La segunda circunvalación de Alicante, la autopista de peaje que se construyó en pleno ciclo de expansión económica, bajo el mandato de José María Aznar como presidente del Gobierno, ya no se ve abocada a un cierre seguro. El Ministerio de Fomento informó ayer de que ultima la constitución de la nueva sociedad pública de autopistas con la que se busca evitar la quiebra a una decena de vías de pago, entre ellas la AP-7, que actualmente afrontan problemas económicos y financieros, y que en su mayor parte están en concurso de acreedores. Incluida la que construyó Ciralsa, una empresa participada y liderada por la constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.
Todas estas autopistas, salvo Ausur (la que une Cartagena y Vera), han manifestado ya al Departamento que dirige Ana Pastor su disposición a sumarse a la empresa pública, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
La sociedad de autopistas, que debe estar lista antes de fin de año y que se aprobará por Real Decreto, se constituirá así a partir del proyecto diseñado por Fomento. Hace justo un mes, Ciralsa desconocía, ante el ultimátum que le dio el Ministerio de Fomento, si aceptaría o no las condiciones de fuerte quita del capital social para integrarse en Seittsa.
Ahora ya se despeja la incógnita. Se acepta la gran rebaja del capital social a cambio del rescate. Según este proyecto, el Ministerio, a través de su sociedad Seittsa, controlará el 80% del capital de la empresa de autopistas. El 20% restante se lo repartirán las sociedades concesionarias actualmente titulares de las autopistas en problemas que se integrarán en la empresa. En el caso de la segunda circunvalación, Ciralsa (participada por ACS, Abertis y Globalvía, integrada a su vez por Bankia y FCC).
Este porcentaje de participación parte con un valor de 122 millones, dado que la sociedad se constituye valorada en 608 millones. La parte correspondiente al Estado equivale a la capitalización de las ayudas que hasta ahora ha dado al sector.
El proyecto contempla también que, además del porcentaje del 20% en la nueva sociedad, Fomento abonará a las concesionarias 350 millones de euros por los importes que les adeuda por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas y las modificaciones que sufrieron sus proyectos de obra.
En paralelo, el departamento de Ana Pastor ya tiene cerrado un acuerdo con los bancos acreedores de las autopistas, que suman una deuda de unos 3.500 millones de euros. Este acuerdo con la banca es el que exige que la nueva empresa de autopistas esté lista antes de fin de año.
El administrador concursal envió a principios de octubre al titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, como adelantó este diario, el informe sobre la situación patrimonial y reclamación de los distintos acreedores y proveedores de Ciralsa, elaborado por PwC y que fija un pasivo de 528 millones de euros. Entre los principales acreedores financieros están SabadellCAM (heredero de CAM), Caixabank, Bankia y Banco Espíritu Santo. Este último banco participó como financiero y como inversor en varias sociedades concesionarias, al igual que Bankia.
Dentro del pasivo se incluyen los 74 millones de euros que están en litigio, la mayoría por el precio de las expropiaciones, que se dispararon por las resoluciones judiciales que tumbaban el justiprecio y que ganaron miles de afectados, también en Alicante.
Las autopistas que se integrarán en la sociedad son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas. Sus sociedades concesionarias están en su mayoría participadas por las grandes constructoras (ACS, Sacyr, Ferrovial OHL y Abertis), además de por Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia) y alguna entidad financiera.
Todas estas vías, las de más reciente construcción y que supusieron una inversión de unos 5.600 millones de euros, se han visto afectadas por los sobrecostes que afrontaron con la expropiación de los terrenos sobre los que se construyeron y el desplome de los tráficos por la crisis. En el caso de AP-7 la crisis lo ha reducido a solo 6.000 vehículos diarios, 2.000 menos de lo previsto.
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