El consejero Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Ejecutivo aragonés, Rafael Fernández de Alarcón, ha informado de su intención de proponer "en próximas fechas" al Consejo de Gobierno la presentación de una queja o un recurso ante la decisión de la Generalitat de Cataluña de implantar el pago obligatorio en el peaje de la C-25 de Cervera a Girona.
En respuesta a una pregunta del diputado de CHA, Gregorio Briz, en el pleno de las Cortes autonómicas, el consejero ha dicho que formulará esta propuesta "una vez tenga los informes jurídicos suficientes" con el objetivo de que los transportistas con cargas que tengan origen o destino en Aragón "no se vean obligados a pagar un peaje que encarecería" los productos o el consumo en la Comunidad.
Fernández de Alarcón ha indicado que es un asunto "complejo", que "afecta a la economía de toda España, también negativamente a la de Cataluña". Ha añadido que "no sabemos dónde presentaremos" esa queja o recurso "y con qué apoyos", pero ha mostrado su confianza en contar con el del Parlamento aragonés.
Según ha apuntado, la medida de la Generalitat está basada en una directiva de protección ambiental y, entre otras cosas, ha comentado que la acción del Gobierno de Aragón se podría basar en que la C-25 "no es puramente una autopista".
El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha reclamado que los transportistas aragoneses "no sufran un peaje más", para sostener que la Comunidad autónoma "siempre tiene el agravio" y la "dificultad" para el acceso a Europa al no contar con comunicaciones adecuadas en su frontera con Francia.
Por otra parte, ha estimado que la decisión catalana es una "injerencia de una competencia estatal y ustedes tiene que decir algo como Gobierno", una tasa que la Generalitat "quería implantar hace tiempo" y "ahora vuelven a la carga".
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