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| El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (izquierda), y la ministra de Fomento, Ana Pastor (derecha) / FOTO: EFE |
El Gobierno de Mariano Rajoy ha guardado en un cajón una de las principales problemáticas de la legislatura: la quiebra de ocho autopistas de peaje. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha decidido que sea el próximo Ejecutivo el que gestione una fallida con una factura cercana a los 8.000 millones de euros, según los cálculos del observatorio de la construcción, Seopan.
La banca acreedora es la principal interesada en la conclusión del concurso de acreedores, sea mediante un pacto o, como es más probable, por la vía de la liquidación. Fomento intentó llegar a un acuerdo con las entidades financieras, pero el enroque de las negociaciones a la hora de fijar una quita ha llevado la situación al límite.
La estrategia de Pastor ha cambiado. Ahora, la máxima del ministerio es aplazar el inicio del proceso de liquidación en los tribunales de lo Mercantil de Madrid, según fuentes judiciales. Por lo menos hasta después de las elecciones generales.
El Gobierno central está obligada a asumir la totalidad de los costes de la liquidación. Recae sobre todos los créditos que se concedieron en su día a las concesionarias para desarrollar infraestructuras como las radiales de Madrid (R2, R3, R4 y R5) o la M12 de acceso a la T-4 de Barajas la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), un blindaje incluido por ley que inicialmente se pensó como una forma de proteger a la banca ante posibles expropiaciones.
Las entidades (un grupo que incluye Bankia, Banco Santander, Caixabank, Banco Sabadell, Unicaja, ING, Lloyds, Ahorro Corporación o Royal Bank of Scotland, entre otros) recuperarán los préstamos mediante la aportación de fondos públicos. Quienes tienen más complicado recibir compensaciones por desarrollar las infraestructuras quebradas son las concesionarias.
Grandes grupos como Sacyr, ACS, Abertis u OHL dan por perdidas sus inversiones. De hecho, ya han provisionado en sus balances los costes de las fallidas, según otros interlocutores conocedores del proceso.
La liquidación de las autopistas elevaría el déficit público de España en hasta 0,8 puntos porcentuales, señaló Seopan, por lo que finalizar el proceso aleja al país del objetivo de déficit fijado desde la Unión Europea.
El observatorio manifestó que a los 4.500 millones de euros de valor oficial de las autopistas se debían sumar exigencias adicionales por parte de los accionistas (unos 1.200 millones) y las futuras contingencias en los tribunales.
Además de las cinco autopistas de peaje mencionadas anteriormente, han quebrado la AP-41 de Madrid-Toledo; la AP-36 de Ocaña-La Roda; la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
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