Una sociedad pública para rescatar a las nueve autopistas de peaje en graves dificultades económicas, la mayor parte de ellas -como los accesos radiales de pago a Madrid- de la época en que el hoy líder de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ocupaba la cartera de Fomento. Esa es la solución elegida por el Ministerio, con Ana Pastor al frente, para «salvar el sistema concesional español».
Estas sociedades de peaje en quiebra acumulan una deuda de 3.500 millones de euros y el objetivo del Ejecutivo de Rajoy es que entren en una empresa participada de forma mayoritariamente por el Estado, similar a la desaparecida Empresa Nacional de Autopistas (ENA). En las vías con problemas participan 52 entidades financieras, 10 constructoras y 21 socios. Además, hay miles de propietarios de terreno que fueron expropiados para la construcción de las calzadas y que aún están pendientes de recibir la correspondiente compensación económica.
La crisis de las concesionarias obedece a unos estudios previos de aforo muy por encima de los niveles reales de la circulación, la caída de los tráficos a causa de la crisis y el sobrecoste de las expropiaciones. El objetivo final de Fomento pasa ahora por restablecer el equilibrio económico y financiero de las autopistas para que vuelvan a manos privadas.
Según ha avanzado Fomento, la sociedad estatal de autopistas tendrá un valor de 608 millones de euros. Las empresas detentarán un 20% del capital. El 80% restante queda en manos del Estado, a través de Seittsa, sociedad de Fomento. Su porcentaje es resultado de reconvertir en acciones las ayudas por valor de 473 millones que el Ministerio ya ha facilitado al sector concesional del país.
Antes de impulsar la sociedad pública, el Ejecutivo central había consignado en los Presupuestos Generales del presente ejercicio una ampliación de las cuentas de compensación, con el objetivo de garantizar a las concesionarias hasta el 80% de los ingresos por tráfico que habían previsto, cuando hasta ahora la Administración únicamente se hacía cargo de un 49%. Y es que la circulación real por estas autopistas en apuros no llega ni siquiera al 30% de lo esperado. Además, el Ministerio de Fomento también intentó que el sector financiero se implicara en una solución para las concesionarias, a través de medidas tales como períodos de carencia o quitas en el pago de los créditos pendientes.
Preocupado por los enormes desfases, el Ministerio también abrió una investigación en torno a lo que calificó de «desorbitados» importes de algunas expropiaciones de terrenos realizadas para la construcción vías de peaje que, muy pocos años después, están prácticamente en la quiebra. Entre ellas están las vías radiales de acceso a Madrid, ejecutadas cuando Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. Las expropiaciones cerradas por hasta 30 veces más del valor previsto, unido a un nivel de tráfico que se quedó muy por debajo de lo calculado, desembocaron en sobrecostes que han llevado a la ruina a las sociedades concesionarias.
Javier Fernández, presidente del Principado, aseguró en la Junta, en el debate sobre el estado de la región, que, en realidad, estos sobrecostes son «responsabilidad» del líder de Foro Asturias en sus tiempos ministeriales. Sea como fuere, las autopistas radiales, que se justificaron en la necesidad de descongestionar los accesos a la capital de España son hoy, casi una década después de su inauguración, un enorme agujero económico que obliga ahora al Ministerio de Ana Pastor ha volcarse en su rescate.
La autopista entre la localidad murciana de Cartagena y la almeriense de Vera se convirtió hace un par de meses en la sexta vía de pago de la época de Cascos en Fomento en entrar en concurso de acreedores, a causa de la deuda multimillonaria acumulada. Las otras son tres radiales de Madrid (R-3, R-4 y R-5), la Madrid-Toledo y la Ocaña-La Roda.
Las vías asturianas de pago no tienen problemas tan graves, aunque también sufren las consecuencias de la crisis económica. Aucalsa, la concesionaria del Huerna, cuyo peaje fue prorrogado por Álvarez-Cascos, siguió ganando dinero en 2012, aunque sus beneficios se redujeron notablemente. Los 9 millones que ganó en 2011 suponen un 25% menos que en 2008. Por lo que concierne a la denominada Autovía de la Industria (ASII), una alternativa a la «Y» entre Oviedo y Gijón, está explotada en régimen de «peaje en la sombra» por Viastur, una sociedad que cobra del Principado por cada vehículo, suma pérdidas millonarias, pero no está en la catastrófica situación de las del tiempo de Cascos en el Ministerio. Viastur ha reclamado por vía judicial una mejora de las condiciones de la concesión, pero los tribunales han rechazado en primera instancia la petición de la empresa concesionaria.
La Nueva España.es 10/06/2013
Estas sociedades de peaje en quiebra acumulan una deuda de 3.500 millones de euros y el objetivo del Ejecutivo de Rajoy es que entren en una empresa participada de forma mayoritariamente por el Estado, similar a la desaparecida Empresa Nacional de Autopistas (ENA). En las vías con problemas participan 52 entidades financieras, 10 constructoras y 21 socios. Además, hay miles de propietarios de terreno que fueron expropiados para la construcción de las calzadas y que aún están pendientes de recibir la correspondiente compensación económica.
La crisis de las concesionarias obedece a unos estudios previos de aforo muy por encima de los niveles reales de la circulación, la caída de los tráficos a causa de la crisis y el sobrecoste de las expropiaciones. El objetivo final de Fomento pasa ahora por restablecer el equilibrio económico y financiero de las autopistas para que vuelvan a manos privadas.
Según ha avanzado Fomento, la sociedad estatal de autopistas tendrá un valor de 608 millones de euros. Las empresas detentarán un 20% del capital. El 80% restante queda en manos del Estado, a través de Seittsa, sociedad de Fomento. Su porcentaje es resultado de reconvertir en acciones las ayudas por valor de 473 millones que el Ministerio ya ha facilitado al sector concesional del país.
Antes de impulsar la sociedad pública, el Ejecutivo central había consignado en los Presupuestos Generales del presente ejercicio una ampliación de las cuentas de compensación, con el objetivo de garantizar a las concesionarias hasta el 80% de los ingresos por tráfico que habían previsto, cuando hasta ahora la Administración únicamente se hacía cargo de un 49%. Y es que la circulación real por estas autopistas en apuros no llega ni siquiera al 30% de lo esperado. Además, el Ministerio de Fomento también intentó que el sector financiero se implicara en una solución para las concesionarias, a través de medidas tales como períodos de carencia o quitas en el pago de los créditos pendientes.
Preocupado por los enormes desfases, el Ministerio también abrió una investigación en torno a lo que calificó de «desorbitados» importes de algunas expropiaciones de terrenos realizadas para la construcción vías de peaje que, muy pocos años después, están prácticamente en la quiebra. Entre ellas están las vías radiales de acceso a Madrid, ejecutadas cuando Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. Las expropiaciones cerradas por hasta 30 veces más del valor previsto, unido a un nivel de tráfico que se quedó muy por debajo de lo calculado, desembocaron en sobrecostes que han llevado a la ruina a las sociedades concesionarias.
Javier Fernández, presidente del Principado, aseguró en la Junta, en el debate sobre el estado de la región, que, en realidad, estos sobrecostes son «responsabilidad» del líder de Foro Asturias en sus tiempos ministeriales. Sea como fuere, las autopistas radiales, que se justificaron en la necesidad de descongestionar los accesos a la capital de España son hoy, casi una década después de su inauguración, un enorme agujero económico que obliga ahora al Ministerio de Ana Pastor ha volcarse en su rescate.
La autopista entre la localidad murciana de Cartagena y la almeriense de Vera se convirtió hace un par de meses en la sexta vía de pago de la época de Cascos en Fomento en entrar en concurso de acreedores, a causa de la deuda multimillonaria acumulada. Las otras son tres radiales de Madrid (R-3, R-4 y R-5), la Madrid-Toledo y la Ocaña-La Roda.
Las vías asturianas de pago no tienen problemas tan graves, aunque también sufren las consecuencias de la crisis económica. Aucalsa, la concesionaria del Huerna, cuyo peaje fue prorrogado por Álvarez-Cascos, siguió ganando dinero en 2012, aunque sus beneficios se redujeron notablemente. Los 9 millones que ganó en 2011 suponen un 25% menos que en 2008. Por lo que concierne a la denominada Autovía de la Industria (ASII), una alternativa a la «Y» entre Oviedo y Gijón, está explotada en régimen de «peaje en la sombra» por Viastur, una sociedad que cobra del Principado por cada vehículo, suma pérdidas millonarias, pero no está en la catastrófica situación de las del tiempo de Cascos en el Ministerio. Viastur ha reclamado por vía judicial una mejora de las condiciones de la concesión, pero los tribunales han rechazado en primera instancia la petición de la empresa concesionaria.
La Nueva España.es 10/06/2013
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