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| Los transportistas ya se manifestaron en 2013 en contra de los nuevos peajes en Gipuzkoa. (Rubén Plaza) |
La financiación de las carreteras lleva años enfrentando a la Diputación de Gipuzkoa con el sector del transporte y el Ejecutivo que encabeza Markel Olano no se libra de esta batalla. Ha bastado una semana al frente del Gobierno foral para que la Federación nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) se haya puesto en pie de guerra tras conocer la intención del nuevo Gobierno de implantar un peaje en la N-I, entre Irun y Etxegarate, para el tráfico pesado que transita por Gipuzkoa.
De esta forma, Fenadismer anunció ayer que planteará “un frente común” del sector del transporte español contra esta propuesta para la financiación de carreteras, que es uno de los ejes estratégicos del nuevo Gobierno. Tal y como expuso la pasada semana el diputado general, Markel Olano, la puesta en marcha de este peaje permitirá consolidar “la suficiencia financiera de Bidegi”, así como mantener medidas de descuento para usuarios, como la tarifa plana mensual de 25 euros para quienes disponen del dispositivo telemático Abiatu.
Sin embargo, Fenadismer, que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera del Estado, indicó que en caso de que prospere esta iniciativa “unilateral”, ya planteada en 2010 por el entonces también jeltzale Ejecutivo foral guipuzcoano, podría “vulnerar” el Decreto del Gobierno central sobre traspaso de competencias del Estado a Euskadi en materia de carreteras.
Al respecto, recordó que se establece “la obligatoriedad de que la Administración autonómica adopte los mismos objetivos que los establecidos por el Estado para dichas vías nacionales”.
La Federación recordó que la N-I es usada “de forma importante” por los transportistas españoles en su tránsito hacia Europa, y se calcula que “más de 7.000 camiones diarios” pasan por esa vía, por lo que el nuevo peaje anunciado “afectaría de forma muy negativa a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea”.
Además, destacó que el sector de transporte por carretera “ya financia sobradamente el presupuesto foral para conservación y construcción de carreteras” y añadió que la Diputación guipuzcoana “ingresa en sus arcas más de 260 millones de euros anuales procedentes de la fiscalidad que soporta el sector en concepto de impuesto de hidrocarburos y de circulación”. A su juicio, esto “contrasta” con el presupuesto anual dedicado a la conservación de carreteras “que es inferior a los 200 millones de euros”.
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