El plan de trasvase de camiones de la N-I a la AP-1 tiene, entre su letra pequeña, una cláusula que afectará de forma especial a los transportistas de cortos recorridos que utilizan la carretera convencional como eje principal. Es la obligatoriedad de efectuar el pago del peaje mediante el sistema automático, Vía-T, quedando excluidas el resto de las modalidades de abono.
Por ello, se verán obligados a instalar un terminal adecuado para ello, así como la suscripción de alguna de las tarjetas electrónicas que existen para este tipo de pago electrónico. Según los datos disponibles, el coste de un equipo adecuado -que habitualmente permite el pago en distintos países de la Unión Europea, ronda los 170 euros aunque existe la posibilidad de alquiler o depósito que ronda los 40 euros.
Como en todos los productos financieros, también en éste existe una amplia oferta tanto en el mercado profesional -excluido ya por algunas concesionarias que no aceptan sus tarjetas-, como general sobre el coste de mantenimiento de la necesaria tarjeta de pago. Así, entre las más económicas se sitúa la oferta de terminal en depósito por 35 euros más una tasa de mantenimiento anual de 9 euros por un periodo de tiempo de cinco años, y vinculada a una cuenta de la entidad financiera. Cabe recordar que este mismo año en autopistas de peaje de titularidad dependiente de los gobiernos autonómicos, como el tramo guipuzcoano de la AP-1, se ha dejado inoperativo el sistema Vía T estatal para acceder a descuentos y que ha sido sustituido por uno propio.
Aunque la repercusión económica directa para el transportista sea moderada, la obligatoriedad de circular por autopistas de peaje con alternativas gratuitas como del uso de sistemas de pago electrónicos, ha despertado las suspicacias en el sector.
Recuerdan que a finales del pasado año, cuando se empezó a barajar la posibilidad del trasvase, se produjo una alianza inédita entre los tres gigantes de las concesiones viarias de España con el fin de recuperar usuarios, y hacerse con una cuota de mercado propia en la gestión de transacciones.
Así, Abertis, Cintra e Itínere, que concentran el 87% de toda la red de autopistas del Estado, conformaron una sociedad conjunta con el objetivo de promover y vender su propio dispositivo de telepeaje. Además de abonar de manera telemática los peajes de las autopistas sin necesidad de detenerse en las cabinas, pretenden habilitarlo para el pago de combustible, la ITV, el lavado de coches y otras gestiones relacionadas con el tráfico.
Cabe recordar que en la última reunión entre representantes del Ministerio de Fomento y del sector éstos últimos rechazaron, con la obligatoriedad como punto principal, el plan de trasvase abogando «porque cualquier medida tendente al fomento de la utilización de las autopistas de peaje debe tener carácter voluntario, mediante el establecimiento de incentivos o la liberación del peaje de determinados tramos».
Afirmaron que «no podemos admitir que la rentabilidad de las concesionarias de autopistas se soporte en la maltrecha economía de las empresas transportistas», argumentaron.
Otro detalle destacado por los transportistas relacionado con las repercusiones del trasvase N-I/AP-1 sobre el coste a asumir, se centra en el tramo Ameyugo-Armiñon que actúa como variante de Miranda, y habilitado especialmente para sacar tráfico pesado del casco urbano mirandés hace unos años.
Según el plan, al que ha tenido acceso este medio, no se contempla la particularidad de peaje cero entre Ameyugo y Armiñón lo que, de facto, supondría establecer un nuevo peaje para camiones en un tramo actualmente gratuito condición base de la última prórroga en la concesión hasta 2018.
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