miércoles, 20 de noviembre de 2013

Otro cuento: "No vamos a poner un euro en las autopistas."

Parafraseando a las frases antiguas de “no vamos a poner un euro en los bancos”, nos encontramos otra vez con el mantra, una y otra vez repetido por Fomento para justificar el rescate de las concesionarias de autopistas en aras a salvar lo que también se dice en uno y otro lado como un modelo “de éxito”. Luego algunos se extrañarán de la “desafección” y de que no nos creamos absolutamente nada.

En principio, lo que tenemos que tener claro es que todas estas consignas tenemos que entenderlas en el concepto de un rescate a las concesionarias de autopistas, lo cual como poco tendría que hacer dudar de la frase: “modelo de éxito”, a menos que estemos hablando del robo perfecto.

Tenemos que entender que estamos hablando de que el estado asuma el control, (y las obligaciones de pago) de unas empresas privadas, (o eso eran cuando se planteaba un sistema de gestión privada, unos riesgos y unos potenciales beneficios), que tienen unos activos por importe de unos 600 millones de euros y unas deudas por importe de 3.500 millones, a los que habría que sumar otros 1.200 millones.

La combinación del resultado de unas empresas en pérdidas, un estado que no puede asumir más y un montón de infraestructuras vacías, mientras los ciudadanos nos vemos obligados a transitar por un montón de carreteras que presentan un deterioro alarmante, en las que además se imponen todo tipo de penalidades para que usemos los peajes, (desde eliminar dobles carriles hasta cambiar los límites de velocidad), difícilmente puede ser considerado un modelo de éxito, y mucho menos cuando resulta que cuando escogemos ir dando botes por una carretera hasta los topes, en medio de todos los problemas para no pagar el peaje, tengamos claro que en realidad lo acabaremos pagando de otra forma.

Pero el colmo de la sinvergüenza viene cuando nos cuentan que el estado no va a poner un euro. Porque puede ser que el literal pueda ser cierto, siempre y cuando se acabe la frase. Es decir, el estado no va a poner ni un solo euro en el primer momento, sino que lo que va a hacer es asumir la deuda de otros, para pagarla en caso de que los ciudadanos no podamos o no queramos pagarla vía su uso.

Esto va así; a fecha de hoy hay unas empresas privadas que tienen unas inversiones que tienen un valor patrimonial negativo. Es decir, tienen menos que cero. Y hay bancos, fondos de inversión y fondos de pensiones privados que han prestado más dinero del que podrían obtener por la venta de los activos. Pues para que todos estos ganen, alguien tendrá que pagar, y ese alguien somos nosotros, poniendo ahora, poniendo después o imponiendo unas condiciones para que entre todos tengamos que asumir este coste. Y todo ello, sin ninguna contraprestación, salvo el dudoso honor de hacer regalos a unos curiosos defensores del libremercado, que de despacho en despacho, logran llevarse siempre activos y dinero al contado, que el estado paga siempre a crédito.

Pero por si fuera poco, resulta que ahora el problema parece ser que las actuales concesionarias no se conforman con el 20% que se les ofrece de la nueva sociedad saneada y avalada con recursos públicos, sino que piden el 49%, porque pretenden recuperar las inversiones, cuando en realidad sus inversiones ahora tienen un valor negativo, que es la definición de empresa en quiebra.

Y esta definición de quiebra supone que las concesionarias han de reconocer que no tienen nada, y que los acreedores de estas han de entender que han perdido. Rescatando a todo el mundo, estamos ante otro salvaje caso de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios.

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