El Gobierno central no tiene entre sus planes traspasar la titularidad de la autopista del Atlántico a la Xunta, como requirió el mes pasado el presidente Alberto Núñez Feijoo al apelar al carácter meramente interno de la AP-9. La ministra de Fomento, Ana Pastor, desveló ayer el rechazo de su departamento al traspaso de dicha competencia alegando el carácter internacional del vial de pago en su conexión con Portugal y su interés general al considerar que canaliza tráficos hacia las vías de acceso a otras comunidades limítrofes.
Pastor adelantó en Santiago que los técnicos de su ministerio además han elaborado ya un informe de rechazo al traspaso reclamado por Feijoo. «El informe de los técnicos, que no lo hace la ministra -recalcó- lo que dice que es que vertebra España con Portugal y Galicia con el resto de España», explicó.
En todo caso, Pastor desvió hacia el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la decisión sobre la petición de la Xunta. «El traspaso de cualquier servicio le corresponde a Administraciones Públicas, por lo tanto es una decisión que se toma en el ámbito de las comisiones mixtas -entre Gobierno central y Ejecutivo gallego- y no le corresponde al Ministerio de Fomento», insistió Pastor, que redujo su papel a la emisión de un informe desde su departamento cuando se reclama asumir viales de interés supraautonómico o internacionales. «Como conoce bien la Xunta, no le corresponde a la ministra de Fomento en ningún caso», insistió.
La ministra salió al paso de las protestas por la subida experimentada el día 1 en las autopistas estatales, asegurando que será el último año que sus precios crezcan en función del IPC, al preparar el Gobierno la ley de desindexación de precios de servicios públicos para que fluctúen en función de sus costes y no del índice de precios.
La subida de un 1,85 % experimentada por los peajes no solo ha sido respondida desde Galicia tanto desde la Xunta, como por el Consorcio de As Mariñas, el Concello de Betanzos, la corporación de Lalín y colectivos de transportistas y usuarios. Partidos políticos, diputaciones, alcaldes, asociaciones de empresarios y de consumidores han saltado prácticamente al unísono contra el nuevo incremento en Andalucía, Valencia, Murcia y Castilla y León, mientras que los transportistas rechazan en bloque la implantación de nuevos peajes en Guipúzcoa y Cataluña, comunidades que han asumido la titularidad de las autopistas y viales que pasan por su territorio.
El Parlamento murciano ha pedido por unanimidad que se rebajen peajes al transporte en toda España, ayuntamientos de las provincias de Sevilla y Cádiz que se deje sin efecto la subida, y el PSOE incluso que se liberen las autopistas quebradas.
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