martes, 30 de junio de 2015

Mañana su coche no circula

Un coche circula por Santiago de Chile, sede de la Copa América 2015 EL MERCURIO
Mañana su coche no puede circular. Los habitantes de Santiago aguardan con atención ante el televisor las prohibiciones que se suceden un día tras otro, debido a niveles de contaminación que no se daban en los últimos 15 años en la ciudad. A las autoridades no les queda más remedio que restringir el tráfico y prohibir otras actividades, como la quema de restos agrícolas. Recomiendan, asimismo, no realizar ejercicio al aire libre y se suspenden las clases de educación física en los colegios, pero el fútbol no se detiene. Bajo otro día de que raya la emergencia, Chile se juega la final de la Copa América frente a Perúen el Estadio Nacional.

Las mayores restricciones afectan a los coches sin convertidor catalítico, que reduce la expulsión de gases al exterior, pero los niveles registrados en los últimos días han hecho extensiva la prohibición al resto. Para unos y otros es anunciado mediante los dígitos de la matrícula quienes pueden y no pueden circular. A pesar de las alteraciones que produce en los planes de los ciudadanos, éstos se adaptan, conscientes de que la contaminación es uno de los principales problemas de la capital chilena. Santiago está rodeado de colinas, por el aire de peor calidad se concentra en la cavidad de la urbe. En el pasado, alguno de los responsables del ayuntamiento llegó a pensar en la idea de dinamitar algunas de las colinas. La falta de lluvias, que no se esperan hasta julio, acrecientan el problema. Cuando el agua cae, es como si limpiara los cristales y dejara ver la cordillera. Estos días no es posible.


Las selecciones no se han visto afectadas en su trabajo diario, puesto que tienen sus lugares de concentración lejos de Santiago o en otras zonas del país, pero el hecho de que la capital haya dispuesto de dos sedes, el Estadio Nacional y el Monumental, ha hecho que los jugadores hayan jugado bajo niveles en los que se recomienda no realizar ejercicio. Ninguno se ha quejado por ello, en un torneo duro, por el tipo de juego, pero donde hemos visto, por el momento, la mejor versión de Chile y una Argentina a un nivel que no mostraba en mucho tiempo, pese a la falta de gol. Si ambas cumplen con la jerarquía, se encontraran en la final, el sábado, sea con polución o sin ella. Si acaso, absténganse de asados previos. Por los humos

La Administración aprende de los errores del pasado sobre concesiones

En la Administración no quieren que se repitan los errores del pasado en materia concesional. Por eso, el Gobierno ha aprobado dos cambios legislativos para tratar de evitar en el futuro fiascos como los de algunas autopistas de peaje.

El más precavido, en teoría, se refiere a la construcción de nuevas infraestructuras -en este caso, carreteras aunque también afecta a las líneas AVE, por ejemplo-. Antes de dar luz verde a un proyecto, será necesario contar con un estudio previo sobre su rentabilidad económica y también su «retorno social». «Ya no se harán obras nuevas sin un análisis profundo» de los pros y los contras, apuntan desde el Ejecutivo.

En paralelo, ha utilizado la futura Ley de Contratos del Sector Público (ahora en el Congreso) para restringir un poco más la llamada responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), que se activa cuando hay que rescindir antes de plazo uno de esos acuerdos. La medida, eso sí, no tendrá carácter retroactivo.

Así, de existir «causas imputables» a la propia concesionaria -como la insolvencia del negocio o la entrada en concurso de acreedores-, la Administración sólo respondería por el valor real de las infraestructuras y no por todas las inversiones realizadas para su construcción.

Pese a las diferencias, la banca ha parecido proclive al acuerdo aunque la mayoría ya tenía cubierta la deuda correspondiente en sus balances. Precisamente la nacionalizada Bankia es el mayor acreedor de las vías de peaje (435 millones), seguida de Banco Sabadell-CAM (346 millones) y CaixaBank-Banca Cívica (272 millones). El cuarto lugar tiene, de nuevo, repercusión en las arcas públicas: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 262 millones.

Sumados todos los conceptos, las empresas estiman un coste de casi 5.000 millones si no hay rescate público antes de que los juzgados de lo mercantil vayan decretando la disolución de las nueve autopistas en claro riesgo de quiebra, salvo que haya acuerdo con los acreedores. En cinco de ellas, se prevé que la decisión final se produzca antes de finales de año y no hay visos de pacto.

lunes, 29 de junio de 2015

Peajes listos para acoger el tráfico pesado con descuento


Unos 700.000 vehículos pesados dejarán de circular por las carreteras nacionales y utilizarán las tres autopistas que el Ministerio de Fomento ha elegido en Castilla y León para iniciar a partir del próximo miércoles, 1 de julio, el plan de desvíos voluntarios de las vías convencionales a las de peaje. Esta prueba piloto, que se mantendrá hasta el 30 de noviembre, se aplicará en tres tramos de León, Burgos y Segovia, la AP-66, la AP-1 y la AP-6, con una longitud total de 194,3 kilómetros.

De esta forma, los transportistas que decidan cambiar su itinerario habitual por las carreteras nacionales por una de las autopistas elegidas se podrán beneficiar de un descuente en el coste del peaje del 50 por ciento. Esta rebaja en la tarifa será solo del 35 por ciento para aquellos que ya circularan en la misma autopista antes de dicho tramo. El Ministerio de Fomento dispone de diez millones de euros para hacer frente a esta medida, que se materializará a través del sistema interoperable VIA-T.

Los tramos de carretera en los que se aplicará esta medida en la Comunidad y sus desvíos alternativos por autopistas en Castilla y León, corresponden al itinerario Villalba-Villacastín en la AP-6; Rubena-Armiñón, en la Autopista del Norte AP-1; y el tramo León-Campomanes de la AP-66 (Ruta de la Plata), que une León y Asturias.

En el tramo de autopista de la AP-6 Villalba-Villacastín, se podrán beneficiar de esta medida unos 175.000 vehículos. El ahorro de coste estimado por el Ministerio de Fomento para este tramo es de 1,14 euros por vehículo y recorrido. Los transportistas que tomen la alternativa de pago se ahorrarán 17 minutos de conducción con respecto a los 62 minutos estimados para el recorrido por la carretera N-VI.

Asimismo, en el tramo de autopista de la AP-1, entre Rubena y Armiñón, se podrán beneficiar de esta medida unos 475.000 vehículos. El ahorro estimado por el Ministerio para este tramo es de 9,46 euros por vehículo y recorrido. Los transportistas que tomen la alternativa de pago se ahorrarán diez minuto con respecto a los 54 minutos previsto para el recorrido por la N-I.

En cuanto al tramo alternativo de la AP-66 entre León y Campomanes, se podrán beneficiar en torno a 47.000 vehículos pesados. Fomento estima un ahorro de 9,06 euros por vehículo y recorrido. Los transportistas que tomen la alternativa de pago reducirán en 22 minutos el viaje con respecto a los 59 minutos estimados para el recorrido por la N-630 y el puerto de Pajares.

En el caso de la AP-6, los camioneros abonarán 7,8 euros por el tramo Villalba-San Rafael; y 2,93, en el de San Rafael-Villacastín,. En todo el trayecto de 67,49 kilómetros abonarán 14,73 euros, en lugar de 29,45 euros. Los camiones que dejen de circular por el puerto de Pajares y utilicen la autopista del Huerna pagarán 10,63 euros, frente a los 21,25 euros actuales. Por otra parte, en la AP-1, entre Rubena y Armiñón, los camiones que utilicen esta autopista pagarán 5,95 euros, frente a los 11,9 euros actuales, si bien para los que ya la utilizaran, por ser un corredor de largo recorrido, abonarán 7,74 euros, ya que sólo se beneficiarán de la rebaja del 35 por ciento.

Fuentes de la Federación de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León (Fetracal) destacaron que esta medida beneficiará a los profesionales de la Comunidad y remarcaron que al final el Ministerio haya aceptado que sea voluntario. No obstante, la patronal lamentó que el sector siga siendo el "patito feo".

El plan de desvío voluntario de tráfico pesado de las carreteras convencionales a las autopistas de peaje se realizará en seis tramos de carretera, con una longitud total de 326 kilómetros y se calcula que podrá beneficiar a más de 1,3 millones de vehículos pesados. Éstos son: Villalba-Villacastín, Dos Hermanas-Jerez Norte, Lérida-Montblanc, Rubena-Armiñón, Puxeiros-Porriño Frontera portuguesa y León-Campomanes.

Esta experiencia piloto, una vez analizada en profundidad, servirá para tomar decisiones futuras sobre la cuantía de las bonificaciones o las carreteras donde se aplica. El Ministerio estudió en un inicio poner en marcha esta medida de forma obligatoria, si bien la negociación con las patronales del transporte hizo que cambiara su posición. Además, pretendía implantar el plan en 16 tramos, que suman una longitud de 1.360,6 kilómetros.

Fomento ha decidido que los descuentos se aplicarán a través del uso del VIA-T, la denominación del sistema de Telepeaje interoperable implantado en todas las autopistas españolas de la península. Para poder usarlo sólo hace falta un dispositivo electrónico que deberá colocar en el parabrisas. Permite abonar el peaje sin necesidad de detener el vehículo ya que una antena lee, gracias a un moderno sistema de comunicación basado en microondas de corto alcance, los datos del dispositivo, cargando a una cuenta o tarjeta vinculada el importe correspondiente al paso por la autopista.

El Ministerio concretará en breve a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) el procedimiento que se aplicará con los descuentos. Es decir, si la rebaja se hará directamente al pasar por el peaje o si se solicitarán y se abonarán posteriormente.

Las autopistas de peaje se quedan sin rescate pese a la amenaza de quiebra

El Ministerio de Fomento ha terminado arrojando la toalla en uno de los puntos que su titular, Ana Pastor, situó como eje de sus actuaciones a los pocos meses de llegar al cargo. El rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra es ya historia, puesto que el Gobierno ha decidido no dar un paso más.

No obstante, seguirá defendiendo en los tribunales su plan de 'salvación', reconvertido en propuesta de convenio para los concursos de acreedores en que se hallan inmersas nueve vías de pago. Otra más, la autopista Alicante-Cartagena, se desvinculó a finales del 2014 del proyecto tras pactar con los acreedores una quita del 30% en su deuda de 240 millones y, a la vez, lograr un nuevo crédito de otros 196 millones.

Las condiciones, a priori, parecían peores que las ofrecidas por Fomento desde hace más de un año -básicamente una quita del 50%, reconvirtiendo el resto de la deuda en un bono a 30 años cuyo interés ha sido uno de los puntos de disenso-, aunque tenían una gran ventaja: no había que esperar para firmarlas. Y es que uno de los lastres que más he pesado en contra del acuerdo han sido los distintos intereses cruzados.

De un lado, el Gobierno, donde Fomento llevaba la 'voz cantante' pero Hacienda había dejado claras las líneas rojas. En primer lugar, era muy problemático que la citada emisión tuviera la garantía del Estado -dado lo que supondría en consolidación de deuda- y, asimismo, aunque se podía negociar un aumento del rendimiento previsto (similar al del bono español), tampoco había mucho margen. Además, de integrarse las vías de peaje en quiebra en una nueva sociedad pública -remedo de la antigua Empresa Nacional de Autopistas, privatizada en el 2003-, habría que tener un cuidado extremo para que al menos el 50% de sus gastos fueran cubiertos por la actividad comercial o engrosarían el déficit.

Y enfrente de la Administración, hasta tres partes distintas en un principio. La más fuerte, la banca acreedora, que se juega 3.470 millones de euros con estas autopistas una vez descontada la parte correspondiente a la AP-7 (Alicante-Cartagena). Liderada por las entidades nacionales, que asumen dos tercios de esos 'números rojos', llegó incluso a un principio de acuerdo con Fomento, pero las expectativas se vieron frustradas al concretar la letra pequeña. Querían un rendimiento de hasta el 4% en los bonos -alegan que, de lo contrario, la quita real superaría el 60%- y que tuvieran la referida garantía estatal, aunque aceptaban que la parte que iban a asumir de las firmas extranjeras (en torno a 1.200 millones) tuviera mejor trato que el resto, con un tipo más bajo.

Pese a las diferencias, la banca ha parecido proclive al acuerdo aunque la mayoría ya tenía cubierta la deuda correspondiente en sus balances. Precisamente la nacionalizada Bankia es el mayor acreedor de las vías de peaje (435 millones), seguida de Banco Sabadell-CAM (346 millones) y CaixaBank-Banca Cívica (272 millones). El cuarto lugar tiene, de nuevo, repercusión en las arcas públicas: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 262 millones.

Más combativas se han mostrado constructoras y concesionarias, que terminaron yendo de la mano bajo el paraguas de la patronal Seopan. Las primeras centran sus peticiones en que se les abonen los sobrecostes por las obras de las autopistas y la expropiación de terrenos, unos 470 millones. Y las concesionarias piden que se reconozca el valor inicial de sus participaciones, que supondría otros 350 millones.

Sumados todos los conceptos, las empresas estiman un coste de casi 5.000 millones si no hay rescate público antes de que los juzgados de lo mercantil vayan decretando la disolución de las nueve autopistas en claro riesgo de quiebra, salvo que haya acuerdo con los acreedores. En cinco de ellas, se prevé que la decisión final se produzca antes de finales de año y no hay visos de pacto.

Pero en el Gobierno han hecho números y ven menos oneroso para las arcas públicas la quiebra que el rescate -sin olvidar una cierta moderación en la caída del tráfico (-4,6% de media el primer cuatrimestre)- y desde Bruselas ponen mucho énfasis en esto. Una reforma legal del 2014 reduce la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) por las expropiaciones -que se activaría en caso de disolución-, con lo que estiman que podría bajar de los 2.500 millones frente a los «más de 3.300» que estimó meses atrás Fomento y los 4.000 que señalan desde Seopan.

3.716 millones deben a la banca la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, aunque alguna ya pactó con los acreedores. Dos tercios (2.494 millones) corresponden a entidades nacionales y el resto (1.222) a firmas extranjeras.

domingo, 28 de junio de 2015

Calafell pide la factura para lograr la gratuidad de la C-32 en Baix Penedès

Los vecinos cambiaron simbólicamente la nomenclatura de la C-31 para pedir que fuese urbana. 

Foto: DT

La coordinadora vecinal de Calafell que pide la gratuidad de la autopista C-32 entre El Vendrell y Vilanova, espera tener antes de inicio de agosto el estudio al que se comprometió la Generalitat para conocer el coste que tendría hacer gratis ese tramo de vía rápida.

En la última reunión de la coordinadora con responables de la Generalitat se arrancó el comprimiso y los vecinos esperan tener los datos. Lamentan sin embargo que haya comenzado el verano y que pasará todo julio sin disponer de una cifra que consideran fácil de calcular y que no podrá usarse la autopista como alternativa rápida y segura a la C-31.

Saber el coste que supondría liberalizar las barreras en el Baix Penedès para evitar el paso por una saturada C-31 por el centro de Segur de Calafell y Cunit, es para analizar la posibilidad y cómo financiarlo. El coste es para indemnizar a la concesionaria Abertis por la gratuidad y por el aumento decirculación que tendría.

La coordinadora vecinal ya ha mantenido una reunión con el nuevo alcalde Ramon Ferré (PSC) y pretende que se incorpren a la movilización todos lospartidos, incluso los que no han logrado representación en el Consistorio. También se han unido a la cordinadora nuevas asociaciones de vecinos.

Ferré, que desde el inicio de la actividad de la coordinadora ha participado en sus reuniones y sido conexión con el grupo del PSC en el Parlament, destacó que el Consistorio apoya a la reclamación vecinal y reclama el coste de hacer gratuita la C-32 en la zona del Penedès Marítim.

El encargo del estudio de hacer gratis el tramo es un mandato del Parlament al gobierno de la Generalitat. Además de la presentación de las cifras también se instó a que se detallasen quémecanismos pueden activarse para que la propuestas sea una realidad este mismo año.

El objetivo de hacer gratuita la C-32 es que sea una especie de ronda litoral rápida y segura que evite cruzar por el centro de áreas urbanas densamente pobladas. La Generalitat ya aceptó descatalogar la C-31 como vía de la red básica de Catalunya, por lo que sería necesiario disponer de una alternativa gratuita. A falta de terreno para hacer una variante la medida que los vecinos ven más factible es hacer gratis la C-32 en la zona.

La desclasificación de la C-31 como cde la red básica ha quedado sobre el papel, pero asu aspecto e incluso señalización se mantiene.En una acción reivindicativa miembros de la cordinadora cambiaron simbólicamente el nombre de la carretera y pidieron al Ayuntamiento que la acondicione para cambiar su aspecto y dotarla de una tipología urbana.

La autopista C-32 no es la única reivindicación del Baix Penedès en cuanto a facilitar la movilidad en la zona. La comarca también se ha añadido a los municipios del Pacte de Berà, que piden la gratuidad de la AP-7 entre El Vendrell y Torredembarra.

Los diferentes municipios del Baix Penedès que soportan las saturadas y peligrosas carreteras C-31 o N-340 piden que las autopistas C-31 o la AP-7 sean la alternativa rápida y segura, pero tambiñen gratuita. En este sentido señalan que son infraestructuras ya hechas y con capacidad por lo que el coste de construción se elimina y se evita un impactyo sobre el territorio.

También el Parlament instó al gobierno de la Generaelitat a reclamar la gratuidad de la AP-7, de titularidad estatal.

Transportistas denuncian que el desvío a las autopistas sigue sin concretarse

Los transportistas se quejan de que el plan de desvío voluntario de camiones a las autopistas propuesto por el Ministerio de Fomento sigue sin concretarse a una semana de su pretendida entrada en vigor, prevista para el próximo 1 de julio.

Las concesionarias de autopistas de los seis tramos de carretera incluidos en la prueba piloto, que finalizará el 30 de noviembre, "siguen sin dar información alguna sobre el desarrollo de dicha medida y del importe de los descuentos a aplicar a los transportistas en función del trayecto de la autopista recorrido", según la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fendismer.

La patronal ha solicitado al Ministerio que inste a las concesionarias para que, con carácter inmediato, se dé la máxima publicidad al nuevo plan y los descuentos de los que se van a beneficiar los transportistas, para conseguir su mayor efectividad.

El objetivo es disponer de datos suficientes para poder evaluar de forma positiva la aplicación de la prueba piloto, con vistas a solicitar una prórroga a final de año.

El plan se hará en seis tramos de carretera, con una longitud total de 326 kilómetros, frente a las 20 carreteras nacionales que recogía inicialmente, ha recordado hoy la federación en un comunicado.

Los tramos elegidos son N-VI/AP-6: Villalba-Villacastín, N-IV/AP-4: Sevilla-Jerez, N-240/AP-2: Lleida-Montblanc, N-1/AP-1: Burgos-Armiñón, N-550/AP-9: Vigo-Frontera portuguesa y N-630/AP-66: León-Campomanes.

La medida supondrá que los transportistas puedan cambiar su itinerario habitual por las carreteras nacionales allí donde tienen la opción de ir por una autopista de peaje y que Fomento bonifique hasta el 50 % de la tarifa.

El Ministerio calcula que el plan podrá beneficiar a más de 1,3 millones de camiones de cuatro o más ejes.

sábado, 27 de junio de 2015

Las carreteras de la provincia de Burgos recibirán 100.000 turismos en el próximo trimestre

El tráfico en las dos principales carreteras de la comarca, AP-1 y N-I, sufrirá un notable incremento en los próximos tres meses hasta rondar, según las previsiones, los 100.000 turismos con la autopista de peaje como principal vía de tránsito. De hecho, en el mes de agosto las cifras registradas el pasado año dejaron en la AP-1 una intensidad circulatoria que duplica su intensidad respecto a los meses no estivales.

Así, mientras que la IMD (Intensidad Media Diaria) de vehículos ligeros es de 17.918 al mes en el cómputo anual el pasado año se alcanzaron los 36.995 vehículos marcando de esta forma el récord anual de la autopista. Incluso en el mes de julio, la cifra también superó con creces la intensidad habitual, tras alcanzar los 24.019 vehículos retornando a cifras más comunes en septiembre con 17.786 turismos.

Por su parte, en la N-I la situación es muy semejante aunque alejada de las enormes cifras de la autopista siendo agosto el mes que cerró con la cifra más alta del año, con 7.570 vehículos ligeros, siendo la IMD media anual de 4.309 turismos.

Los meses de julio y septiembre también superaron al cifra media de tráfico de ligeros con 5.512 y 5.034 vehículos respectivamente.

Estos meses estivales son los únicos del año, en el que el tráfico de vehículos ligeros supera al de pesados en la N-I, que registra una de sus cifras más bajas de camiones, 3.463, justo en el mes de agosto creciendo por encima de los 4.000 en julio y septiembre.

Uno de los factores que más influye en el enorme incremento del tráfico de turismos especialmente en la AP-1 durante julio y agosto es el desplazamiento de magrebíes residentes en Europa hacia sus países de origen.

Por ello, desde ayer y hasta el 31 de agosto, la DGT pone en marcha en las carreteras más utilizadas por estos viajeros un dispositivo especial para garantizar la seguridad e información necesaria. Todo apunta que un año más en la AP-1 no se pondrá en funcionamiento este operativo especial que quedo suspendido en 2010, tras un descenso que rondo el 10% en la cifra de usuarios, tras habilitar instalaciones permanentes en 2006.

Curiosamente, los datos registrados en la campaña de 2009, último en estar activas las instalaciones, la cifra de extranjeros no magrebíes que las usaban superaban a los contabilizados en la operación especial.

No obstante, dado que se trata de una de las dos rutas principales utilizadas por quienes se dirigen a cruzar el Estrecho de Gibraltar camino del norte de África, sí cuentan con una taquilla donde adquirir los billetes del ferry de la ruta Tarifa-Tánger.

Una importante novedad este año respecto al tráfico en la AP-1 es la entrada en vigor del descuento del 50% en la tarifa de peaje a los camiones que la utilicen como alternativa a la N-I, anunciada por el Ministerio de Fomento.

En ese sentido, destacar la queja formulada por los representantes de los transportistas ante la falta de información por parte de las concesionarias sobre este asunto, a cuatro días de su entrada oficial en vigor.

Según informaba Fenadismer «el plan de desvío voluntario de camiones a las autopistas sigue sin concretarse pese a que estaba prevista su entrada en vigor el próximo 1 de julio». Señalan que «las concesionarias de autopistas de los seis tramos incluidos, entre ellos el Burgos-Armiñón, no facilitan información alguna sobre los nuevos descuentos a los transportistas».

Por ello, Fenadismer ha solicitado a Fomento que inste a las concesionarias de autopistas incluidas en el plan para que, con carácter inmediato, «den la máxima publicidad al nuevo Plan y los descuentos de los que se van a beneficiar los transportistas, para conseguir su mayor efectividad en aras a evaluar de forma positiva la aplicación de la prueba piloto con vistas a solicitar una prórroga a final de año».

El plan de desvío voluntario de camiones a los peajes sigue sin concretarse a una semana de su inicio

Fenadismer pide a Fomento que las concesionarias, con «carácter inmediato», den «la máxima publicidad» al plan.// FOTO: Grupo TecniPublicaciones.
Las concesionarias de las autopistas incluidas en la prueba piloto para el desvío voluntario de camiones desde las carreteras nacionales aún no han aportado información sobre los descuentos, según denuncian desde Fenadismer. La federación recuerda que dicho plan entra en vigor el próximo miércoles, 1 de julio.
El pasado 9 de junio, el Ministerio de Fomento, después de muchos retrasos, anunció por fin la puesta en marcha del plan de desvío voluntario de camiones desde las carreteras convencionales a las autopistas de peaje. Según informaron fuentes ministeriales, la prueba piloto se realizará en seis tramos de carretera, lo que afectará a una longitud total de 326 kilómetros.
Sin embargo, a menos de una semana de su supuesta entrada en vigor, desde Fenadismer denuncian que las autopistas incluidas en la prueba piloto, «sorprendentemente», «siguen sin dar información alguna» sobre el estado del proyecto ni sobre el importe de los descuentos a aplicar a los transportistas en función del trayecto de la autopista recorrido.
Así, Fenadismer pide a Fomento que las concesionarias de autopistas den «la máxima publicidad al nuevo plan a y los descuentos» con «carácter inmediato», para conseguir, así, «su mayor efectividad en aras a evaluar de forma positiva la aplicación de la prueba piloto con vistas a solicitar una prórroga a final de año».

viernes, 26 de junio de 2015

Peaje para los camiones en tránsito por Guipúzcoa


El diputado general Markel Olano ha explicado hoy cuál es su propuesta para los camiones en tránsito de transporte de mercancías que pasan por Gipuzkoa. Actualmente, buena parte de ese volumen de tráfico pesado lo hace atravesando la N-1 sin que tengan que afrontar ningún sistema de cobro, es decir, lo hacen de manera gratuita y evitan utilizar la autopista de pago (AP-8 y AP-1). El nuevo gobierno foral propone que se ponga en marcha un sistema de lectura de matrículas para estos camiones en tránsito en dos puntos de la red viaria, uno en el peaje de la AP-8 a altura de Irun y otro en el alto de Etxegarate en la N-1. Un sistema automático de lectura de matrículas permitiría conocer qué vehículos pesados han atravesado por esos dos puntos y se encuentran atravesando el territorio guipuzcoano.

Sin embargo, la duda o pregunta que se plantea es lo que pudiera ocurrir con aquellos camiones que tienen destino u origen Gipuzkoa, es decir, aquellos que vienen de fuera y entran en nuestro territorio o salen de aquí y que, por tanto, no están en tránsito. Estos vehículos se quedarían fuera de este sistema de cobro propuesta de doble pórtico de lectura de matrículas. Al respecto, Markel Olano se ha limitado a señalar que “habrá que definir cuál será su tratamiento, pero en la medida en que no pasan por esos dos puntos de lectura, esos camiones tendrían un tratamiento diferente”, sin concretar cómo lo piensa plantear el nuevo gobierno foral.

El nuevo diputado general ha matizado que la normativa europea no permite el cobro de peajes por discriminación de origen, es decir, que no se puede aplicar una tarifa para camiones de Alemania o de Gipuzkoa, “algo ilegal a los ojos de Europa”. “Haríamos un análisis jurídico exhaustivo, pero tenemos ya la seguridad de que desde el punto de visto jurídico no va a haber ningún problema al respecto”, ha concluido. Este ha sido el planteamiento que ha expuesto el nuevo diputado general tras la firma del acuerdo de gobierno foral entre PNV y PSE para los próximos cuatro años en la Diputación guipuzcoana.

La nueva propuesta echa por tierra el planteamiento ideado por la anterior Diputación, bautizado como Arkupe, que contemplaba la instalación de 14 pórticos electrónicos en la N-1, A-15, N-121-A y GI-632, que en reconocían los TAG y VIA-T. La intención inicial era dejar exentos a los vehículos ligeros de Gipuzkoa y otros territorios vascos y cobrar al resto de usuarios así como al tráfico pesado. La polémica medida no llegó a concitar el apoyo de ningún grupo político y quedó en saco roto.


Pastor mantiene compromiso de que autopistas no cuesten un euro a españoles

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dicho que la propuesta del Ministerio para el rescate de autopistas de peaje no fue admitida por las empresas y ha recalcado que su compromiso es que ninguna decisión "le cueste un euro a los españoles". "Lo mantuve, lo mantengo y lo mantendré", ha apuntado.

Pastor ha clausurado el Foro Global de Ingeniería y Obra Pública que se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Antes de clausurar este foro, los periodistas le han preguntado a la ministra por las declaraciones del presidente de la patronal de las constructoras (Seopan), Julio Núñez, quien dijo que el plan de rescate de las autopistas de peaje se encuentra en "stand by" y que no verá la luz durante esta legislatura.

La responsable de Fomento ha reiterado que su departamento ofreció "un modelo para resolver el problema de las autopistas", con una quita de la deuda del 50 % y un pago de esa deuda a un interés base del 1 %.

Según ha agregado, esa propuesta, que "está sobre la mesa", no ha sido admitida por Seopan ni por las empresas.

Pastor ha insistido en que en sus responsabilidades en el Ministerio defiende "el interés general". "Entiendo que cada uno defiende el suyo, el mío es el interés general", ha remachado.

Y ha puntualizado que en este asunto no habla en su nombre, sino en el de los españoles. "No hablo en mi nombre, hablo en nombre de los españoles. Cuando yo hago una propuesta como ésa, no es que yo tenga capacidad para dar más. Es que si doy, lo doy en nombre de todos", ha subrayado.

La ministra ha asegurado también que su compromiso y el del Ministerio "ha sido el mismo siempre", para que cualquier decisión que se tome sobre autopistas "no le cueste un euro a los españoles". "Lo mantuve, lo mantengo y lo mantendré", ha recalcado la titular de Fomento.

Pastor ha manifestado que prevé que la liberalización del AVE a Levante se produzca esta legislatura, y ha precisado que se está pendiente de un informe del Consejo de Estado.

"En el momento en que llegue el informe del Consejo de Estado, se procede a su licitación", ha afirmado la ministra, que también ha señalado que la compra de 40 nuevos trenes por Renfe mediante un concurso público está "en marcha" y que está en fase de reunión con todas las empresas del sector.

Además, ha destacado que los tramos Solares-Torrelavega de la Autovía del Cantábrico se terminarán en el plazo previsto, en el mes de octubre.

jueves, 25 de junio de 2015

Lalín y Silleda harán frente común para exigir la rebaja del peaje de la autopista

El alcalde de Lalín saluda al silledense
en presencia de ediles de ambos gobiernos. // Bernabé/Gutier
Los alcaldes de Lalín y de Silleda comparten, además que su primer apellido, inquietudes comunes sobre cuestiones prioritarias para sus vecinos. La primera reunión formal entre el mandatario dezano, Rafael Cuiña Aparicio; y el trasdezano, Manuel Cuiña Fernández, se celebró ayer por la tarde en el consistorio lalinense. Defensa del sector primario, impulso de la mancomunidad o reivindicar una rebaja para el precio de la autopista fueron los principales asuntos abordados en este encuentro.

Cuiña Aparicio y Cuiña Fernández anunciaron que sus gobiernos harán frente común para exigir tarifas más asequibles en la AP-53. La vía de alta capacidad tiene unos precios inasumibles casi desde su puesta en marcha hace más de una década y hasta ahora los gobiernos locales ejercieron presión solo cuando en Galicia o Madrid gobernaban partidos distintos a los suyos. Los mandatarios entienden fundamental esta reivindicación por ser "un tema en el que no podemos quedar callados porque afecta de forma muy directa al bienestar de nuestros vecinos y a la competitividad de las empresas", declaró el alcalde lalinense. El regidor estuvo acompañado del teniente de alcalde, Nicolás González Casares, y de la concejala de APAC, Lara R. Peña. El trasdezano llegó con gran parte de su equipo de gobierno.

Los mandatarios también se comprometieron a mantener diálogo constante para establecer estrategias comunes. Reactivar la Mancomunidade Terras de Deza es una de ellas para convertirla en un órgano que responda a las necesidades reales de los municipios que la integran, en vez de a intereses partidistas. A la espera de ver cómo queda su representación, la institución supramunicipal está presidida por el alcalde de Rodeiro, Luis López.

La defensa del sector ganadero preocupa a ambos ejecutivos y los alcaldes pactaron activar una mesa de apoyo que permita a los dos municipios ir de la mano junto a cooperativas, sindicatos y trabajadores en la defensa de los intereses del colectivo. Rafael Cuiña y Manuel Cuiña se mostraron dispuestos a "dar la cara" por uno de los sectores más castigados por la crisis y avanzaron que si es necesario encabezarán "posibles movilizaciones que convoquen los ganaderos para hacer visible el apoyo institucional". Los mandatarios ven más que oportuno estar al lado de los productores en sus demandas por los bajos precios de la leche en origen "que están ahogando a miles de trabajadores y que aboca al cierre a centenares de explotaciones ganaderas cada año". La primera medida firme es una mesa de apoyo a este sector, clave en las economías de ambos municipios.

Las constructoras dan por fracasado el plan de rescate de las autopistas



El proyecto de creación de una empresa pública para aglutinar las ocho autopistas de peaje en riesgo de quiebra, un modelo similar al del banco malo diseñado para rescatar estas carreteras de peaje, parece haber naufragado definitivamente. El presidente de la patronal de las mayores compañías de construcción, Julián Núñez, subrayó que esta medida propuesta por el Ministerio de Fomento se encuentra en «stand b y que «lamentablemente no va a ver la luz durante esta legislatura».
Núñez detalló que, pese a que no ha recibido una notificación oficial por parte del Gobierno de que el proceso se ha suspendido, actualmenteno existe interlocución con el Ejecutivo, que ha dejado de reunirse con las empresas y entidades financieras involucradas. «El tema está formalmente muerto», zanjó el presidente de Seopan durante un encuentro con los medios de comunicación en el marco del «Foro global de ingeniería y obra pública» que celebra la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander).
Seopan calcula que el coste para las arcas públicas de la liquidación de estas concesionarias ascenderá a alrededor de 5.000 millones de euros, que deberá abonar la próxima Administración en concepto de responsabilidad patrimonial (RPA), una cláusula presente en los contratos por la que el Estado reconoce el derecho de compensación en caso de quiebra. Esta cuantía deberá ser determinada en los procesos judiciales abiertos y obligará al Gobierno salido de las elecciones generales a «imputarlo como gasto» y a tenerlo en cuenta de cara al cumplimiento de los objetivos dedéficit público, lo que podría obligar a «ajustes fiscales adicionales», advirtió Núñez.
Las declaraciones de Núñez se producen tras semanas de especulaciones en torno a la viabilidad de la empresa nacional de autopistas frente a la cercanía de los comicios y después de años de negociaciones, que habían cristalizado en un proyecto por el que las entidades acreedoras asumían una quita del 50% sobre la deuda de 3.400 millones. A cambio, recibían bonos a 30 años con un tipo de interés del 1% y el Estado se hacía cargo de estas carreterasmediante una empresa 100% pública, con el objetivo de rentabilizar las autopistas posteriormente. «Hemos estado cerca de una solución. Se ha trabajado mano a mano con el Gobierno para llegar a una solución sin precedentes en Europa», lamentó Núñez, quien también descartó que el próximo Ejecutivo logre reactivar el proceso.

Recientemente, el juzgado mercantil número 2 de Madrid rechazó la propuesta de convenio presentada por el Ejecutivo para la AP-36, una resolución contraria al plan del departamento de Ana Pastor,lo que no hizo que Fomento tirara la toalla: insistía en que aún había tiempo para recurrir dicha resolución, aunque descartaba realizar cesiones a las entidades, como el incremento del tipo de interés del bono por el que se canjeaba la deuda, una de las peticiones que con más insistencia realizaban las empresas constructoras y la banca.
El plan comprendía la integración en esta compañía pública de las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4, R-5), la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Alicante y Cartagena.
Asimismo, durante su intervención en el foro, el presidente de Seopan reclamó a las instituciones europeas un plan para competir con las compañías asiáticas del sector, que cuentan con mayores facilidades de financiación que las españolas. En este sentido, solicitó al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que financie infraestructuras no sólo europeas, «sino de todos los continentes» y solicitó una inversión adicional de 32.000 millones de euros, más allá del conocido como «Plan Juncker», con el que Bruselas pretende movilizar 300.000 millones durante un periodo de tres años.
Por su parte, Ángel Corcóstegui, director general de Mangum Industrial Partners, aconsejó realizar una mesa de debate del sector de las infraestructuras con todas las compañías e instituciones vinculadas para poner remedio al estancamiento de la inversión pública durante los últimos años y superar la excesiva dependencia de la financiación bancaria, que supone un 70% del total. No habrá mayor crédito financiero, remachó, hasta que «la banca no tenga una situación más holgada de capital» y se ponga fin al proceso de desapalancamiento del sector privado, que «hasta finales de 2016» no «normalizará» sus niveles de endeudamiento.

miércoles, 24 de junio de 2015

Alemania amplía el peaje obligatorio para camiones


Desde el próximo 1 de julio 1.100 kilómetros de las carreteras nacionales alemanas se suman a los más de 12.000 kilómetros de autopistas en los que se aplica el sistema de pago obligatorio de peajes a los camiones de más de 12 toneladas de MMA, tanto alemanes como extranjeros, que circulen por dichas vías.

El objetivo de ampliar el ámbito de aplicación del impuesto también a las vías nacionales, según el Gobierno alemán, es para “evitar que los camiones busquen itinerarios alternativos para salirse de las autopistas y ahorrarse el pago”. Con esta medida, el Gobierno estima recaudar en torno a 900 millones de euros adicionales, que serán destinados a la mejora de las infraestructuras viarias.

El peaje obligatorio en Alemania para camiones está en vigor desde el año 2005, lo que ha supuesto para el transporte español, que realiza aproximadamente 400.000 desplazamientos anuales por las carreteras alemanas, un sobrecoste de hasta 200 euros en un viaje de ida y vuelta, según las estimaciones de Fenadimser.

Hay que tener en cuenta que el importe del peaje se calcula no sólo en función del trayecto recorrido, sino atendiendo además a las emisiones contaminantes del vehículo (categoría Euro) y a su número de ejes, estando previsto ampliar su ámbito de aplicación a partir del 1 de Octubre de este año a todos los vehículos de transporte de mercancías de 7’5 o más toneladas de MMA.

Desde Fenadismer recuerdan que el sistema de cobro del peaje (denominado Toll Collect) prevé tres formas para efectuar el pago:

- De forma automática, a través de un equipo instalado en el vehículo (OBU).
- De forma manual, utilizando internet (www.toll-collect.de).
- De forma manual, a través de uno de los más de 3.500 terminales de pago situados en todo el territorio alemán. 

En juego 4.000 millones: Fomento afronta una liquidación en cascada de las autopistas quebradas sin resolver el rescate

El rescate de las autopistas de peaje, un problema sin resolver por el Gobierno - Foto Europa Press
Hace aproximadamente un año, el Gobierno negociaba contrarreloj con la banca un acuerdo para cerrar definitivamente el plan de rescate de las concesionarias de autopistas de peaje en quiebra. Se trataba de evitar que los concursos de acreedores solicitados por las compañías llegaran hasta su fase de liquidación y el Estado tuviera que afrontar una deuda cercana a los 4.000 millones de euros. Doce meses después y a poco más de seis para que finalice la legislatura, la situación sigue enquistada entre tribunales y recursos de los acreedores extranjeros y del rescate ni se ha vuelto a hablar.
Pero eso no significa que el problema haya desaparecido. Para el segundo semestre de este año se prevé que al menos cinco de las concesionarias quebradas entren en fase de liquidación. De ser así, la deuda que tendría que afrontar el Gobierno, a través del esquema de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), pondría en serio peligro el objetivo del déficit marcado desde Bruselas.
El plan presentado por el Ministerio de Fomento para la sociedad Accesos de Madrid(responsable de las radiales R-3 y R-5), que pretendía ser empleado para el resto de concesionarias en apuros, fue rechazado por los jueces de lo Mercantil pode diversos defectos, entre ellos, no haber sido aprobado por el Consejo de Ministros ni contar con elapoyo de los trabajadores.
Los tribunales dieron un plazo de tiempo al Gobierno para perfeccionar el plan pero, por el momento, la noticia es que no hay noticia.
El plan que el Gobierno diseñó tras arduas reuniones con la banca consiste en que el Estado afronte la deuda de las concesionarias tras realizar una quita del 50%. El resto se asumiría a través de la emisión de un bono a 30 años con un interés que podría variar en función de la evolución del tráfico de las vías. Este último punto fue el que más recelo provocó en los bancos nacionales, aunque poco comparado con el que generó en la banca extranjera que, directamente, rechazó el plan y lo tiene prácticamente bloqueado.
También el año pasado, aproximadamente por estas fechas, la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decidió tomar las riendas del asunto personalmente para dar un golpe de efecto y solventar de una vez un problema que llevaba demasiado tiempo enquistado y en el que el Gobierno se juega mucho.
Pero el efecto fue demasiado limitado. La número 2 del Ejecutivo no resolvió el problema de las reticencias de la banca internacional y tampoco consiguió cambiar el discurso del Ministerio de Fomento: seguir adelante con los planes e insistir en que la única vía para proceder al rescate será la que “no cueste ni un euro a los españoles”.
En ‘petit comité’, la ministra Ana Pastor sostiene que el paso del tiempo favorece al Gobierno, toda vez que cuanto más pase la RPA se reduce. Y, además, los tráficos de las autopistas en situación de quiebra se están incrementando a buen ritmo durante los primeros meses de 2015 como consecuencia de la mejora de la situación económica en general.
El asunto, planteado como absolutamente capital a mediados del pasado año, ha pasado ahora a un segundo plano con el riesgo de que le estalle en las manos al Ejecutivo en plena recta final de la legislatura.
La frenética actividad en el Ministerio de Fomento se ha basado en la privatización de AENA, lograda finalmente tras una serie de retrasos provocados básicamente por luchas intestinas en el seno del Gobierno, y la liberalización del transporte de viajeros por línea férrea, que también corre peligro de no cumplir con los plazos inicialmente previstos.

martes, 23 de junio de 2015

Fomento sitúa en 9,5 euros el ahorro de circular por la AP-1

Camiones circulando por la autopista AP-1. /
Avelino Gómez
La medida va a ser optativa, pero Fomento confía en que la rentabilidad económica, una vez que las empresas de transporte hagan sus propias cuentas, anime a un buen número de los camiones que a diario transitan por la N-1 entre Burgos y Miranda, a desviarse por la AP-1, aunque ello, a priori, suponga hacer frente al desembolso económico del peaje.

Los números puestos sobre la mesa por responsables del Gobierno arrojan un resultado de gasto favorable al uso de la autopista, al aplicarse un descuento del 50% en el coste de la misma (se queda en 5,96 euros), tal y como se avanzó a final de año. Elegir esa vía supone un ahorro. Algo que tendrán la oportunidad de comprobar quienes a partir del 1 de julio opten por circular por la vía con dos carriles en cada sentido. El potencial es de «unos 3.100 camiones», según apuntó el senador popular, Jaime Mateu, miembro de la comisión en la que se ha debatido la medida.

El expediente de evaluaciones económicas elaborado por Fomento concluye que en el caso de las vías que atraviesan la provincia de Burgos, un vehículo pesado «ahorra 9,46 euros» si circula por la AP-1 (53,09) en lugar de hacerlo por la nacional (62,55). Son varios los factores que intervienen y a los que aludió Mateu. Uno que de Rubena a Armiñón por la autopista hay 75,41 kilómetros y por la N-1 son 79, 73. La diferencia es de 4,32. A esto se añade que hacer el recorrido por la vía de peaje supone un desembolso en carburante de 31,94 euros y por la convencional, 43,90. El tiempo también cuenta. En la calzada de dos carriles por sentido se tarda en cubrir la distancia 44 minutos, frente a 54 en la nacional. También el coste de personal disminuye, de 15,20 euros a 18,66.

A pesar de los número, la medida de desvío es solo una prueba piloto que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Será entonces cuando se evalúen los resultados y se decida sí continuar con la propuesta tal y como está o realizar alguna modificación. Aunque si fuera necesario introducir algún cambio «corrector» antes, no habría ninguna traba, ya que la intención de Fomento pasa por mantener reuniones periódicas con responsables del sector del transporte para, de manera conjunta, ir solventando dificultades que se pudieran producir.

Durante este tiempo, el plan de peajes blandos se va a implantar en 6 de las 16 autopistas que, a lo largo de toda la geografía española, discurren paralelas a una vía convencional, con mucho tráfico pesado y problemas por accidentes. Además de la que pasa por Miranda, en Castilla y León, la idea también incluye la AP-66, de León a Campomanes, ya en Asturias. De momento, la medida cuenta con una dotación presupuestaria de 6 millones de euros reservados en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.

A priori, Fomento confía en que la apuesta dé buenos resultados porque ya hay una experiencia anterior que ha funcionado y que se ha realizado en la Nacional 2, entre Maçanet de la Selva y la Junquera, en Cataluña. Allí, apuntó Mateu, «se han sacado miles de camiones de la carretera y se ha mejorado la seguridad vial».

Por eso, en un principio el planteamiento pasaba porque el desvío tuviera carácter obligatorio para todos los vehículos pesados; pero la fórmula no convenció a los transportistas y tras las reuniones mantenidas a dos bandas (con los sindicatos de las confederaciones del sector), se ha optado por establecer la medida como voluntaria y temporal, porque no hay que olvidar que «se está invirtiendo dinero público, de todos. Habrá que ver si los transportistas lo utilizan», zanjó.

Más de 200 camiones dejarán de circular por la N-IV y utilizarán la autopista de peaje

Paso de camiones por la N-IV, en El Cuervo
LA VOZ
La voluntad se impone a la obligación. El desvío de camiones y mercancías pesadas de las carreteras convencionales a las autovías y autopistas de peaje se llevará a cabo finalmente a partir del próximo 1 de julio, pero de manera voluntaria. El Ministerio de Fomento y la patronal del transporte de mercancías ha llegado a un acuerdo para sacar adelante esta medida que persigue mejorar la seguridad en las carreteras nacionales y favorecer con ello el uso de algunas autopistas. El Ministerio asumirá el 50% del coste del peaje.

El presidente provincial de la Asociación de Transporte por Carreteras, Antonio Gutiérrez, reconoce que la medida ha mejorado notablemente con respecto a lo que se pretendía llevar a efecto el pasado 1 de abril. En su opinión, «ha triunfado la razón frente a la imposición». La medida, aunque supone un desembolso para las empresas del transporte, reserva a los camioneros la decisión final de circular o no por el peaje.

La vía afectada en la provincia de Cádiz por este nuevo planteamiento es la antigua N-IV, entre Dos Hermanas y Jerez, donde el índice de siniestralidad se ha disparado en los últimos años debido a los efectos colaterales de la crisis, ya que cientos de camioneros y conductores la utilizan huyendo del peaje de la autopista.

El objetivo de la medida es trasladar el tráfico pesado, camiones de más de 7.000 kilos, a la autopista Cádiz -Sevilla y aliviar con ello la circulación por la antigua carretera. El criterio aleatorio y experimental que se ha introducido ahora en los planes de Fomento permitirán desviar una media de 200 camiones por quincena en la provincia de Cádiz, según los cálculos facilitados por la propia patronal del sector.

Antonio Gutiérrez ha destacado que los costes del transporte por carretera están muy ajustados y aunque Fomento asuma el 50% del peaje «es un gasto añadido para la empresa, que tiene que aportar la otra mitad». No obstante, la medida ha mejorado, «aunque aún no sabemos cómo se llevará a la práctica».

El Ministerio de Fomento anunció a mediados de 2014 una solución salomónica para reducir la siniestralidad en las carreteras españolas con mayor índice de circulación y favorecer con ello el uso de las autopistas y ganar así en seguridad. La intención inicial no era otra que eliminar el tráfico pesado de estas vías, desviarlo a autovías o autopistas y bonificar el peaje a los camioneros en aquellas que fueran de pago.

El primer borrador de esta medida vio la luz el pasado febrero afectando a 16 carreteras del país, entre ellas la antigua N-IV, entre Jerez y Sevilla. En total, eran 16 tramos, que sumaban 1.347 kilómetros, donde los camiones estarían obligados a abandonar su ruta habitual por carreteras de un único carril para circular por las autopistas. La propuesta del Gobierno pretendía incentivar el uso del peaje y complementar con un descuento del 35% el resto de peajes de la ruta marcada. Esta medida no se llevó a efecto en abril como estaba previsto ante la negativa de los camioneros a aceptar el cambio por decreto y de manera obligatoria.

Finalmente las aguas han vuelto a su cauce y después de dos meses de negociación se ha llegado a un acuerdo intermedio. El plan se pondrá en marcha como experiencia piloto desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre, con carácter voluntario para los camioneros y en seis tramos de carreteras que suman 326 kilómetros de longitud. Fomento calcula que alrededor de 1,3 millones pueden acogerse a esta iniciativa, con la que el Ministerio pretende mejorar la seguridad vial y redistribuir los tráficos por las distintas infraestructuras. Su puesta en marcha coincidirá con las grandes operaciones de tráfico con ocasión de las vacaciones de verano.

Los conductores de grandes camiones que elijan desviarse a la autopista tendrán, además del descuento del 50% en el precio del peaje para circular por el tramo alternativo al trazado de carretera que se busca evitar, una reducción del 35% en el precio del peaje durante su trayecto en otras autopistas de pago.

Fomento y los transportistas han convenido que, una vez que culmine el periodo en que esta iniciativa estará en pruebas, la experiencia se analizará «en profundidad» para abordar decisiones futuras, según apuntó la patronal de camioneros.

En cuanto a los seis tramos de carreteras en los que comenzará a aplicarse esta medida son el Villalba-Villacastín (la primera localidad de Madrid y la segunda de Segovia) de la AP-6; el Dos Hermanas-Jerez Norte de la AP-4, el único que está situado en Andalucía; el Lleida-Montblanc (esta última localidad en Tarragona) de la AP-2; el Rubena-Armiñón (la primera en Burgos y el segundo en Álava) de la AP-1; el Puxeiros-Poriño (ambas en Pontevedra)-Frontera Portuguesa de la AP-9 y el León-Campomanes (esta última en Asturias) de la AP-66. Estas vías con en su práctica totalidad titularidad de Abertis e Itínere.

El Ministerio cuenta en su Presupuesto de 2015 con una partida de 10 millones para compensar a las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje de las bonificaciones que apliquen a los camiones afectados por la medida.

Desde la patronal gaditana se han puesto de manifiesto que el 80% del sector del transporte gaditano lo integran pymes y el negocio es muy limitado. El 30% de los servicios de transporte que genera la Bahía de Cádiz y la Campiña de Jerez utilizan la antigua N-IV para conectar con Sevilla y son los propios camioneros quienes reconocen que se ha triplicado la circulación desde que comenzó la crisis. En la provincia hay 957 empresas de transporte que utilizan vehículos ligeros y 1.142 que emplean los pesados. El sector ha perdido a la mitad de su mano de obra en los últimos seis años por la crisis y ahora absorbe a unos 5.000 trabajadores.