Abertis tiene una vaca lechera en Francia, al igual que las otras dos
sociedades, en este caso francesas, Vinci y Eiffage, que compraron la
red de autopistas privatizada en el año 2006, y el Estado tendrá que
poner freno a este gran negocio limitando las subidas de tarifas en
beneficio de los usuarios. Esta es la conclusión de un informe preparado por las autoridades francesas de Competencia a petición de la comisión de Finanzas y Presupuesto de la Asamblea.
El informe denuncia la falta de controles sobre un negocio, en el que
apenas corren riesgo las concesionarias, un elemento que también ocurre
en España, donde el Estado asume las quiebras por tener la
responsabilidad patrimonial, en contratos claramente sesgados a favor
del concesionario. Más sangrante, cercano a lo delictivo, fue el
contrato de concesión y construcción del almacén de gas Castor firmado
con ACS, que la compañía de Florentino Pérez devuelve al contratista
previo cobro de 1.400 millones de euros.
Hay que tener en cuenta que el negocio francés de Abertis es muy
relevante en el conjunto del grupo. Gestiona en el país vecino más
kilómetros que en España, aunque la mitad que en Brasil. Siendo el
segundo mercado por kilómetros de autopistas de peaje, Francia es el
primer mercado para Abertis en cuanto a cifra de negocios, según el
informe. Sostiene éste que la empresa española factura 1.566 millones en
el Hexágono, lo que representa el 38% del total consolidado de las
autopistas de peaje, 4.139 millones el año pasado. Desde que adquirió
dos de las concesionarias privatizadas, Sanef y Sapn, en 2006 y hasta el
pasado ejercicio, el negocio francés le ha reportado en torno al 45%
del Ebitda que genera el negocio de autopistas de peaje.
El informe denuncia que las tarifas se han incrementado el 1,97%
anual, frente al 1,66% del IPC desde que se privatizaron. La
rentabilidad resulta escandalosa, con un margen neto de hasta el 24% y
merecería la pena que se hiciera un estudio similar en España, donde las
constructoras hacen doble negocio, construyendo la autopista y
explotándola, lo mismo que ocurre en Francia con Vinci y Eiffage.
Con un margen bruto que supera en muchos casos el 70%, mientras que
los negocios de las telecos apenas llegan al 30% y no alcanzan los dos
dígitos el del automóvil y otros sectores maduros, las concesionarias
de autopistas, tras pagar pocos impuestos por la desgravación que hacen
de los gastos financieros, éstos sí cuantiosos porque mantienen la
deuda muy alta y las inversiones, se plantan con un margen neto superior
al 20%. Consiguen de esta forma darse unos dividendos muy altos, 14.600
millones desde 2006, un 136% del beneficio, endeudándose más, con los
que las matrices pueden pagar fácilmente la deuda de la inversión que
les supuso comprar al Estado francés las carreteras. Apalancan las
concesiones para que la matriz pague deudas.
Aunque ya tras otro informe del Tribunal de Cuentas francés se levantaron voces de políticos de la izquierda reclamando la nacionalización de estos negocios,
el blindaje jurídico de los contratos hace muy complicado pagar un
justiprecio bajo que rentabilice la nacionalización. Competencia sí
señala otros caminos para defender al Estado. En primer lugar puede
presionar a Vinci y Eiffage con la obra pública porque son
constructoras, no así a Abertis, y en segundo lugar con la renegociación
de un plan pactado con las concesionarias para que éstas inviertan
3.600 millones a cambio de ampliarles la concesión entre 3 y 6 años.
Se echa en falta un estudio similar a éste en España, donde las
constructoras han hecho una fortuna con las autopistas rentables y han
dejado un agujero de miles de millones con las no rentables. Más aún
ahora que Fomento ultima el rescate de una decena de autopistas
asumiendo una deuda cercana a los 2.500 millones de euros. El negocio de
autopistas privadas sólo existe en Europa en los países del Sur,
España, Italia, Portugal y Francia. Son del Estado en Austria, Alemania,
Dinamarca, Irlanda, Noruega, Holanda y Bélgica. La reciente victoria
electoral del centroizquierda en Suecia reabrirá el debate de las
privatizaciones de servicios públicos e infraestructuras ya que están
siendo cuestionadas por los socialdemócratas, que se supone van a
gobernar.
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