La Asociación de Usuarios de la AP-9 acudirá al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la legalidad de las prórrogas concedidas por el Estado en la concesión de la autopista AP-9 y poder así recuperar los peajes pagados. “Hace poco, el Presidente de la Xunta, el Sr. Núñez Feijoo, nos animó a todos los usuarios a denunciar las situaciones que sufrimos en la AP-9. Le haremos caso y vamos a recurrir las actuales prórrogas de 35 años, porque la autopista debía haber revertido al Estado en el año 2012 y no ha sido así”, manifiesta Alberto Figueira Rodríguez, portavoz de la asociación.
La asociación estima que los usuarios podrán recuperar unos 50 millones de euros pagados indebidamente, así como poner punto y final a la concesión de la AP-9. “Nuestra asociación se denomina Final de Trayecto, y eso es lo que queremos: poner término a un viaje sin fin que artificialmente se ha prorrogado hasta 2048”, añade.
La empresa concesionaria se ha visto beneficiada por sucesivas ampliaciones de la concesión por un total de 35 años, de los que 25 años se han acordado en la última prórroga. Pero esta prórroga también ha permitido un magnífico negocio para la Administración, puesto que ha privatizado la autopista que había recuperado mediante el Real Decreto-Ley 8/1983, de 23 de noviembre, que autorizó al Gobierno a adquirir por compraventa la totalidad de las acciones representativas del capital de la sociedad Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A., por cuatro mil millones de pesetas, unos 24 millones de euros. “La empresa fue privatizada en 2003 y se puede calcular, teniendo en cuenta la importancia de esta autopista, en relación con el dinero en que fueron vendidas el 100% de las acciones de ENA, en torno a los 900 millones de euros”, nos recuerda Alberto Figueira. “Ahora estamos atrapados hasta el 18 de agosto de 2048”, añade. Es evidente que esos 900 millones de euros invertidos por el Consorcio de empresas encabezadas por el Grupo Sacyr, S.A., para la adquisición de la concesión de la AP 9 (que pasó en 2008 a Citigroup), tienen que ser recuperados fundamentalmente con los peajes, sobre los que lógicamente recaen el pago de la deuda de la infraestructura (a 31 de diciembre de 2013 Audasa tiene emitidas obligaciones por importe de 779 millones de euros) y estos 900 millones de euros: son cifras impresionantes.
La asociación se constituyó durante el verano, cuando los usuarios denunciaban falta de personal en la autopista y colas kilométricas en los puestos de peaje sin que la concesionaria pusiera el debido remedio. En los últimos diez años los gallegos han pagado 1.400 millones de euros en peajes y desde entonces hasta 2013 la empresa ha gastado en mantenimiento 150 millones y en personal 109 millones. “El negocio es redondo”, proclama Alberto Figueira. “Aún es más, la propia Audasa estima que pagaremos desde 2011 hasta el fin de la concesión un total de 9.561 millones de euros si nadie pone remedio”, sentencia.
La autopista vertebra de norte a sur la comunidad gallega. En sus orillas reside la mitad de la población gallega y constituye la única posibilidad práctica para poder desplazarse dentro de Galicia, puesto que cualquier otra opción multiplicaría por dos el tiempo invertido y reduciría la seguridad de los desplazamientos.
No obstante, desde que empezó la crisis los peajes se han incrementado un 30%. Un ferrolano que quiera desplazarse a Vigo por razones profesionales, sin descuentos, deberá sufragar un gasto de 40,20 euros de peaje, al que sumará los costes propios del vehículo. Si usa la autopista para ir desde Redondela a Vigo entonces abonará 0,90 euros por cuatro kilómetros, lo que implica hacer frente al trayecto más caro de España. Si aplicáramos ese coste a la autopista entre Manchester y Birmingham, los británicos tendrían que pagar 31,5 euros frente a los 6,5 actuales.
La asociación estima que la única solución a este problema es asociarse y reclamar judicialmente lo que consideran irregularidades administrativas y legales producidas durante todo este periodo, que vienen en buena medida determinadas por el gran negocio que la Administración ha hecho con la venta de la AP 9. “Se trata de una empresa que entre 2004 y 2012 ha repartido dividendos por 460 millones de euros, que ingresa casi 10 millones de euros cada año provenientes de Fomento para compensar la rebaja del 7% que aplicó en los peajes en 2000, además de 8,9 millones anuales de la Xunta para compensar la eliminación de los peajes en los tamos A Barcala-Coruña y Vigo-O Morrazo, y casi 800.000 euros al año por las áreas de servicio”, dice el portavoz de la asociación.
La asociación, que cuenta con su propia página web dónde obtener más información, admite a personas físicas y jurídicas con dos formas de asociarse para cada una de ellas. Desde 30 euros y el 15% del dinero que se recupere, cualquiera puede ser socio. Las empresas pueden hacerlo desde 300 euros más el 15% también. Hasta final de año podrán entregar todos los justificantes de que dispongan o que consigan desde 2010 para sumarlos a la reclamación que se iniciará en enero de 2015. La página web de la asociación es “recuperatupeaje.com”
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