La Diputación propondrá a los partidos políticos en las Juntas Generales un sistema de financiación de las carreteras guipuzcoanas que contempla el cobro de peaje en las vías de alta capacidad. Según ha podido saber este periódico, la propuesta establece el cobro en la N-I, aunque no es descartable que también afecte a la autovía de Navarra.
El sistema de tarificación en el que trabaja la Diputación se denomina ‘Arkupe’ (Bajo el arco). La principal medida que contempla es el cobro en la N-I a los vehículos pesados y ligeros foráneos. Es decir, se pretende que el tráfico de paso que discurre por Gipuzkoa, en su mayor medida hacia la frontera o procedentes de ella, contribuya al mantenimiento de la red viaria. Para los ligeros guipuzcoanos, la N-I seguirá siendo gratuita, en tanto que para los camioneros locales surgen dudas.
En principio, la directiva europea no permite discriminar entre transportistas locales y foráneos. La Diputación, consciente de la difícil situación económica del sector, está estudiando fórmulas para que los transportistas guipuzcoanos no salgan perjudicados. De hecho, según ha podido saber este periódico, representantes de la Diputación se reunieron este jueves en Bruselas con miembros de la Comisión Europea para que den el visto bueno a la propuesta.
El sistema que quiere implantar la Diputación es de libre circulación, es decir, no precisa que los vehículos paren para abonar el peaje. En lugar de las áreas de cobro habituales, este sistema se basa en la instalación de arcos que efectúan el cobro a distancia.
La propuesta de la Diputación se presentará en los próximos días a los grupos junteros. El cobro de peajes se debe regular como norma foral y, por tanto, requiere una mayoría en la Cámara territorial de la que Bildu no dispone.
El Gobierno foral se enfrenta a tres retos: diseñar una solución técnica viable, contentar a los transportistas y consensuar su plan con otras fuerzas políticas. Estos problemas han obligado a Bildu a postergar por tres veces la presentación de su plan. El primer aplazamiento se produjo en junio del año pasado, cuando la ponencia constituida por impulso de Bildu, PP y Aralar fracasó ante las divergencias entre los tres grupos.
Las formaciones citadas se dieron de plazo hasta septiembre para consensuar una propuesta, sin que esta prórroga sirviera para nada. La cuestión se mantuvo en un «impasse» hasta el pasado diciembre, cuando la Diputación se comprometió a presentar su plan en marzo. Este plazo tampoco se ha cumplido. El Ejecutivo de Bildu pidió a las Juntas un nuevo aplazamiento, que se ha extendido hasta el presente mes de junio.
La propuesta de peaje del Gobierno foral, tal y como ha señalado Larraitz Ugarte en diversas comparecencias en las Juntas, tiene como objetivo lograr financiación para mejorar las carreteras y para afrontar los 900 millones de deuda de Bidegi.
La gerente de la sociedad foral, Katty Nevado, también ha alertado en la Cámara foral de que Bidegi se encuentra en una situación en extremo delicada. Ha señalado que, debido a la caída de los ingresos por la reducción del tráfico en las dos autopistas guipuzcoanas, se podría dar el caso de que en breve plazo la entidad no pueda hacer frente a los compromisos con los bancos.
Los datos de recaudación no invitan al optimismo. De enero a agosto del año pasado, el tráfico descendió el 1,8% en la AP-1, respecto al mismo periodo de 2011. En la AP-8 la disminución fue del 3,11%. La recaudación en esos ocho meses ha sido de 70.738.589 euros, cantidad que incluye peajes y áreas de servicio. El descenso es del 0,93% respecto a 2011.
El pasado verano, el tráfico también se redujo respecto al del 2011. En la AP-8, en julio el descenso fue del 7% y en agosto del 0,95%. La bajada resulta especialmente acusada en el tráfico de camiones.
La gerente de Bidegi indicó en una comparencia en las Juntas en octubre del año pasado que la situación financiera de la entidad es de «equilibrio», pero añadió que en el futuro «tenemos que afrontar unos compromisos financieros muy exigentes. Si la situación continúa como hoy, está claro que no podremos dar respuesta».
Katty Nevado apuntaló esta afirmación poniendo de manifiesto que la sociedad foral «tiene una deuda de 900 millones y unos ingresos de 100. A partir de 2014, tenemos la obligación de devolver entre 70 y 80 millones, con unos ingresos de 100. Además, hay que contar con los gastos de explotación, personal, mantenimiento...». Utilizando la expresión de la gerente, «desde el punto de vista de la gestión, hay toro para torear».
El sistema de tarificación en el que trabaja la Diputación se denomina ‘Arkupe’ (Bajo el arco). La principal medida que contempla es el cobro en la N-I a los vehículos pesados y ligeros foráneos. Es decir, se pretende que el tráfico de paso que discurre por Gipuzkoa, en su mayor medida hacia la frontera o procedentes de ella, contribuya al mantenimiento de la red viaria. Para los ligeros guipuzcoanos, la N-I seguirá siendo gratuita, en tanto que para los camioneros locales surgen dudas.
En principio, la directiva europea no permite discriminar entre transportistas locales y foráneos. La Diputación, consciente de la difícil situación económica del sector, está estudiando fórmulas para que los transportistas guipuzcoanos no salgan perjudicados. De hecho, según ha podido saber este periódico, representantes de la Diputación se reunieron este jueves en Bruselas con miembros de la Comisión Europea para que den el visto bueno a la propuesta.
El sistema que quiere implantar la Diputación es de libre circulación, es decir, no precisa que los vehículos paren para abonar el peaje. En lugar de las áreas de cobro habituales, este sistema se basa en la instalación de arcos que efectúan el cobro a distancia.
La propuesta de la Diputación se presentará en los próximos días a los grupos junteros. El cobro de peajes se debe regular como norma foral y, por tanto, requiere una mayoría en la Cámara territorial de la que Bildu no dispone.
El Gobierno foral se enfrenta a tres retos: diseñar una solución técnica viable, contentar a los transportistas y consensuar su plan con otras fuerzas políticas. Estos problemas han obligado a Bildu a postergar por tres veces la presentación de su plan. El primer aplazamiento se produjo en junio del año pasado, cuando la ponencia constituida por impulso de Bildu, PP y Aralar fracasó ante las divergencias entre los tres grupos.
Las formaciones citadas se dieron de plazo hasta septiembre para consensuar una propuesta, sin que esta prórroga sirviera para nada. La cuestión se mantuvo en un «impasse» hasta el pasado diciembre, cuando la Diputación se comprometió a presentar su plan en marzo. Este plazo tampoco se ha cumplido. El Ejecutivo de Bildu pidió a las Juntas un nuevo aplazamiento, que se ha extendido hasta el presente mes de junio.
La propuesta de peaje del Gobierno foral, tal y como ha señalado Larraitz Ugarte en diversas comparecencias en las Juntas, tiene como objetivo lograr financiación para mejorar las carreteras y para afrontar los 900 millones de deuda de Bidegi.
La gerente de la sociedad foral, Katty Nevado, también ha alertado en la Cámara foral de que Bidegi se encuentra en una situación en extremo delicada. Ha señalado que, debido a la caída de los ingresos por la reducción del tráfico en las dos autopistas guipuzcoanas, se podría dar el caso de que en breve plazo la entidad no pueda hacer frente a los compromisos con los bancos.
Los datos de recaudación no invitan al optimismo. De enero a agosto del año pasado, el tráfico descendió el 1,8% en la AP-1, respecto al mismo periodo de 2011. En la AP-8 la disminución fue del 3,11%. La recaudación en esos ocho meses ha sido de 70.738.589 euros, cantidad que incluye peajes y áreas de servicio. El descenso es del 0,93% respecto a 2011.
El pasado verano, el tráfico también se redujo respecto al del 2011. En la AP-8, en julio el descenso fue del 7% y en agosto del 0,95%. La bajada resulta especialmente acusada en el tráfico de camiones.
La gerente de Bidegi indicó en una comparencia en las Juntas en octubre del año pasado que la situación financiera de la entidad es de «equilibrio», pero añadió que en el futuro «tenemos que afrontar unos compromisos financieros muy exigentes. Si la situación continúa como hoy, está claro que no podremos dar respuesta».
Katty Nevado apuntaló esta afirmación poniendo de manifiesto que la sociedad foral «tiene una deuda de 900 millones y unos ingresos de 100. A partir de 2014, tenemos la obligación de devolver entre 70 y 80 millones, con unos ingresos de 100. Además, hay que contar con los gastos de explotación, personal, mantenimiento...». Utilizando la expresión de la gerente, «desde el punto de vista de la gestión, hay toro para torear».
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