viernes, 15 de mayo de 2015

El Gobierno suaviza su plan para 'expulsar' de la carretera nacional a los camioneros



Las negociaciones entre Fomento y el sector del transporte para que los camioneros abandonen las carreteras nacionales y circulen por autopistas siguen abiertas. Al menos hasta que haya un acuerdo firme por parte del Ministerio de reducir a casi una tercera parte los tramos polémicos (de 16 pasarían a seis o siete), que se haga de forma voluntaria y que cuenten con una subvención para costear el plus que supone ir por vías de pago. Tres condicionantes que el Departamento que dirige Pastor tiene ahora sobre la mesa y que deberían estar resueltos antes de que acabe el mes.

"Creemos que es posible llegar a ese acuerdo", dicen los responsables de Fenadismer, la patronal de los transportistas. "No se puede exigir a los camioneros que carguen con un coste adicional, más en un momento de crisis como el actual que ha supuesto el fin del negocio para 100.000 camiones". Así lo expuso la patronal en la reunión mantenida con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, y al director general de Transporte terrestre, Joaquín del Moral.

El objetivo de los camioneros pasa por buscar una alternativa al plan inicial de Fomento relativa al uso obligatorio para camiones de las autopistas de peaje que sean coincidentes con las carreteras nacionales, afectando a más de 1.300 kilómetros de la actual red de carreteras. El Ministerio de Fomento, de su lado, estudia la conveniencia que la medida sea de carácter voluntario para los camioneros, en vez de obligatoria como se propuso en un primer momento, y que no se aplique en los 16 tramos de carreteras inicialmente propuestos. No obstante, con o sin aderezar, el Gobierno está dispuesto a que la Nacional vaya sin camiones.

Con esta iniciativa, Fomento quiere descongestionar los tramos de carreteras que mayor densidad de tráfico presentan, con el fin último de mejorar la seguridad víal y optimizar el uso de las distintas infraestructuras. Es decir, en tramos en los que haya alternativa de pago, los camioneros se verán obligados a salir de la vía pública. No afectará a los vehículos que tengan que circular por la carretera convencional para posibilitar el acceso a los puntos de origen o destino de la mercancía.

En su planteamiento inicial el Gobierno contemplaba un plan de compensación a los camiones desviados: una bonificación del 50 por ciento sobre el peaje a abonar en desvíos obligatorios, o del 35 por ciento para los que ya circulan por autopista y lo vayan a seguir haciendo por el tramo afectado.

Los transportistas son conscientes de que la medida, como dice el Ministerio de Fomento, supone una serie de ventajas como la mejora de la seguridad, ahorro de tiempo y de combustible, "pero en los términos actuales no se puede plantear", subraya el secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, que, a cambio, ofrecen otras alternativas.

Desde el sector abogan por aprovechar la partida de 10 millones de euros que ya están recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para este año y que se destinen a un plan experimental de carácter voluntario sobre los tramos de carretera con mayor circulación de camiones, estableciendo una política en función de las franjas horarias y períodos temporales. Otro factor a tener en cuenta es también la orografía, especialmente cara en trayectos complicados como León y Asturias.

La negociación sigue en tablas, pero se ha dado un paso en firme ante la disposición del Gobierno a escuchar a los afectados. Mientras, los camioneros batallan en otro frente: recurrir la norma en Cataluña.

En ese sentido, la Generalitat de Cataluña aprobó en 2013, en colaboración con el Ministerio de Fomento, la prohibición de la circulación de los camiones en la Nacional II a su paso por la provincia de Gerona y su desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-7. Esto ha supuesto para la concesionaria de la vía de peaje un incremento diario de usuarios de más de 3.000 camiones. Para Fenadismer, sin embargo, la lectura es otra. Cada viaje de ida y vuelta ha supuesto a los camioneros un encarecimiento de unos 40 euros y 12 millones de euros más para la concesionaria.

Dicha prohibición se encuentra recurrida por Fenadismer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La resolución es importante ya que marcará el rumbo que sigan las negociaciones en el resto de vías y que podrían entrar en vigor en el segundo semestre de año. No obstante, el transporte pide que los planes vayan acompañados de otras medidas tan urgentes como necesarias, como la creación de corredores de tráfico que estén libres de restricciones.

Toca esperar. Mientras tanto, los camiones seguirán en el paisaje de la carretera Nacional.

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