“Un juez anula el convenio de las autopistas y pide su liquidación” Así titula el periódico “El Mundo” la noticia por la que se publica la apertura de la liquidación en uno de los concursos de las concesionarias de las radiales de Madrid. Si en un post anterior nos hacíamos eco de la presentación de las propuestas de convenio, ahora venimos a tratar el rechazo de las dos primeras propuestas por el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid por adolecer de “defectos de legalidad” y sus incidencias.
La propuesta de convenio que se presentó por la abogacía del estado en representación de SEITTSA (la sociedad estatal dependiente de los Ministerios de Fomento y Hacienda que gestiona las infraestructuras terrestres) pasaba por la integración de estas en una sociedad pública, y contenía un plan de pagos con una quita del 50% de la deuda de 3.400 millones de euros y la titulización del pasivo restante en un bono a treinta años.
El Auto de 24 de febrero dictado por el Magistrado Andrés Sánchez Magro señala que la propuesta de convenio “adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite“, si bien indica que algunos son subsanables.
En concreto, la resolución recoge los siguientes defectos:
- Falta de aprobación del plan por el Consejo de Ministros,
- Ausencia de la “necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores“
- El plan realiza una modificación del listado de acreedores “sin tener competencia para ello”.
- Se basa en renuncias de los acreedores y de la firma concursa que no forman parte de la facultad de disposición del Ministerio.
- El Ministerio no aporta garantías de la financiación que señala.
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha sido tajante en su resolución, susceptible de apelación, a diferencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, en el que se tramita el concurso de otras dos autopistas, R-3 y R-5. Este Juzgado, coincide con el Mercantil nº 2 en la existencia de defectos, no obstante, se ha concedido el plazo de un mes al Ministerio para su subsanación. Por ello, todo parece indicar que Fomento recurrirá en apelación el Auto que rechaza el convenio de la AP-36.
Por el momento, el rechazo de las propuestas de convenio supone el inicio de la fase de liquidación. La apertura de la liquidación implica la responsabilidad patrimonial del Estado, establecida en los contratos de concesión, lo que supondría el pago de indemnizaciones en torno a 4.500 millones de euros por el Estado.
Tendremos que esperar las subsanaciones del plan de pagos y a la resolución del previsible recurso de apelación frente al Auto de 24 de febrero de 2015 para conocer cuál es el desenlace de los procesos concursales de las autopistas radiales de Madrid.
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