lunes, 20 de abril de 2015

El peaje del Maresme no se prolongará

Peaje de la C-32 en Premià de Mar Sergi Alcazar Badia
El secretario de Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, ha salido al paso de los rumores que apuntan a la prolongación del peaje de la C-32 a la concesionaria Aucat más allá del 2021, en pago por la inversión en la construcción del nuevo ramal de la autopista hasta Lloret de Mar. El tramo de 7,6 kilómetros tiene un coste de 71 millones y en el 2017 enlazará la C-32 con la carretera GI-600, pero en ningún caso se financiará extendiendo la concesión del peaje más allá del 2021, año en que expira. El Govern abre así la posibilidad de materializar la propuesta de convertir el actual trazado de la carretera N-II en un gran paseo urbano tal y como informó La Vanguardia el pasado día 4.

Este responsable de infraestructuras pronostica que, caso de que el contrato con Abertis expirase ahora, "el gobierno actual sería partidario de escuchar al territorio y pagar la deuda pendiente a través de la vía presupuestaria" entre otros motivos porque, argumenta, "estamos convencidos que no se debe ampliar la concesión". Con ello, Font rebate los argumentos que "sólo utilizan una parte, la de prolongar la concesión sin explicar todo el conjunto".

Ricard Font detalla que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentado una propuesta de actuación en torno a la prolongación de la C-32 entre Tordera, Blanes y Lloret que contractualmente permite "tres fórmulas para combinar el retorno de la inversión con esta colaboración público-privada". La primera y prioritaria es la financiación a través de la inducción del tráfico, tal como prevé el convenio aprobado en el 2009 y firmado por el anterior ejecutivo en 2010. Con ello, "si el crecimiento del tráfico es real, se puede financiar la construcción". En caso contrario, Font apunta que "la cuenta pendiente también se puede saldar con el pago presupuestario". Otra posibilidad incluida en el mismo convenio es la de "pagar la deuda con la ampliación de la concesión".

Ante la propuesta surgida desde el Departament de Territori para convertir el trazado de la N-II en un gran paseo urbano que una las poblaciones costeras del Maresme, Ricard Font desvela el detalle del proceso de elaboración del nuevo plan de movilidad de la comarca, cuya fase de diagnóstico se está en el tramo final, por lo que espera que en los próximos meses se presente a los alcaldes.

La voluntad de la conselleria "es obtener el consenso del territorio" y de ahí que el plan de movilidad global permitirá incluir "todas aquellas propuestas que la comarca crea oportunas", incluso reclamar los 300 millones que el Estado adeuda en concepto de cambio de titularidad y pacificación de la N-II, a los que cabe sumar otros 100 que la Generalitat cobró en su día pero que empleó para liquidar deudas urgentes en viviendas sociales.

Font recuerda que siempre han hecho caso al territorio, como prueba la suspensión del proyecto de las calzadas laterales en la C-32, que el anterior gobierno tripartito (PSC-ICV y ERC) ya había adjudicado y que desencadenó un movimiento en contra.

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