías de peaje supone "un tres en uno bueno para los vizcaínos y bueno para la igualdad de oportunidades y para la cohesión territorial en Bizkaia". 

El diputado general ha asegurado que este sistema "no penaliza al usuario ocasional, que podrá seguir beneficiándose de subvenciones en función del número de viajes que realice, y beneficia a las personas usuarias habituales sin desincentivar el uso del transporte público". 

Tras señalar que "uso sí, pero abuso no", Rementeria ha adelantado que, junto al máximo de 30 euros al mes, se establecerá un límite de viajes mensual, aún no determinado por la Diputación, para evitar el fraude, de forma que el usuario que sobrepase ese máximo de viajes deberá abonar la tarifa íntegra. 

Estas medidas se dirigen a vehículos ligeros particulares de personas residentes en Bizkaia, pero la Diputación también aplicará cambios en el sistema para ofrecer ventajas a los profesionales con vehículos pesados. 

De esta forma, el descuento del 13 por ciento que ya se aplica en la VSM se extenderá al tramo vizcaíno de la autopista AP-8 a todos los camiones que transiten por ese tramo con origen o destino Gipuzkoa y que usen la Supersur. 

La Diputación mantendrá los descuentos para los vehículos ligeros particulares de usuarios habituales: el 35 % de subvención para quienes hagan entre 11 y 25 viajes y del 45 % para los conductores que efectúen al menos 26 viajes. A primeros de mes, la administración foral reintegra la subvención correspondiente a cada usuario. 

Rementeria ha explicado que la implantación del nuevo sistema integral de peajes tendrá un coste de 3,3 millones de euros para las arcas forales, calculando que los usuarios potenciales serían 24.800 al mes. 

Para acceder al sistema será indispensable ser una persona física (no empresa) empadronada en Bizkaia y solicitarlo, así como ser titular de un dispositivo de telepeaje (OBE) asociado a un vehículo determinado a través de la matrícula. 

Para evitar abusos con el nuevo sistema, la Diputación instalará cámaras en todos los puntos de peaje que leerán las matrículas y comprobarán los datos. 

Será necesarios 6 meses de trabajo y una inversión cercana a 750.000 euros para poner en marcha las necesidades técnicas del nuevo sistema, como la instalación de las cámaras y la habilitación de una plataforma online para que los usuarios puedan consultar el gasto que van realizando. 

La Diputación ha decidido implantar este sistema tras llevar a cabo un estudio desde octubre de 2015 en el que ha analizado diferentes alternativas y ha estudiado los modos de peaje que se emplean en diferentes países europeos y en los territorios vecinos. 

Pradales ha remarcado que la administración foral no puede "renunciar" a los peajes porque ello "no es sostenible económicamente". 

Ha argumentado que los peajes sirven para financiar las infraestructuras asociadas a la autopista y que la gratuidad supondría que los usuarios de fuera de Bizkaia -el tráfico de paso por la AP-8 es del 60 %- no aportarían "ni un euro" por la utilización de las vías. 

La Diputación vizcaína ha explicado que mantiene conversaciones con la guipuzcoana para analizar los sistemas tarifarios en la autopista. 
El diputado foral de Desarrollo Económico ha solicitado comparecer en las Juntas Generales de Bizkaia para explicar el nuevo sistema a los grupos políticos. 

La Comunidad, condenada a pagar cinco millones por la M-45

Carretera M-45 en el kilómetro 21. CARLOS BARAJAS

La construcción de la M-45 ha resultado ser un negocio redondo para las adjudicatarias. Y es que no sólo cobran por cada coche que circula por la vía, sino que, además, ahora la Justicia les ha reconocido el derecho a que puedan compensar el exceso de tráfico de un ejercicio con otro de menor densidad para así cobrar el máximo que fija el pliego de condiciones técnicas -el contrato entre la Administración y la adjudicataria-.

La Comunidad de Madrid ha sido condenada a pagar casi cinco millones de euros a Autopista Trados 45, S.A. por no compensarle por el número de vehículos que pasaron la vía de peaje en sombra. La carretera de circunvalación se construyó hace 14 años bajo este sistema, durante la Presidencia regional de Alberto Ruiz-Gallardon.

El método en sí consiste en que la Administración adjudica a los privados la ejecución de una infraestructura y luego se le compensa mediante un canon fijo o una cifra que se estime por el uso que se dé por los usuarios. Esperanza Aguirre utilizó un método similar para construir los seis hospitales de su mandato.

En el fondo es un peaje sin más, aunque no hay casetas de cobro y las compensaciones se hacen mensual y anualmente.

En el caso de la M-45, las adjudicatarias y la Administración establecieron diferentes tramos de compensación dependiendo del volumen de vehículos que soportaba la vía, hasta llegar a un punto que, al superar la cifra máxima, la Comunidad siempre paga lo mismo, la cifra mayor.

El abono de las sentencias se autorizó en el Consejo de Gobierno del pasado 3 de mayo. La primera obliga a la Comunidad a abonar 4.287.238,52 euros; se dictó el 17 de noviembre de 2014 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La cuantía de la segunda asciende a 679.276,89 euros y obedece a una sentencia del 16 de diciembre de 2015. En ambos casos la beneficiaria es la Concesionaria Autopista Trados 45, S.A.

Desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid aseguran que la liquidación a la que hace referencia el fallo es de abril de 2011 a 2012 «en el que no se llegó a la anualidad máxima con los volúmenes de tráfico reales. En años anteriores, el derecho de cobro por tráfico real superó estas anualidades máximas», explican.

«La sentencia reconoce el carácter acumulativo del pago de las subvenciones, interpretando -un apartado específico del pliego de cláusulas administrativas- que cuando existe sobrante en un año, la cantidad se va acumulando y se abona en los años en que no se alcanza el límite máximo de tráfico».

Es decir, que la adjudicataria siempre sale ganando, ya que, según el pliego, se le permite compensar los años de poco volumen de tráfico con los que supera el máximo estipulado en las condiciones de cobro. Le permite guardarse ese excedente para compensarlo en años posteriores si no llega hasta ese límite máximo.

La M-45 está dividida en tres tramos: A-2 a eje O'Donnell; eje O'Donnell a A-4 y de la A-4 a la A-5, todos construidos por privados.

domingo, 19 de junio de 2016

Carmena inicia en Chamberí la rebaja de la velocidad máxima de 50 a 30 por hora

El gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid) creará el próximo año en el distrito de Chamberí la primera gran zona 30 de la capital, en la que la velocidad máxima bajará de 50 a 30 kilómetros por hora. Su intención es extender progresivamente esta limitación a la mayoría de vías de la almendra central. Además, antes de final de este año, pondrá en marcha las Áreas de Prioridad Residencial (APR) que faltan para que todo el distrito Centro esté reservado para sus vecinos y el resto de vehículos sólo puedan circular por las grandes avenidas. De esta forma, el Ayuntamiento profundiza en las restricciones al vehículo privado impulsadas desde hace más de una década por el Partido Popular en el centro de la capital.


Según el plan de movilidad aprobado en diciembre de 2014, con Ana Botella (PP) de alcaldesa, por el 63% de las calles de Madrid pasan menos de 10.000 vehículos al día; en total sólo suman el 15% del tráfico de la ciudad. Eso permite, añadía el plan, poner en marcha iniciativas como las zonas 30 “sin provocar saturaciones”. El 37% restante de vías soporta el 85% del tráfico de la ciudad; son “carreteras urbanas”, en su mayoría de acceso a la almendra central.

Hasta ahora, la principal restricción al vehículo privado en Madrid ha consistido en la puesta en marcha de Áreas de Prioridad Residencial en el distrito Centro. Se iniciaron en 2004, con Alberto Ruiz-Gallardón (PP) de alcalde, y ahora Carmena planea completarlas antes de final de año.
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Botella dibujó además en 2014 una red de 70 kilómetros de ciclo-carriles, marcando con pintura un carril de la calzada con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora para obligar a los coches a convivir con las bicicletas. La exalcaldesa sólo hizo un carril-bici diferenciado de la calzada, en el eje de las calles Mayor y Alcalá, entre Madrid Río y O’Donnell.

Carmena, más desahogada económicamente que su predecesora, ha optado en cambio por potenciar los carriles-bici diferenciados, que si bien no tienen por qué ser mejores que los ciclo-carriles (sus usuarios no se acostumbran, por ejemplo, a convivir con los coches, y su movilidad se circunscribe a los carriles-bici), sí son preferidos por la población al percibirlos como más seguros. Antes de final de año, la concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible construirá una red de carriles-bici por las calles de Santa Engracia, Bravo Murillo, Pintor Rosales, Ferraz, Paseo de Moret, Aniceto Marinas, Puerta de Toledo, Antonio Leyva, Avenida de Oporto, Eugenia de Montijo, Avenida de los Toreros, Gran Vía de Hortaleza y Paseo de la Dirección.

En paralelo, y para impulsar el uso de la bicicleta y el transporte público, Carmena quiere restar espacio e importancia al vehículo privado en la almendra central mediante la implantación progresiva de zonas 30 en las que la velocidad máxima se reduzca de 50 a 30 kilómetros por hora. Su objetivo último es “una ciudad central con la mayoría del viario a 30 kilómetros por hora”, según avanzó Carlos Corral, subdirector municipal de Planificación de Movilidad Sostenible. Pero se pondrá en marcha en una zona del distrito de Chamberí a partir del año que viene, según su concejal, Jorge García Castaño, delimitada por los bulevares (Alberto Aguilera, Carranza y Sagasta), Santa Engracia, José Abascal, Cea Bermúdez, Isaac Peral y Princesa.


Las zonas 30 están reguladas en el reglamento de Circulación para dar prioridad a los peatones, aunque el plan municipal de movilidad de 2014 ya reconocía que, con calzadas y aceras diferenciadas, “el peatón no percibe su prioridad y simplemente se produce una disminución de la velocidad”. Según García Castaño, en este caso tampoco se integrarán calzada y aceras (como se ha hecho, por ejemplo, en el corazón de Chueca), pero sí se llevarán a cabo a partir del verano de 2017 “actuaciones flexibles de obra pública”, de acuerdo con vecinos y comerciantes, para restar espacio a la calzada, reordenar el aparcamiento y ampliar las zonas verdes. Se mejorará el transporte público, y se potenciará también el servicio de bicicletas BiciMad.

El gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid) se ha comprometido ante los ciudadanos y ante la Unión Europea (para evitar una multa por exceso de contaminación) a ampliar las Áreas de Prioridad Residencial a todo el distrito Centro antes de final de año. Así, sólo los vecinos podrán circular por la mayoría de calles de este distrito, y el resto de vehículos tendrán que limitarse a las grandes avenidas.

La Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible está estudiando aún un punto clave en el desarrollo de las APR: si gestionarlas por separado, como hasta ahora (una por barrio: Palacio-Sol, Embajadores, Cortes, Justicia y Universidad), o unificarlas en una.

Esta última opción permitiría a cualquier vecino del distrito (Centro tiene 150.000 habitantes) circular por todas sus calles, independientemente del barrio en el que viva; eso evitaría que quedara aislado en su barrio, viéndose obligado a dar grandes rodeos para llegar al vecino. Sin embargo, segregar la APR en cinco zonas permitiría respetar por su parte una de sus funciones fundamentales: que sólo los vecinos puedan circular y estacionar en su barrio.

Lo que tiene claro ya el Ayuntamiento es que a finales de año todas las zonas de Centro que aún no son APR pasarán a serlo. Eso incluye los barrios de Justicia (Chueca) y Universidad (Malasaña), y la zona de Palacio que no forma parte ya de la APR de Ópera.

El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP, 2003-2011) comenzó la implantación de las APR de forma experimental en Cortes en septiembre de 2004; un año después, extendió la restricción al resto del barrio de Las Letras. En julio de 2006 amplió la medida al barrio colindante de Embajadores. Ana Botella (PP, 2012-2015) creó la APR de Ópera en 2014, aunque no se atrevió finalmente a extenderla a todo el barrio de Palacio.

Una autopista donde el gran lujo es lo que cuesta circular por ella



Quienes cogen la autopista, la AP-9, bien sea en la comarca de Pontevedra bien sea en la de Arousa lo hacen, a menudo, por una cuestión básica en estos mundos de prisas: reducir los tiempos de viaje. ¿Lo consiguen? Casi siempre sí. Hay que tener en cuenta que si uno se mete al infierno que es la N-550 de Pontevedra a Vigo tendrá que soportar tráfico y más tráfico y cascos urbanos donde se le agotará la paciencia. Incluso quienes van de Vilagarcía a Pontevedra, o viceversa, aunque tengan que ir a coger la vía de pago a Caldas, a menudo les compensará, porque la otra opción, la carretera P0-531, es un infierno de radares, señales que prohíben ir a más de 50 o 70 y circulación intensa. Dicho esto, reconociéndole a la AP-9 el mérito que tiene para acortar los tiempos, cabe examinar qué se encuentran los conductores a pie de vial.

El viaje empieza en Carracedo, en Caldas. Es necesario entrar ahí en la AP-9 para darse cuenta de una cuestión. Algo tan simple como una señal mal colocada supone un peligro importante. Resulta que el vial que luego da acceso a la autopista no es precisamente seguro. Tiene unas curvas de aúpa y, desafortunadamente, en él ya hubo accidentes graves. En esa calzada, cualquier desmán de un conductor es una temeridad. Por eso es incomprensible que el enlace con la AP-9 no se anuncie con antelación para que los pilotos vayan poniendo el intermitente. El indicativo está justo encima del cruce. Así que es habitual que quien lo coge por primera vez frene de golpe al verlo para no pasárselo.

Luego toca circular ya por la AP-9 en dirección Vigo. El firme, aparentemente, está en condiciones aceptables. Hay algún que otro parche, pero se cuentan con los dedos de la mano. Llama la atención, eso sí, que en algunos tramos no haya valla de acero a orillas del vial. En cuanto a los cierres perimetrales, esos que, por ejemplo, evitan que la fauna acabe sobre la calzada, también permanecen en buen estado. Además, en un día cualquiera como ayer o anteayer, uno podía tomar a operarios de mantenimiento en distintos puntos cortando vegetación o realizando otras obras. Eso, positivo por lo que representa para que la vía esté en óptimas condiciones, lógicamente, tiene repercusiones para el tráfico. Anteayer mismo, en las cercanías de Pontevedra, en algunos puntos solo se podía circular por un carril, con lo cual el tránsito era más lento de lo que cabría esperar. Pese a ello, por descontado, el precio del viaje era exactamente el mismo.

Luego están los peajes. En ellos, cada vez hay menos personal. Eso, por no hablar de que, de cuando en vez, se producen colas. También habría que hablar de otros servicios. ¿Dónde se puede repostar o tomar un café de noche? Las áreas de servicio de O Salnés y San Simón, ambas a pie de la autopista, cierran. Así que ni una ni la otra sirven. Quizá haya quien piense que eso, en realidad, sería un lujo que lo hubiese. ¿Pero acaso no es de lujo pagar 3,70 euros por ir de Pontevedra hasta Vigo?

sábado, 18 de junio de 2016

Compromís se posicionará de forma tajante contra la prórroga de la AP-7 y cualquier otra vía de peaje en el Estado


El senador territorial valenciano, Carles Mulet, ha dicho hoy que Compromís y la presencia de un grupo fuerte tanto en el Congreso como en el Senado "son la garantía de que no se producirán más abusos hacia los valencianos en materias como los peajes de las autopistas como la AP-7" que, al finalizar la actual prórroga en 2019 "habremos sufrido casi medio siglo". Mulet ha recordado que un agravio de estas características es impensable en ninguna otra parte de la Península y se pregunta "cómo de grande debe ser el perjuicio que este peaje a la movilidad, economía, competitividad y nuestra seguridad nos ha causado".

Tal circunstancia se ha producido, en gran medida, por la forma en la que funcionan estas cosas entre los partidos hasta ahora hegemónicos -como AP, UCD, PP y PSOE- y las concesionarias,"a menudo grupos empresariales con vínculos financieros con estas formaciones, puertas giratorias bien engrasada y pactos que tienen lugar en el palco de estadios, caros restaurantes y con contrapartidas que sería curioso conocer", dijo Mulet. "Pero ahora los valencianos hemos dicho basta", añade Mulet "y estamos en las instituciones españolas para hacer preguntas, enmiendas a los presupuestos, pedir comparecencias o presentar aquelles mociones que sea necesario y que incomodan a aquellos que propiciaron estas prórrogas y que ya no tienen tan claras las justificaciones".

Hay en la actualidad un consenso en que "ya no se renovará nunca más la concesión de la AP-7 y pasará a ser libre y pública" pero, añade Mulet "del PP ni de ningún ministro de esta formación nos podemos fiar, por sus tentáculos, agenda oculta y extraña fiscalidad y no sería de extrañar encontrarnos acuerdos envenenados, indemnizaciones por la reversión o un subapartado de un articulado a una ley remota que impida acabar con las ideas del Gobierno Franquista en aplicación del Programa de Autopistas Nacionales Españolas (PANE), de 1967. Ya tenemos las experiencias de su nefasta gestión al frente de la Generalitat y nos tememos que cuestiones como el proyecto Castor o la AP-7 puedan terminar quedando impunes y con el dinero en el bolsillo de sus amigos, los que han hecho el gran negocio, mientras que quien acabe asumiendo las pérdidas o indemnizaciones seamos, de nuevo, los ciudadanos", ha añadido. En la misma línea, también ha afirmado que existe la posibilidad anunciada en su día por el entonces consejera Isabel Boning , de que esta autopista tuviera un " peaje en la sombra" una especie de canon pagar por parte de la administración a la empresa para que gestionas la infraestructura "cuando ya hemos pagado hasta la saciedad su coste, y cuando el mantenimiento, a pesar de lo cara nos sale, es a menudo deficitario."

Compromís ha mantenido una postura invariable a lo largo de los años en rechazo de las autopistas de peaje frente al Gobierno central "cosa que no pueden decir ni PP ni PSOE" y ha insistido en que "son las mejores variantes posibles, las obras realizadas y futuras autovías estatales más sostenibles y rápidas de construir", ha concluido.

El alcalde de Arteixo invita a evitar el pago del peaje de la AG-55

El Ministerio de Fomento decidió poner en servicio ayer el nuevo vial que da servicio al puerto exterior de punta Langosteira, en Arteixo. Lo hizo por sorpresa, sin avisar con antelación al Concello de Arteixo y a las empresas y trabajadores del área portuaria, que son los principales beneficiarios. Este hecho indignó al alcalde, Carlos Calvelo (PP), quien arremetió contra la Administración estatal por su proceder calificándolo como «enorme falta de respeto», y más teniendo en cuenta que el vial discurre íntegramente por este municipio coruñés. «A las nueve de la mañana recibimos un fax en el que nos comunicaban la apertura del vial para dos horas después. Esto es una falta de respeto institucional hacia la Administración más pequeña, que es el concello», insistió.
Se quejó también de que nada se sabe del convenio firmado recientemente entre el Ministerio de Fomento, la Xunta y Autoestradas de Galicia para abonar el peaje en sombra del tráfico portuario que conecta, de forma gratuita, con la AG-55. «Nos parece excesivamente grave que todo el tráfico del puerto no pague la autopista, pero sí lo tengan que hacer los vecinos de Arteixo». Por ello hizo un llamamiento a la insumisión y pidió a los ciudadanos que hagan boicot al pago en las cabinas de Autoestradas de Galicia: «El peaje se puede puentear, así que solicitamos a todos los vecinos o personas que tengan alguna actividad en Arteixo que conecten con el vial a Langosteira, lleguen al control portuario y den vuelta hacia su destino. Es un recorrido más largo, pero así no tendrán que pagar». De hecho, en función de dónde se coja la conexión pueden ser diez o doce kilómetros más de desplazamiento, eso sí, libre de peaje. «Yo, todos los días mientras sea alcalde, voy a coger la nueva autovía a Langosteira y nunca más, nunca más, pagaré el peaje», aseguró.
Carlos Calvelo explicó que no entiende el silencio de la Administración sobre el nuevo vial y el citado convenio: «No nos informaron de nada. De hecho, cuando pedimos explicaciones sobre esta apertura en la Demarcación de Carreteras nos dijeron que se limitaban a cumplir órdenes», indicó.


La apertura del vial a Langosteira llega con más de seis meses de retraso. De hecho, estaba previsto que se abriese al tráfico el pasado mes de diciembre, pero se pospuso para febrero; después para mayo y, finalmente, para el 1 de junio. Los responsables del Ministerio de Fomento informaban a La Voz el pasado jueves día 2 que todavía estaban en «trámite preliminar» para la firma del convenio con la Xunta y Autoestradas de Galicia para el pago del peaje en sombra, un paso previo y legal necesario proceder a la apertura del vial. «En cuanto a la fecha exacta, una vez concertada se anunciará oficialmente», indicaban sin más detalles. Sin embargo, dos días laborables después y ya metidos en precampaña electoral, procedían a abrir la carretera sin el anunciado aviso ni la esperada inauguración oficial.
Tampoco facilitaron a los medios datos del citado convenio y justificaron los continuos retrasos indicando que el vial se abrió al tráfico «cuando se ha podido hacer técnicamente» ya que hubo que hacer un modificado de 700.000 euros para adaptar un túnel a la normativa europea.
La autovía AC-15 costó en total más de 80 millones de euros, incluida la inversión para las obras y los desembolsos para las expropiaciones y la asistencia técnica. El acceso a punta Langosteira tiene en total 5,1 kilómetros de longitud y consta de tres viaductos que cruzan el valle de A Furoca, así como un túnel de 485 metros que termina justo en la explanada sur del puerto exterior.
La Voz de Galicia.es 07/06/2016

viernes, 17 de junio de 2016

Aumenta el tráfico en la autopista de peaje tras diez años en caída libre


Uno de los mejores indicadores de que la crisis empieza a dar sus últimos coletazos lo encontramos en el aumento de tráfico en la autopista de peaje entre Sevilla y Cádiz (AP-4). El flujo de vehículos en esta vía creció el pasado marzo un 17,7 % con respecto al mismo mes de 2015, lo que supone el mayor incremento interanual registrado en la última década. De hecho, el precio del peaje se redujo a primeros de este año como consecuencia del aumento de la circulación y en respuesta a las buenas expectativas que se avecinan para los próximos años.

En 2015 se congelaron las tarifas, mientras que en 2016 se han bajado cinco céntimos. Es la primera vez que se reduce el precio del peaje desde que en 2002 se puso en marcha la fórmula por la que se actualizan anualmente las tarifas de las autopistas estatales por el efecto del IPC. Se trata de una fórmula que las empresas concesionarias acordaron con el Gobierno de la nación y que ha resultado muy beneficiosa para Cádiz, después de años de leves subidas.

Según los datos de intensidad media diaria de vehículos de la AP-4 , el pasado mes de marzo circularon por esta autopista un total de 18.735 vehículos de media al día frente a los 15.916 del mismo mes en 2015. El número de vehículos que discurrieron por esta vía en el mes de marzo no era tan elevado desde 2010, si bien este dato aún está lejos de los casi 25.000 vehículos al día que recorrieron la autopista Cádiz-Sevilla en marzo de 2008.


En estos momentos, la tarifa de paso por el peaje de un turismo es de 7,20 euros, mientras que la de un vehículo pesado de primera categoría es de 12,70 euros y de 14,10, los pesados de segunda categoría. La mejora económica y la leve rebaja de las tarifas ha contribuido a un aumento de su tráfico rodado.

Por otra parte, la AP-4 será una carretera de peaje hasta 2019, fecha en la que concluirá su concesión. Esta decisión la adoptó el Gobierno del PP en 2014 y fue confirmada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, en septiembre del mismo año. De hecho, las palabras de la ministra obedecían entonces a la carta envida por la patronal de empresarios de Cádiz reclamando el final del peaje.

La historia de la autopista de Cádiz data de finales de los años sesenta y fue una de las primeras vías rápidas que se construyeron en España. La obra se adjudicó en 1969 a Bética de Autopistas a cambio de una concesión hasta 1993 . La autopista se inauguró oficialmente en marzo de 1973, aunque anteriormente, se habían abierto algunos tramos. Apenas cuatro años después, en 1977, el Gobierno de Suárez aprobó la primera prórroga de la concesión hasta 1999 .

Cuando aún faltaban 15 años para que esa concesión se cumpliera, el Gobierno del socialista Felipe González prolongó la concesión siete años más, con lo que el pago por circular por esa carretera se alargó hasta 2006. La última vuelta de tuerca se dio bajo el Gobierno del popular José María Aznar , que en 1997 aprobó que la concesión duraría mucho más tiempo, otros 13 años, es decir, hasta 2019 . La ministra Ana Pastor confirmó en 2014 su liberalización definitiva para 2019.

El TSJ de Madrid reafirma el laudo del jefe de Baker & Mckenzie en la batalla de las radiales




Abertis, a través de Iberpistas, y Bankia han perdido la batalla final de la disputa mantenida desde hace dos años contra ACS y Sacyr en su fallida huida del fiasco de las radiales R-3 y R-5. Ambas autopistas se encuentran ahora en fase de cierre y liquidación, tras el auto dictado a primeros de mayo por el juzgado mercantil número 6 de Madrid. Dicha resolución, que implicará el traspaso de ambos activos al Ministerio de Fomento, es consecuencia directa del concurso voluntario de acreedores solicitado en octubre de 2012 por la sociedad concesionaria Accesos Madrid.

Al margen del contencioso secular que los grandes contratistas de los peajes en quiebra mantienen con el Gobierno, en el caso concreto de las dos citadas radiales madrileñas se ha producido una batalla interna que ha estado a punto de socavar los cimientos del sistema de arbitraje en España. El mundo de la abogacía madrileña ha estado muy pendiente de la resolución de un conflicto que surgió a raíz del intento de Abertis y Bankia por ejercer sus opciones de venta en la sociedad Alazor Inversiones, accionista único de Accesos Madrid y compañía encargada hasta ahora de gestionar las mencionadas autopistas.

ACS y Sacyr rechazaron el planteamiento de sus dos socios mal avenidos, al entender que las peticiones respectivas de la filial de Abertis y de la Corporación Industrial Bankia no se ajustaban a los términos establecidos en el pacto de accionistas, dado el desequilibrio económico y financiero que padecía el proyecto por la acumulación de pérdidas incurridas. En otras palabras, las constructoras entendían que sus compañeros de fatigas estaban obligados a soportar el desenlace de los acontecimientos y se negaron a asumir el coste de 120 millones de euros que, en términos redondos, reclamaban los disidentes.

Las desavenencias fueron subiendo de tono, principalmente a raíz de la suspensión de pagos, y desembocaron a principios de 2013 en un procedimiento ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid que fue resuelto por un tribunal bajo la presidencia de José María Alonso Puig, antiguo socio codirector de Garrigues y máximo representante en la actualidad del despacho jurídico Baker & Mckenzie. Alonso Puig es una de las principales autoridades españolas en materia de arbitraje, pero el laudo dictado en mayo de 2014 terminó derivando en una controversia pública cuando Abertis y Bankia se negaron a aceptar la derrota inflingida a manos de ACS y Sacyr.

Los perdedores descargaron sus críticas contra el presidente del tribunalcon la interposición de sendas demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en las que solicitaban la anulación del laudo invocando entre otros motivos una supuesta falta de imparcialidad por parte de José María Alonso. Aducían a este respecto que el ahora socio director de Baker & Mckenzie fue contratado como asesor externo del consejo de administración de Corporación Llorente, la constructora vallisoletana bajo la que se agrupa un importante 'holding' empresarial con destacada presencia en los sectores de infraestructuras, energías renovables y gestión inmobiliaria.

Las vinculaciones comerciales de las filiales de Corporación Llorente en diferentes uniones temporales de empresas con el grupo ACS de Florentino Pérez servían de pretexto en la estrategia judicial de Abertis y Bankia, pero el TSJ de Madrid ha despejado cualquier sombra de duda en una sentencia notificada la pasada semana y a la que ha tenido acceso El Confidencial. La resolución señala de manera taxativa que “no consta que el Sr. Alonso tuviera conocimiento, en el momento de su intervención en este arbitraje, de los proyectos en común que tuvieran con ACS las empresas filiales de la Corporación Llorente Muñoz”.

La Sala de lo Civil y Penal del mencionado órgano jurisdiccional desarrolla un amplio análisis doctrinal que elimina cualquier suspicacia sobre la labor de Alonso Puig en su calidad de presidente del tribunal de arbitraje. La sentencia expone que no está probado que el asesoramiento de José María Alonso a Corporación Llorente estuviera relacionado con aspectos comerciales, sino que era de carácter personal y vinculado con materias de responsabilidad corporativa: “Tales circunstancias -añade la sentencia- no permiten deducir, pues, la concurrencia de una apariencia de interés del presidente del colegio arbitral autor del laudo impugnado en la resolución del arbitraje en un determinado sentido favorable a alguna de las concretas partes del procedimiento arbitral”.

El TSJ de Madrid no tiene reparos a la hora de calificar como “un galimatías” las relaciones societarias que invocan los demandantes para cuestionar la independencia del árbitro. La sentencia especifica que es una filial de Corporación Llorente, en este caso la firma Collosa, la que mantuvo “operaciones negociales” con Dragados, a su vez filial de ACS, que es la matriz de Desarrollo de Concesiones Viarias Uno (DCV1), siendo esta última la entidad vinculada como parte en el conflicto. Bajo estas circunstancias, los jueces consideran que “difícilmente podría exigirse al árbitro estar al corriente de las operaciones comerciales realizadas entre algunas de las filiales de la corporación que asesoraba en asuntos de buen gobierno y alguna de las filiales dependientes de una de las partes del procedimiento arbitral”.

A la vista de todo ello, el TSJ de Madrid desestima el motivo de nulidad,de manera que la resolución arbitral queda, por tanto, ratificada de pleno. La sentencia no permite recurso alguno, de acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley de Arbitraje. En definitiva, Iberpistas y Bankia son condenadas a pagar las costas y tendrán que seguir al pie del cañón en todo el proceso de liquidación de las radiales madrileñas, un conflicto este último que todavía tiene mucho recorrido por delante.