Las concesionarias de autopistas de peaje que rescatará el Gobierno, aquéllas en situación de quiebra o con dificultades económicas, lograron reducir el pasado año las cuantiosas pérdidas que registraron en 2012, sin duda su peor año desde el punto de vista de vista financiero, aunque no pudieron esquivar unos números rojos que en total se fueron por encima de los 150 millones de euros. En los tres últimos ejercicios, las pérdidas de estas concesionarias, entre las que se encuentran las de las célebres radiales de Madrid, superan los 800 millones de euros.
El ejercicio más complicado de estos tres últimos años fue 2012, el año que contempló un mayor número de concursos de acreedores entre las concesionarias de autopistas de peaje, incapaces de afrontar su elevada deuda debido a factores como los sobrecostes por expropiaciones y el desplome de los tráficos como consecuencia de los efectos de la crisis económica.
En aquel año, las pérdidas de las concesionarias en complicada situación económica se fueron por encima de los 550 millones de euros y la peor parada fue Autopista Madrid-Sur, que opera la Radial 4, con un resultado negativo de algo más de 247 millones de euros. En cambio, la concesionaria cerró 2013 con pérdidas de 21,5 millones.
Accesos de Madrid, que opera las radiales 3 y 5, terminó el pasado año con pérdidas cercanas a los 40 millones de euros, un resultado similar al que registró en 2012.
La concesionaria de la M-12, el peaje que conduce a la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, perdió en 2013 algo más de 19 millones de euros, el año en que finalmente se declaró en concurso de acreedores.
Las concesionarias que están en los planes de rescate del Gobierno acumulan un pasivo conjunto superior a los 4.000 millones de euros, aunque el Ejecutivo está dispuesto a asumir tan sólo la mitad de esta cuantía, tal y como ha propuesto a la banca acreedora.
El 50% restante prevé financiarlo a través de un bono con vencimiento a 30 años, cuyo rendimiento podría alcanzar el 4% en función de la evolución de los tráficos, aunque su punto de partida será del 1%.
El Ministerio de Fomento, junto con los de Economía y Hacienda, prosigue estudiando las alternativas a esta solución remitidas por las partes implicadas en el rescate, tanto los grupos constructores accionistas de las concesionarias como los bancos acreedores. El proceso, que pareció tomar un carácter de extrema urgencia hace poco más de un mes, lleva tiempo ralentizado y lo más probable es que no haya novedades hasta después de las elecciones europeas.
La intención del Gobierno es crear una sociedad pública que aglutine las concesiones que se encuentran en esta situación, en torno a diez, aunque aún no esta cerrado cuáles entrarán en el plan.
Sin embargo, el Ejecutivo no debería dormirse en los laureles, toda vez que las primeras concesionarias que acudieron al proceso concursal cumplen ya dos años en esta situación y podrían verse obligadas a acudir a una liquidación si antes no ha llegado una solución.
El ejercicio más complicado de estos tres últimos años fue 2012, el año que contempló un mayor número de concursos de acreedores entre las concesionarias de autopistas de peaje, incapaces de afrontar su elevada deuda debido a factores como los sobrecostes por expropiaciones y el desplome de los tráficos como consecuencia de los efectos de la crisis económica.
En aquel año, las pérdidas de las concesionarias en complicada situación económica se fueron por encima de los 550 millones de euros y la peor parada fue Autopista Madrid-Sur, que opera la Radial 4, con un resultado negativo de algo más de 247 millones de euros. En cambio, la concesionaria cerró 2013 con pérdidas de 21,5 millones.
Accesos de Madrid, que opera las radiales 3 y 5, terminó el pasado año con pérdidas cercanas a los 40 millones de euros, un resultado similar al que registró en 2012.
La concesionaria de la M-12, el peaje que conduce a la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, perdió en 2013 algo más de 19 millones de euros, el año en que finalmente se declaró en concurso de acreedores.
Las concesionarias que están en los planes de rescate del Gobierno acumulan un pasivo conjunto superior a los 4.000 millones de euros, aunque el Ejecutivo está dispuesto a asumir tan sólo la mitad de esta cuantía, tal y como ha propuesto a la banca acreedora.
El 50% restante prevé financiarlo a través de un bono con vencimiento a 30 años, cuyo rendimiento podría alcanzar el 4% en función de la evolución de los tráficos, aunque su punto de partida será del 1%.
El Ministerio de Fomento, junto con los de Economía y Hacienda, prosigue estudiando las alternativas a esta solución remitidas por las partes implicadas en el rescate, tanto los grupos constructores accionistas de las concesionarias como los bancos acreedores. El proceso, que pareció tomar un carácter de extrema urgencia hace poco más de un mes, lleva tiempo ralentizado y lo más probable es que no haya novedades hasta después de las elecciones europeas.
La intención del Gobierno es crear una sociedad pública que aglutine las concesiones que se encuentran en esta situación, en torno a diez, aunque aún no esta cerrado cuáles entrarán en el plan.
Sin embargo, el Ejecutivo no debería dormirse en los laureles, toda vez que las primeras concesionarias que acudieron al proceso concursal cumplen ya dos años en esta situación y podrían verse obligadas a acudir a una liquidación si antes no ha llegado una solución.
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