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| Puesto de peaje en La Bureba con dirección al País Vasco y Burgos. - G.G. |
La marcha atrás del Ministerio de Fomento respecto a la obligatoriedad de desviar los camiones de la N-I a la AP-1, según se desprende del proyecto, obedece a cuestiones económicas. Y es que el establecimiento del peaje del 50% a los usuarios de la N-I -más el 35% por obligación de la Unión Europea- llevaría al Estado a destinar más de 15 millones de euros por año a la empresa concesionaria hasta el fin del contrato debido a la intensidad media de vehículos pesados que circularon el año pasado por la AP-1 y N-I.
El estudio refleja una media diaria en autopista de 3.030 camiones con derecho a un 35% de bonificación -7,74 euros-. Es decir, más de 18.000 euros diarios al Estado. Además, la entrada de los camiones de la N-I con descuento del 50% añadiría a esta cantidad otros 23.220 euros diarios hasta alcanzarse una compensación de 41.248 euros al día.
Dichas cifras provienen de la estimación oficial del plan, que fijaba el coste total del peaje en el tramo Rubena-Armiñón en 11,9 euros al convertirse nuevamente de pago el tramo Armiñón-Ameyugo, actualmente gratuito para circunvalar Miranda.
Resulta especialmente llamativo que, pese a que estos descuentos según las cifras oficiales, la norma debería aplicarse a 2,2 millones de camiones en Burgos, mientras que la partida de bonificaciones de peajes en los Presupuestos Generales del Estado 2015 se estimaba en 43 millones para 16 tramos de autopistas.
El cambio hacia una propuesta más flexible suprimiendo la obligatoriedad reduciría el impacto sobre el coste a las arcas públicas de los descuentos en el caso de los camiones procedentes de la N-I. Pese a ello establecer una bonificación del 50% para descongestionar la carretera convencional costaría un mínimo de 6,5 millones anuales al bonificarse a quienes ya utilizan la AP-1 -más de un millón de camiones al año-, incluso si ningún camión saliera de la N-I.
Asimismo, el incremento del tráfico pesado de los últimos meses en la AP-1 aumentaría más si cabe esta compensación a la empresa concesionaria de establecerse la bonificación a los camiones procedentes de la N-I.
Con el nuevo estudio en marcha para reducir la circulación de camiones en la N-I -bajo los criterios iniciales basados en una variación en el importe de los descuentos en función de la intensidad de circulación en los diferentes tramos horarios y períodos diarios- se podría incorporar el eje N-I/AP-1 al modificado plan. En el caso del modelo sobre el que pivotaba el proyecto de Fomento -el desvío por la AP-7 de los camiones de la N-II en Cataluña-, se fijó una subvención anual de 3 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento y de la Generalitat para la compensación anual por la bonificación aplicada.
El uso de una ‘tarifa plana’ compensatoria -no vinculada a la cifra de camiones que la usarán- a la concesionaria en la AP-1 podría ser una de las fórmulas que reduciría de forma sustancial este coste al Estado para cumplir el objetivo de trasvasar los camiones de la vía convencional a la autopista.
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