En las obras públicas hay que distinguir entre proyectos realizables y utópicos. No se trata normalmente de un problema de dificultad técnica, pues los avances de la ingeniería permiten regatear los aparentes obstáculos. La experiencia nos enseña que es una simple cuestión de prioridades presupuestarias. Eso es exactamente lo que a mi juicio acontece con los proyectos del tercer carril en Rande y la A-57. El primero va a ser una realidad, marcando un hito constructivo; el segundo viene de viejo, huele a quimera y, para colmo, se ha contaminado de malestar social.
Actualmente asistimos a la movilización creciente de ciudadanos conducidos a través de la plataforma Salvemos A Fracha para frenar el proyecto de la autovía Vigo-Pontevedra-Vilagarcía. La llamada A-57 que viene de antiguo como pretendida alternativa gratuita a la autopista de peaje.
Al mismo tiempo, el tramo previsto para Pontevedra retoma la viejísima idea de dotar a la capital de la provincia con una circunvalación que numerosos políticos han venido prometiendo en falso desde hace 25 años.
Vecinos de Marcón, Tomeza, Bértola y Figueirido han reunido 15.000 firmas a través de Change.org; se han hecho escuchar en el Parlamento Europeo a través de Lidia Senra (AGE) y se aprestan a reunir fondos para acudir a los tribunales con el fin de parar lo que han calificado como «capricho» de la ministra Ana Pastor.
Este colectivo social se siente huérfano de representación en la actual corporación, donde PP y PSOE, por supuesto, apoyan un proyecto que manosearon en sus respectivas etapas de gobierno en Madrid. Pero también el BNG, pese a que Lores y otros miembros del grupo nacionalista residen en los lugares afectados y son convecinos de muchos de cuantos protestan por el impacto medioambiental que temen.
Posiblemente el alcalde y su grupo apoyarán mañana lunes, como hará también el PSOE, una moción del PP para respaldar la ejecución del proyecto. La enésima declaración de esta naturaleza en las últimas décadas.
Para tranquilidad de los vecinos de Marcón y demás núcleos que se verían afectados por las trincheras, desmontes y demás heridas orográficas que causaría la pretendida A-57, las probabilidades de que el proyecto se ejecute son ínfimas, a juzgar por los retrasos acumulados, los recortes presupuestarios y el sinfín de excusas empleadas.
Por mucho que Ana Pastor quiera dejar su huella en Pontevedra, las arcas del Ministerio de Fomento están desangradas. Los pocos recursos que hay para Galicia no pueden distraerse de terminar los tajos aún pendientes (sobre todo el eterno AVE).
Muy difícil que la ministra pueda colocar mil millones de euros en hacer los 64 kilómetros de la pretendida A-57. Ni siquiera los 80 millones del subtramo Vilaboa-Pontevedra que servirían de periférico de la capital.
No me lo creo. Máxime cuando el ministerio no podía afrontar el coste de la ampliación del puente de Rande que finalmente saldrá por 136 millones, según la oferta triunfadora, de la ute Dragados y Puentes y Calzadas.
Pero Fomento ya había desistido hace mucho tiempo y tuvo que acudir a que la propia concesionaria de la autopista financie la construcción del tercer carril y demás obras complementarias, para lo que Audasa obtuvo 400 millones de euros con una emisión de obligaciones que triunfó en los patios financieros. Bien es cierto que el hecho de que pague Audasa resulta impecable porque se lo va a llevar crudo compensándolo hasta el 2048 con lo que cobra en peajes.
Al final van a tener razón los de Salvemos A Fracha y nos rentarán más los 80 millones de euros colocados en bonificar los peajes de los conductores de Pontevedra que empleamos a diario la AP-9 para desplazarnos, que consignarlos a una circunvalación virtual.
Actualmente asistimos a la movilización creciente de ciudadanos conducidos a través de la plataforma Salvemos A Fracha para frenar el proyecto de la autovía Vigo-Pontevedra-Vilagarcía. La llamada A-57 que viene de antiguo como pretendida alternativa gratuita a la autopista de peaje.
Al mismo tiempo, el tramo previsto para Pontevedra retoma la viejísima idea de dotar a la capital de la provincia con una circunvalación que numerosos políticos han venido prometiendo en falso desde hace 25 años.
Vecinos de Marcón, Tomeza, Bértola y Figueirido han reunido 15.000 firmas a través de Change.org; se han hecho escuchar en el Parlamento Europeo a través de Lidia Senra (AGE) y se aprestan a reunir fondos para acudir a los tribunales con el fin de parar lo que han calificado como «capricho» de la ministra Ana Pastor.
Este colectivo social se siente huérfano de representación en la actual corporación, donde PP y PSOE, por supuesto, apoyan un proyecto que manosearon en sus respectivas etapas de gobierno en Madrid. Pero también el BNG, pese a que Lores y otros miembros del grupo nacionalista residen en los lugares afectados y son convecinos de muchos de cuantos protestan por el impacto medioambiental que temen.
Posiblemente el alcalde y su grupo apoyarán mañana lunes, como hará también el PSOE, una moción del PP para respaldar la ejecución del proyecto. La enésima declaración de esta naturaleza en las últimas décadas.
Para tranquilidad de los vecinos de Marcón y demás núcleos que se verían afectados por las trincheras, desmontes y demás heridas orográficas que causaría la pretendida A-57, las probabilidades de que el proyecto se ejecute son ínfimas, a juzgar por los retrasos acumulados, los recortes presupuestarios y el sinfín de excusas empleadas.
Por mucho que Ana Pastor quiera dejar su huella en Pontevedra, las arcas del Ministerio de Fomento están desangradas. Los pocos recursos que hay para Galicia no pueden distraerse de terminar los tajos aún pendientes (sobre todo el eterno AVE).
Muy difícil que la ministra pueda colocar mil millones de euros en hacer los 64 kilómetros de la pretendida A-57. Ni siquiera los 80 millones del subtramo Vilaboa-Pontevedra que servirían de periférico de la capital.
No me lo creo. Máxime cuando el ministerio no podía afrontar el coste de la ampliación del puente de Rande que finalmente saldrá por 136 millones, según la oferta triunfadora, de la ute Dragados y Puentes y Calzadas.
Pero Fomento ya había desistido hace mucho tiempo y tuvo que acudir a que la propia concesionaria de la autopista financie la construcción del tercer carril y demás obras complementarias, para lo que Audasa obtuvo 400 millones de euros con una emisión de obligaciones que triunfó en los patios financieros. Bien es cierto que el hecho de que pague Audasa resulta impecable porque se lo va a llevar crudo compensándolo hasta el 2048 con lo que cobra en peajes.
Al final van a tener razón los de Salvemos A Fracha y nos rentarán más los 80 millones de euros colocados en bonificar los peajes de los conductores de Pontevedra que empleamos a diario la AP-9 para desplazarnos, que consignarlos a una circunvalación virtual.
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