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Las protestas contra el peaje de la C-32 en el Baix Penedès son históricas. Foto: DT |
Eliminar el peaje de la autopista C-32 entre El Vendrell y Castelldefels, costaría a la Generalitat entre 902 y 945 millones de euros para indemnizar a la concesionaria Abertis, según un informe de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) encargado por el departamento de Territori.
La Generalitat se comprometió en el Parlament y con la Coordinadora de Calafell y el colectivo de Cunit No Vull pagar C-32, que piden la eliminación del peaje, a presentar un estudio del coste de quitar el peaje en el tramo entre El Vendrell y Sitges para analizar su viabilidad.
Pero el estudio presentado calcula el coste de liberalizar los 50 kilómetros entre El Vendrell y Castelldefels, (con los túneles del Garraf incluidos), lo que encarece el rescate, y también el precio de retirar los peajes en el resto de autopistas de titularidad de la Generalitat.
El estudio ha molestado a No Vull Pagar C-32 de Cunit que señala que «la promesa era cuantificar el coste entre El Vendrell y Sitges para estudiar cómo afrontarlo». La plataforma cree que «la Generalitat conoce el cálculo pero no lo presenta y lo camufla con el de toda la autopista para decir que es muy elevado».
La C-32 sería la más cara de liberalizar en toda Catalunya y tras ellas están las de los túneles de Vallvidrera y del túnel Cadí con un coste de entre 453 y 585 millones.
La plataforma dice que «es un engaño ya de Sitges a El Vendrell es deficitario por el bajo tránsito y la indemnización no sería elevada. En cambio entre Sitges y Barcelona tiene una gran cantidad de usuarios». Para No Vull pagar el cálculo se ha hecho con la intención de demostrar que no se puede asumir la liberalización.
Según el estudio presentado por la UPC liberar los 200,7 kilómetros de autopistas de titularidad de la Generalitat y que tienen cuatro concesionarias, entre ella la más destacada Abertis, que gestiona la C-32, costaría entre 2.544 y 2.770 millones de euros.
A la cantidad debe añadirse la conservación, el mantenimiento de las vías (237 millones) y las indemnizaciones por despedir a la plantilla de las concesionaris (34 millones) y una posible reducción de la recaudación fiscal. En el estudio no están incluidas las autopistas con financiación con peaje en la sombra por el que la administración paga al concesionario o las AP-7 y AP-2 que son de titularidad estatal.
La Ley de contratos públicos obliga a compensar al concesionario por las obras e instalaciones construidas y por los daños y perjuicios causados, incluidos los beneficios futuros que dejaría de percibir, según cálculo basado los últimos cinco años de la concesión.
El encargo del cálculo de un supuesto rescate no presupone una intencionalidad del Gobierno de asumir la explotación de esas infraestructuras, situación que sus arcas tampoco lo permiten
Ese coste general hace inasumible la eliminación de los peajes en las autopistas de la Generalitat. Y tampoco de la C-32 porque como el coneller Sant Vila ya dijo en el Parlament en el anuncio del encargo del estudio, no habrá liberaciones parciales y que, de acordarse una eliminación de peajes, sería en todas las vías ahora de pago y no sólo en la C-32. La respuesta hace pensar que aún menos en un tramo de una autopista.
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