Casi 12 euros cuesta un viaje de ida y vuelta por autopista desde Lalín a Santiago de Compostela desde el pasado miércoles. El trayecto simple para los vehículos ligeros ha pasado de los 5,80 euros del año pasado a los actuales 5,95, después de que la concesionaria aplicase a este tramo una subida del 2,5%, por encima del 1,85% aprobado por el Ministerio de Fomento y aplicado a otras vías, como la AP-9 (Vigo-A Coruña). De este modo, ir y volver a la capital gallega pasa de costar 11,60 euros a 11,90. Pero el incremento no es homogéneo en todos los tramos, sino que en la mayoría es todavía más elevado, llegando al 9,5% entre Ribadulla y A Bandeira. Este encarecimiento provoca "indignación" e "impotencia" entre los usuarios de la comarca.
La AP-53 se consolida como una de las vías de comunicación de pago más caras de España, con lo cual "el impacto sobre la competitividad del tejido empresarial lalinense es innegable y nefasto", valora el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Alejandro Campos. El colectivo "condena el alza", ya que la nueva tarifa es "prohibitiva y totalmente perjudicial" para la actividad socioeconómica de la comarca. En esta línea, la patronal reclama la creación de "abonos con descuentos" para los usuarios habituales de la AP-53, "con especial atención a las empresas y transportistas". La última subida del peaje es percibida como "una medida más que incrementa los costes de producción de las empresas, lo cual se suma a las dificultades acumuladas a lo largo de la larga crisis de los últimos años". Por si fuera poco, las empresas que han logrado mantener su actividad se enfrentan a su propia "cuesta de enero", en forma de "mayor presión fiscal, subida de tasas e impuestos, costes energéticos crecientes...". Y todo ello, subraya Campos, "sin que se haya producido un cambio de tendencia en el acceso al crédito para las empresas y las familias". A su juicio, "es imprescindible que fluya la financiación para poner fin a la recesión".
Los profesionales del transporte llevan tiempo denunciando el carácter prohibitivo de la autopista Santiago-Dozón, por eso reciben con impotencia este nuevo incremento de las tarifas. "¿A que te agarras? Desde la asociación provincial ya lo llevamos denunciando hace mucho tiempo", manifiesta Orlando Val, presidente de la Asociación de Taxistas de Lalín. Asegura que la mayoría de los autopatronos de la comarca no recurre a la vía de alta capacidad, a no ser en caso de urgencia o que el cliente se ofrezca a pagar el peaje. "El viaje ya es casi ruinoso, no te digo nada si le aumentas 12 euros de autopista por apenas 76 kilómetros", comenta el taxista. Considera que para el gremio sería "una maravilla" que se consiguiese un abaratamiento sustancial del peaje, puesto que la única alternativa a la autopista es una N-525 "totalmente saturada", sobre todo en horas punta.
De la misma opinión es el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, transportista de profesión, que tilda de "desproporcionada" la subida. "Los vehículos pesados van todos por la nacional, solo usan la autopista los que tienen obligación de hacerlo (mercancías peligrosas, por ejemplo)", apunta. También coinciden ambos en que la solución pasa por la transferencia de la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia. "Culpaban al bipartito de no favorecer el traspaso, pero ahora gobierna el PP en Madrid y en Santiago y no hacen nada. Lo de esta autopista es un despropósito desde el principio, empezando por que la Xunta tuvo que aportar 10.000 millones de pesetas para una obra que no es autonómica", lamenta Cuiña.
La negociación de la transferencia de titularidad lleva años encallada y no se atisba solución. Las diferencias son económicas, según el alcalde de Lalín, José Crespo. La Xunta quiere que el Ministerio de Fomento condone los 60 millones de euros que aportó en su día para la construcción de la vía en forma de crédito participativo, mientras que la Administración autonómica puso otros 60 a fondo perdido. "Seguiremos presionando", alega Crespo, que sostiene que los 60 millones podrían utilizarse para una "rebaja sustancial".
Entretanto, la única alternativa es utilizar una N-525 saturada de tráfico, cada vez con más tramos de velocidad limitada y cuya ampliación lleva años "aparcada" en un cajón de Fomento. "Lo único que nos queda es el derecho al pataleo", resume el alcalde de Silleda.
Faro de Vigo.es 03/01/2014
La AP-53 se consolida como una de las vías de comunicación de pago más caras de España, con lo cual "el impacto sobre la competitividad del tejido empresarial lalinense es innegable y nefasto", valora el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Alejandro Campos. El colectivo "condena el alza", ya que la nueva tarifa es "prohibitiva y totalmente perjudicial" para la actividad socioeconómica de la comarca. En esta línea, la patronal reclama la creación de "abonos con descuentos" para los usuarios habituales de la AP-53, "con especial atención a las empresas y transportistas". La última subida del peaje es percibida como "una medida más que incrementa los costes de producción de las empresas, lo cual se suma a las dificultades acumuladas a lo largo de la larga crisis de los últimos años". Por si fuera poco, las empresas que han logrado mantener su actividad se enfrentan a su propia "cuesta de enero", en forma de "mayor presión fiscal, subida de tasas e impuestos, costes energéticos crecientes...". Y todo ello, subraya Campos, "sin que se haya producido un cambio de tendencia en el acceso al crédito para las empresas y las familias". A su juicio, "es imprescindible que fluya la financiación para poner fin a la recesión".
Los profesionales del transporte llevan tiempo denunciando el carácter prohibitivo de la autopista Santiago-Dozón, por eso reciben con impotencia este nuevo incremento de las tarifas. "¿A que te agarras? Desde la asociación provincial ya lo llevamos denunciando hace mucho tiempo", manifiesta Orlando Val, presidente de la Asociación de Taxistas de Lalín. Asegura que la mayoría de los autopatronos de la comarca no recurre a la vía de alta capacidad, a no ser en caso de urgencia o que el cliente se ofrezca a pagar el peaje. "El viaje ya es casi ruinoso, no te digo nada si le aumentas 12 euros de autopista por apenas 76 kilómetros", comenta el taxista. Considera que para el gremio sería "una maravilla" que se consiguiese un abaratamiento sustancial del peaje, puesto que la única alternativa a la autopista es una N-525 "totalmente saturada", sobre todo en horas punta.
De la misma opinión es el alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, transportista de profesión, que tilda de "desproporcionada" la subida. "Los vehículos pesados van todos por la nacional, solo usan la autopista los que tienen obligación de hacerlo (mercancías peligrosas, por ejemplo)", apunta. También coinciden ambos en que la solución pasa por la transferencia de la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia. "Culpaban al bipartito de no favorecer el traspaso, pero ahora gobierna el PP en Madrid y en Santiago y no hacen nada. Lo de esta autopista es un despropósito desde el principio, empezando por que la Xunta tuvo que aportar 10.000 millones de pesetas para una obra que no es autonómica", lamenta Cuiña.
La negociación de la transferencia de titularidad lleva años encallada y no se atisba solución. Las diferencias son económicas, según el alcalde de Lalín, José Crespo. La Xunta quiere que el Ministerio de Fomento condone los 60 millones de euros que aportó en su día para la construcción de la vía en forma de crédito participativo, mientras que la Administración autonómica puso otros 60 a fondo perdido. "Seguiremos presionando", alega Crespo, que sostiene que los 60 millones podrían utilizarse para una "rebaja sustancial".
Entretanto, la única alternativa es utilizar una N-525 saturada de tráfico, cada vez con más tramos de velocidad limitada y cuya ampliación lleva años "aparcada" en un cajón de Fomento. "Lo único que nos queda es el derecho al pataleo", resume el alcalde de Silleda.
Faro de Vigo.es 03/01/2014
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