La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado con vehemencia que la salvación de las autopisteras al borde de la quiebra “en ningún caso supondrá una aportación de fondos públicos de todos los españoles”.
Señora ministra, no basta con asegurar de forma tan contundente tan piadoso propósito. “Lo digo alto y claro”, aseguró en Rueda de Prensa. Es preciso que lo jure usted sin cruzar los dedos o que lo firme ante notario.
El año pasado mantenía usted la misma doctrina y los contribuyentes tuvimos que pagar 290 millones de euros a los concesionarios para que fueran tirando.
Añadió Pastor que “el Gobierno trabaja en encontrar una solución equilibrada y razonable” pero no dio pistas de como va a proceder ante el agujero amenazante de más de 4.000 millones de euros que nos van a horadar nueve concesionarias que no pueden pagar ni los intereses de la deuda.
Me estoy refiriendo básicamente a las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), que fueron proyectadas por Francisco Álvarez Cascos durante el gobierno de Aznar, y a la autopista Alicante-Cartagena-Vera, entre otras.
José María Aznar en el momento solemne del corte de cintas aseguró que estas vías suponían “un antes y un después” en el proceso de modernización y competitividad de España. Una herencia envenenada de la ministra Pastor.
Las soluciones que propone patronal de las autopistas de peaje no dan pie al “equilibrio razonable”. Aseta sugiere: ampliar la vida de las concesiones, algunas de las cuales no serán nunca rentables; que los usuarios paguen por usar las autovías públicas; refinanciar la deuda; o la expropiación por parte del Estado que se tragaría el marrón.
Entregar más dinero a los autopisteros sería un escándalo en cualquier circunstancia pero en las presentes, cuando se recorta en asuntos vitales para los ciudadanos, como las medicinas, o para el futuro económico como la investigación y el desarrollo, me parece un desatino intolerable.
Las concesionarias hicieron un cálculo descabellado de la intensidad de tráfico previsible, no tanto por incompetencia, que también la hubo sino porque en el fondo les daba igual.
Los autopisteros se lanzaron a la aventura apalancadas, con la alegría del crédito fácil que suponían que no había que devolver. Con el convencimiento proporcionado por la experiencia de que, llegado el caso, el Estado acudiría en su socorro.
Ahora tienen la oportunidad de pagar su error o su malicia y el Gobierno la de dar ejemplo. Hubo también, ciertamente, incompetencia estatal y judicial al pagar cifras astronómicas por las expropiaciones a los propietarios de los suelos pero el Estado no debería arrugarse ante la amenaza de exigencias de compensaciones patrimoniales.
El ladrillo no ha sido el único culpable del desmadre generando la burbuja que está en el origen de nuestros males. Lo es también el asfalto tirado a troche y moche.
O los trenes usados por 20 ó 30 pasajeros al día, o proyectos injustificables en estos momentos como los AVE a Asturias, a Galicia o a Badajoz, estos dos últimos por salvar la cara de los respectivos gobiernos “populares”.
Son hechos que han alimentado en la opinión europea, reticencias respecto a nuestro país.
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