La Autopista del Atlántico está entre los pecados capitales de la modernidad gallega. No solo por retrasar su finalización en veinte años, sino porque la inteligencia del país, la marea inmensa de afectados y la mayoría silenciosa fuimos ingenuos por demás. Así, mientras hablamos de la desarticulación de nuestro desarticulado territorio, preocupados por el paso de las vacas y sus carros o tractores y chimpines o por la alteración de la capa freática que limitaría la productividad de nuestro agro, nos olvidamos de los costes de peajes, de las deficiencias estructurales -arcenes, firmes, número de carriles, enlaces- y desde luego de los costes de su explotación y mantenimiento. Y por supuesto de la posibilidad de una entente público-privada para su concesión interminablemente renovada y en condiciones siempre favorables a los adjudicatarios. La cuestión es que tal pecado capital se ha ido convirtiendo en pecado original. Agravados sus efectos porque en temas de infraestructuras nosotros los gallegos parece que no hubiéramos pasado del catecumenado.
Acuciado por los atascos de fin semana en los peajes de la AP-9, el Gobierno gallego o el Partido Popular que lo soporta clamaban allá por los calores de agosto por el rescate de la autopista o el traspaso a la Xunta. Por entonces, un Codex de agosto terminaba: «Como la interpretación que algunos señalan de un uso político de la AP-9 con hipotéticos enfrentamientos del Partido Popular resulta ingenua por demás, uno se malicia que tras la AP-9 y su gestión se oculte otro de tantos tesouros dos mouros».
Ni que decir tiene que adjudicadas ya las dos grandes obras de reforma de la AP-9, el ensanchamiento del puente de Rande y los accesos a la capital de Galicia, aquellos fervores populares del verano se han encalmado. Al tiempo, se ha sabido quién pagará la reforma: los usuarios durante los próximos veinte años, además de la contribución de los presupuestos del Estado para cubrir los 276 millones de la licitación inicial. Se desconoce, sin embargo, si a la concesionaria se le exigirán reformas que resuelvan los defectos estructurales que afectan a la seguridad, como evidencia el accidente en el que un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico fue arrollado por un camión, cuando los agentes atendían a otro automóvil en el inexistente arcén de la salida de Vigo a Rande. Tramo por el que, junto con el de A Coruña-A Barcala, la concesionaria ha cobrado unos 94 millones en los últimos años por el acceso sin peajes de los usuarios, y en el que la desatención en el destrozado firme no absorbente y la carencia de arcenes evidencian el duro maltrato al usuario.
Ahora que los escaladores comprobarán las condiciones de los tirantes del puente de Rande para su ampliación, los gobernantes deben pararse y templar, enmendar los errores, y abordar lo nuevo con rigor y exigencia. Por ver si nos libramos de uno de nuestros pecados de la modernidad: las infraestructuras y sus secuelas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario