lunes, 23 de marzo de 2015

Los camioneros exigen descuentos que compensen ir por autopista

Foto: SANTI M. AMIL
El sector del transporte de mercancías por carretera está dispuesto a darle la vuelta al plan que diseñó el Ministerio de Fomento para retirar al tráfico pesado de dieciséis rutas de carreteras nacionales de todo el Estado. El Comité Nacional del Transporte, que representa a todas las federaciones y asociaciones del sector, planteó ayer al departamento que dirige Ana Pastor modificar su propuesta de rebaja del 50 % en los peajes para los camiones en los tramos de autopista de uso obligatorio por un plan que establezca descuentos en función de los costes de las distintas rutas, horarios del día e incluso épocas del año.

Básicamente, los camioneros demandan a Fomento un mapa de descuentos variable que les compense dejar las carreteras nacionales para pasar a circular por las autopistas en los tramos que la Administración considera que es necesario descongestionar o reducir su peligrosidad. El sector estima que en algunos puntos el descuento a aplicar podría tener que alcanzar el 70 % del peaje para compensar el uso de la autopista, y en otros tramos podría ser incluso menor que el planteado por Fomento con su tarifa plana. Eso sí, los transportistas rechazan de plano la obligatoriedad de uso de las autopistas, o lo que es lo mismo, la prohibición de circular por determinados tramos de carreteras nacionales.

«Al camionero si le sale mejor pagar, lo hace», apunta Ramón Alonso, presidente de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), contrario a la imposición de tener utilizar las autopistas, «aunque fueran gratis, pues hay otros condicionantes además de los peajes», advierte.

El rechazo que todo el transporte ha expresado al plan de Fomento, hizo que ayer -en la primera reunión con el sector- la secretaria general de Transporte, Carmen Librero, reiterase la disposición de la ministra a no poner en marcha su propuesta si no existe consenso con los representantes de los transportistas.

«Valoramos positivamente esa disposición y también el plan si se plantea con carácter voluntario y estableciendo un descuento variable para incentivar la utilización de las autopistas», señala Juan José Gil, secretario técnico de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), presente en la reunión.

Dicha organización se comprometió a cerrar de inmediato un acuerdo con una fábrica de camiones para que se valore experimentalmente los costes de las rutas afectadas, tanto por autopista como por su alternativa gratuita en las carreteras nacionales.

Dicho estudio se completará con un análisis de intensidad de tráfico que deberá aportar el ministerio de Fomento, lo que permitirá trazar un plan de horarios y costes que deberá traducirse en una propuesta concreta de descuentos a cada uno de los tramos que la Administración quiere dar un trato circulatorio específico. Una nueva reunión prevista para mediados de abril servirá para analizar las conclusiones alcanzadas, y avanzar en la definición del plan que el ministerio pretende poner en marcha antes del verano con los 5 millones de euros ya consignados en los presupuestos de este año.

«Os transportistas galegos e os do noroeste somos os únicos que nesta rede centralizada de estradas do Estado estamos obrigados a chegar a Madrid por vías de pago, e iso penaliza aínda máis estar na periferia», lamenta Alberto Vila, gerente de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor). El representante de una de las tres federaciones de transportistas existentes en la comunidad señala que mientras los tráficos de la nacional I (Burgos), N-II (Zaragoza), N-III (Valencia), N-IV (Andalucía) y N-V (Extremadura) acceden a Madrid gratis, el de Galicia se vería obligado, según el plan propuesto por Fomento, a tomar la AP-6 para circular por el túnel del Guadarrama pagando peaje. «Somos os únicos», recalca Vila para reclamar un trato diferenciado al transporte del noroeste, reivindicación que asegura su federación ya ha trasladado a la Administración de manera reiterada.

En Galicia están en activo unas 7.000 empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera, que dan empleo de manera directa a 22.000 personas.

El representante de Apetamcor duda, por otra parte, de que «á altura da lexislatura que estamos e coa proximidade das eleccións, con varias campañas ademais de por medio, Fomento vaia a poñer en marcha o seu plan».

La supuesta discriminación que sufre el sector del transporte gallego respecto al del resto del Estado es puesta de manifiesto también por Ramón Alonso, presidente de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer), al señalar que el llamado céntimo sanitario con el que se grava el litro de combustible para el transporte llega en la comunidad 7,20 céntimos frente a 3,60 de otras autonomías, «en las que además les devuelven el cien por cien, no como aquí», indica.

Añade Alonso que en toda España los transportes de menos de 8.000 kilos no cuentan con devolución alguna por el pago de dicho céntimo sanitario «y hay empresas como la mía con 40 coches que hacen 20.000 kilómetros diarios que nos vemos gravemente perjudicados, como le sucede al sector del reparto», recalca el presidente de la federación.

El precio más caro que se paga en Galicia por el combustible, de 10 o 12 céntimos por litro mayor que en Navarra o Aragón, acaba por completar el diagnóstico del aldraxe que dibuja Ramón Alonso, que pide por ello la intervención decidida del Gobierno gallego para respaldar al sector.

El debate sobre la obligatoriedad de uso de las autopistas para el transporte pesado coincide temporalmente con el que acaba de lanzar la patronal de los constructores, Seopan, para que se implante el cobro de peajes en todas las autovías de la red estatal. El pago por uso es la máxima que defiende la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional, que es la misma que desde el año pasado representa a las concesionarias de autopistas españolas. Aplicar el sistema que desde el 2010 adoptó Portugal en sus autovías es para los constructores el método más justo para poder contar con fondos para mantener dichos viales sin tener que detraer dinero de otras partidas.

Los transportistas integrados en la Confederación ESpañola de Transporte de Mercancías (CETM) estiman que la propuesta de los constructores es «discriminatoria e injusta, pues incide de forma desproporcionada sobre el transporte de mercancías por carretera, sector que presta un servicio ineludible para la sociedad, la industria y el comercio, al transportar de manera rápida y eficiente más del 85 % de los productos que consumimos cada día, lo que le posiciona como una pieza clave para el desarrollo económico y social de España».

Pagar por usar las autovías encarecería notablemente toda la producción española, lo que conllevaría una pérdida de competitividad, estima CETM, que el país no se puede permitir si quiere dejar atrás la crisis.

Seopan cifra en 6.800 millones de euros la recaudación anual que el Estado ingresaría con los peajes en las autovías.

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