La autopista ARA-A1 permanece cortada desde el 2 de marzo. Este cierre tiene un coste diario para los usuarios que asciende a 26.000 euros, según las primeras estimaciones que ha hecho el Gobierno de Aragón, ya que todos ellos tienen que realizar ahora mayores recorridos con el consiguiente gasto en tiempo y en kilometraje.
Estos cálculos demuestran la necesidad y rentabilidad social de una vía que nunca debió acometer la iniciativa privada. El retorno económico que ha producido ha sido menor de lo esperado, lo que ha provocado que la concesionaria haya entrado en un concurso de acreedores que parece dificultar una solución rápida a este problema. Se esperaban 6.500 vehículos diarios y la intensidad media diaria apenas alcanza la mitad.
En 2008, bajo el Gobierno del socialista Marcelino Iglesias, esta autopista autonómica era el modelo para el futuro plan de carreteras. Siete años después se ha demostrado otra decisión ruinosa que provoca un alto coste a la ciudadanía y a las empresas y que no ha sido ejemplo de nada.
La mayor afección que ha dejado la riada ha sido en esta vía, pero todo parece indicar que será la última en arreglarse. Las carreteras públicas ya han comenzado a repararse, con obras de emergencia y miles de euros de inversión de las administraciones, y de la ARA-A1 todavía no se tienen noticias, ni siquiera de si habrá un paso provisional que alivie el incremento de los costes por su cierre.
Dice el Gobierno de Aragón que buscará las fórmulas legales para resarcir todas estas pérdidas. Un dinero que no debe salir de las arcas públicas sino, en todo caso, de las de la empresa concesionaria, que asumió en su día el riesgo de esta aventura en busca de unos beneficios, que en caso de haberlos, no los hubiese disfrutado el erario autonómico.
La empresa privada en su inversión busca la rentabilidad económica, teniendo en cuenta y asumiendo las pérdidas y contratiempos que se puedan producir. Por ello, la concesionaria debe reabrir este paso cuanto antes con toda la seguridad para los que circulen por ella diariamente. El Ejecutivo debe ser firme en ello y no consentir que la solución se dilate en el tiempo cuando él está siendo veloz a la hora de volver a dejar todas las vías como estaban antes de la crecida.
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