Entre marzo y junio del 2014. En ese período está previsto que la mayoría de los más de 1.200 expropiados por la AP-41, la de Madrid-Toledo, cobren las indemnizaciones que se les adeudan desde hace una década. Así lo asegura el abogado Fausto Sánchez Cano, que tramita los casos de afectados de Carranque, Serranillos del Valle, Illescas, Mocejón, Olías del Rey y Bargas. «Creo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha da una cierta seguridad del pago por parte del Estado», les explicaba por carta este abogado a sus clientes a finales de octubre.
Se refería a lo que la justicia determinó días antes: que sea la administración, debido a la quiebra de la concesionaria, la que abone las compensaciones económicas a los vecinos que, en el otoño de 2004, se vieron despojados de sus tierras para que en ellas se construyera una autopista de peaje. Esta condena afecta a los propietarios –el 90 por ciento del total– cuya indemnización es menor de 600.000 euros. El otro diez por ciento se divide entre los que ya han cobrado la indemnización, porque en su día llegaron a un acuerdo con la concesionaria de la A-41, y aquellos propietarios cuya reparación es superior a los 600.000 euros. En este último caso, el procedimiento aún no ha acabado, precisamente por la cantidad que se les adeuda, y está previsto que se eleve al Tribunal Supremo.
Conviene aclarar que si es el Estado el que pagará a los vecinos expropiados es porque la concesionaria de la autopista —integrada por el Banco Espíritu Santo, el Grupo Sando y Corsán-Corviam— se declaró en concurso de acreedores el año pasado. Esta concesionaria había ido retrasando el pago —al que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa le obligó en 2007 después de que se fijase un justiprecio— hasta que oficializó su quiebra.
En este punto, dice Sánchez Cano, los expropiados consiguieron que el TSJCM admitiera que, al no poder pagar la concesionaria, lo hiciera el Estado al ser suyos los terrenos donde se asienta la AP-41. La primera sentencia llegó en abril de este año. Pero no fue una resolución unánime, advierte el abogado, sino que tuvo un voto particular. El de un magistrado que argumentó que, si quebraba la concesionaria de la autopista, el responsable último de ella no era la administración central y que en todo caso se tendría que abrir un procedimiento aparte. «Con el tiempo que eso conllevaría», dice Sánchez Cano, quien fija ese período en «otros ocho años». Ese voto particular sirvió al abogado del Estado para presentar un recurso de reposición que, «aunque el TSJCM lo admitió en un primer momento, luego rectificó». Consecuencia: que el Estado tiene dos meses para pagar las compensaciones a los expropiados, ya que, según el abogado, ahora sí que la sentencia parece firme. No solo lo fijado en el justiprecio, sino también «una indemnización sustitutoria que asciende al 25 por ciento del total y los intereses de demora, que, como poco, son del 50 por ciento».
Pese a que al Estado «no le queda otra que pagar» a todos aquellos a los que corresponda una compensación menor de 600.000 euros, no es probable que lo haga este año, dice Sánchez Cano. Pero sí «entre marzo y junio del año próximo. Lo más probable es que esos pagos se incluyan en una partida de los próximos Presupuestos Generales».
La AP-41 no es la única autopista en la que hay expropiados que siguen sin cobrar una indemnización por parte de la concesionaria o, en su defecto, el Estado. También ocurre, por ejemplo, en la R-4, la radial que circula entre Madrid y Ocaña. Este abogado dice que de los vecinos cuyas tierras se encontraban entre Aranjuez y la M-50 «habrán cobrado solo la mitad». Aunque los tribunales madrileños «están siguiendo los mismos pasos que en Castilla-La Mancha».
La autopista de peaje Madrid-Toledo se inauguró el 29 de diciembre de 2006. La obra, iniciada un par de años antes, se presupuestó en 440 millones de euros. Con ella se pretendía que la nueva carretera acogiera una cuarta parte del tráfico de la A-42, es decir, unos 25.000 vehículos diarios. Sin embargo, la realidad, siete años después, es otra. Por la AP-41 apenas circulan 1.031 coches al día, según los datos del Ministerio de Fomento de los siete primeros meses de 2013. Lo cual supone solo un cuatro por ciento del tráfico calculado.
ABC.es 18/11/2013
Se refería a lo que la justicia determinó días antes: que sea la administración, debido a la quiebra de la concesionaria, la que abone las compensaciones económicas a los vecinos que, en el otoño de 2004, se vieron despojados de sus tierras para que en ellas se construyera una autopista de peaje. Esta condena afecta a los propietarios –el 90 por ciento del total– cuya indemnización es menor de 600.000 euros. El otro diez por ciento se divide entre los que ya han cobrado la indemnización, porque en su día llegaron a un acuerdo con la concesionaria de la A-41, y aquellos propietarios cuya reparación es superior a los 600.000 euros. En este último caso, el procedimiento aún no ha acabado, precisamente por la cantidad que se les adeuda, y está previsto que se eleve al Tribunal Supremo.
Conviene aclarar que si es el Estado el que pagará a los vecinos expropiados es porque la concesionaria de la autopista —integrada por el Banco Espíritu Santo, el Grupo Sando y Corsán-Corviam— se declaró en concurso de acreedores el año pasado. Esta concesionaria había ido retrasando el pago —al que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa le obligó en 2007 después de que se fijase un justiprecio— hasta que oficializó su quiebra.
En este punto, dice Sánchez Cano, los expropiados consiguieron que el TSJCM admitiera que, al no poder pagar la concesionaria, lo hiciera el Estado al ser suyos los terrenos donde se asienta la AP-41. La primera sentencia llegó en abril de este año. Pero no fue una resolución unánime, advierte el abogado, sino que tuvo un voto particular. El de un magistrado que argumentó que, si quebraba la concesionaria de la autopista, el responsable último de ella no era la administración central y que en todo caso se tendría que abrir un procedimiento aparte. «Con el tiempo que eso conllevaría», dice Sánchez Cano, quien fija ese período en «otros ocho años». Ese voto particular sirvió al abogado del Estado para presentar un recurso de reposición que, «aunque el TSJCM lo admitió en un primer momento, luego rectificó». Consecuencia: que el Estado tiene dos meses para pagar las compensaciones a los expropiados, ya que, según el abogado, ahora sí que la sentencia parece firme. No solo lo fijado en el justiprecio, sino también «una indemnización sustitutoria que asciende al 25 por ciento del total y los intereses de demora, que, como poco, son del 50 por ciento».
Pese a que al Estado «no le queda otra que pagar» a todos aquellos a los que corresponda una compensación menor de 600.000 euros, no es probable que lo haga este año, dice Sánchez Cano. Pero sí «entre marzo y junio del año próximo. Lo más probable es que esos pagos se incluyan en una partida de los próximos Presupuestos Generales».
La AP-41 no es la única autopista en la que hay expropiados que siguen sin cobrar una indemnización por parte de la concesionaria o, en su defecto, el Estado. También ocurre, por ejemplo, en la R-4, la radial que circula entre Madrid y Ocaña. Este abogado dice que de los vecinos cuyas tierras se encontraban entre Aranjuez y la M-50 «habrán cobrado solo la mitad». Aunque los tribunales madrileños «están siguiendo los mismos pasos que en Castilla-La Mancha».
La autopista de peaje Madrid-Toledo se inauguró el 29 de diciembre de 2006. La obra, iniciada un par de años antes, se presupuestó en 440 millones de euros. Con ella se pretendía que la nueva carretera acogiera una cuarta parte del tráfico de la A-42, es decir, unos 25.000 vehículos diarios. Sin embargo, la realidad, siete años después, es otra. Por la AP-41 apenas circulan 1.031 coches al día, según los datos del Ministerio de Fomento de los siete primeros meses de 2013. Lo cual supone solo un cuatro por ciento del tráfico calculado.
ABC.es 18/11/2013
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