Las autopistas de peaje en riesgo de quiebra siguen ahí, varadas a la espera de que alguien (véase Fomento) acuda en su rescate. Puede que el pasado mes de abril el departamento de Ana Pastor agitase el sector negociando con bancos, constructoras y concesionarias una solución final a este controvertido problema, pero la llegada de las elecciones europeas ha sido capaz de paralizarlo todo.
Primero porque el Gobierno, consciente de la importancia de estos comicios para medir el pulso entre el electorado, no está dispuesto a llevar a cabo un rescate que pueda pasarle factura en las urnas. Más que nada porque una operación de este tipo sería muy difícil de explicar a los ciudadanos y por lo tanto de combatirla mediáticamente generando una corriente de opinión favorable. Además, esta solución supondría vivificar en la memoria colectiva episodios como el del rescate bancario o la eterna disyuntiva sobre hacia qué lado barre el Gobierno, el de las empresas o el de la gente.
Pero la razón por la cual aún no se ha puesto punto y final al problema de las autopistas de peaje no obedece únicamente a las necesidades electorales de Mariano Rajoy, también tiene que ver con el hecho de que un hipotético plan de rescate, sea cual fuere y sin importar en qué condiciones tuviera lugar, tendrá que ser validado sí o sí por Bruselas.
Así pues, algunas fuentes destacan que el Ejecutivo podría dejar en el congelador la creación de esa nonata y al mismo tiempo archifamosa empresa pública de autopistas mientras se reparten los despachos en la Comisión Europea. Un hecho que no deja de evidenciar hasta qué punto España ha perdido soberanía en beneficio de Bruselas.
Pero es lo que hay, los objetivos de déficit están ahí, hay que cumplirlos y cualquier cosa que se parezca a apuntarse la deuda de más de 4.600 millones de euros que arrastran la decena de autopistas susceptibles de ser rescatadas no será bienvenida por los burócratas que a partir de junio comenzarán a calentar, otra vez, los sillones de los despachos de la Comisión en la capital de Bélgica.
De esta manera, todo hace indicar que la salida al problema de las autopistas en riesgo de quiebra seguirá dilatándose en el tiempo. Eso sí, lo más recomendable sería abordar esta problemática antes del próximo 18 de julio, fecha en que tendrá lugar la junta de acreedores de la Autopista de Peaje entre Ocaña y La Roda, conocida como la AP-36, y en la que se decidirá si se acepta el convenio propuesto por los gestores para dar viabilidad al activo o por el contrario se opta por la liquidación. Cabe recordar que de todas las vías en crisis ésta es la que más avanzado tiene su concurso de acreedores. No obstante, esta vía ya aplazó su junta de accionistas anteriormente, algo que podría volver a hacerse y que abriría la puerta a que el Gobierno posponga el problema hasta después de verano.
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