El plan de rescate que el Ministerio de Fomento ha presentado para rescatar las autopistas en quiebra no convence nada a las constructoras propietarias. Es más, están totalmente en contra. Consideran que la ministra Ana Pastor ha cocinado todo con los bancos a espaldas de las propias empresas, sin tan siquiera tener en cuenta la propuesta que ellas mismas han presentado. Abertis, Sacyr y Acciona, principales afectadas, no arrojan la toalla y dicen estar dispuestas a dar la batalla judicialmente.
Las empresas propietarias de Accesos de Madrid, la concesionaria de las autopistas de Madrid R-3 y R-5 para las que Fomento presentó el pasado la propuesta de convenio de acreedores, aseguran haber planteado una propuesta alternativa que no quieren desvelar hasta que se pronuncie el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Únicamente aseguran que su plan de convenio es competitivo y que permitirá salvar de la quiebra a las dos autovías.
Las constructoras están esperando, por tanto, a que dictamine el juez y, en el caso de que la propuesta de Fomento resulte favorable, emprenderán su guerra judicial. Las empresas confían también que la banca extranjera no se lo ponga fácil a Ana Pastor y que no acepten las condiciones impuestas de cobrar los 640 millones de euros que se les adeuda en un plazo de 30 años. Los bancos españoles, básicamente Santander, BBVA y Caixabank, están también reticentes, aunque finalmente pueden claudicar. Para esta semana está prevista una reunión de Fomento con la banca extranjera, los más fuertes en todo el proceso. Algunos de los bancos han amenazado con acudir a Bruselas.
Ahora quien tiene la última palabra es el juez, que sería quien deberá decidir si el plan de negocio presentado por Fomento es creíble y comprobar si el 50% de los ingresos que generará la nueva sociedad procederán de su actividad ordinaria, es decir de la facturación que obtenga del cobro de peajes básicamente.
Gracias a la reforma de la Ley Concursal que el Gobierno aprobó en septiembre pasado, el plan que Fomento trasladó el viernes pasado al Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid servirá para la R-3 y la R-5 y las otras siete autopistas de peaje que actualmente están en riesgo de quiebra. La AP-36 que une Ocaña (Toledo) con la Roda (Albacete) está también con el agua al cuello y el plazo venció el día 26.
El resto de las vías con problemas son las otras dos radiales de Madrid R-2 y R-4, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas y la circunvalación de Alicante. La autopista Alicante-Cartagena ha quedado fuera del rescate después de lograr un acuerdo de refinanciación de su deuda de 240 millones de euros con una quita del 30%, porcentaje inferior que el que se aplicará al resto.
Las condiciones son prácticamente las mismas que las que se venían barajando desde julio pasado: aplicar una quita del 50% a la deuda de 3.400 millones de euros que arrastran estas vías y titulizar el pasivo restante en un bono a 30 años. Uno de los puntos que queda por negociar con la banca acreedora es el interés que deberá devengar esa deuda y que se sitúa entre el 1% que ofrece Fomento y el 2% que exigen las entidades.
Una vez que se refinancie la deuda, se constituirá una nueva empresa pública de autopistas en la que se integrarán estas vías, dependiente del Ministerio de Fomento que la explotará. La sociedad que se constituirá estará integrada en Seittsa, una sociedad mercantil estatal promotora de la mayoría de las infraestructuras terrestres de Fomento.
Con la presentación del plan al Juzgado de lo Mercantil número 6, el Ministerio evita que Accesos de Madrid, la sociedad concesionaria de la R-3 y la R-5 entre en liquidación. De haber sido así, Fomento estaría obligado a cumplir con su responsabilidad patrimonial y, en caso de afectar a las nueve autopistas con problemas, podría suponer un coste para el Estado de unos 4.600 millones de euros, tal y como aseguró hace meses Ana Pastor. Una opción que la ministra quiere evitar a toda costa, ya que pasaría a contabilizarse como déficit público.
El proceso llevaba meses enquistado. En julio pasado, cuando todo parecía que estaba hecho, nuevamente el plan de salvamento quedó aplazado a septiembre. El mismo 31 de julio, justo antes de las vacaciones, estaba previsto un encuentro entre Hacienda, Economía y Fomento con los seis bancos acreedores, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell, y se suspendió a última hora. En esa reunión, estaba previsto que se formalizase la sociedad pública que aglutinaría los pasivos y los activos del conjunto de las nueve radiales en quiebra y cerrar los flecos que aún estaban pendientes de resolver. La nueva sociedad que estaría colgada de Seittsa sería quien asumiría toda la deuda que arrastran las autopistas -unos 3.400 millones de euros- si, como está previsto, las entidades aceptan una quita del 50%.
Las exigencias que imponen los bancos y los miedos a Bruselas han provocado todo este retraso. Por un lado, las entidades acreedoras quieren asegurarse que el acuerdo tendrá el visto bueno de Bruselas y que no pone trabas a la creación de la sociedad pública que se responsabilizará de la deuda. Además, exigen que el Banco de España se comprometa con Seittsa de que la deuda que asumen definitivamente a través del crédito que otorgan a la sociedad pública está exenta de provisiones, de modo que no afectará a sus cuentas de resultados.
El acuerdo global pasa porque la nueva sociedad estatal de quien dependerán las radiales en quiebra pedirá un crédito sindicado a los bancos acreedores y que estos acepten una quita del 50% del total de la deuda bancaria más la compra de la deuda que tienen los bancos extranjeros, que se eleva a 646 millones de euros.
Desde que arrancaron las negociaciones entre el Estado y la banca, el Ejecutivo ha dejado claro que no pensaba poner ni un duro en el plan de salvación de las radiales Se compromete únicamente a crear una sociedad pública de rescate de las nueve autopistas y que ésta asuma la deuda pero con una quita del 50%. En la operación final, no existe como tal entrega de dinero público pero sí asunción de deuda por parte de la futura sociedad y asunción de riesgos por parte de la Administración Central. Por tanto, indirectamente el rescate para el Estado de las nueve autopistas supone quedarse con unos activos (las radiales) con la mitad de la deuda que actualmente soportan -unos 3.400 millones de euros-. La otra opción habría sido dejar sin resolver el problema y abandonar las autopistas a su suerte. Tal y como sostiene Ana Pastor, de no acometer el rescate, la responsabilidad patrimonial del Estado se elevaría a 4.600 millones de euros que, a la postre, computaría en el déficit.
Aparte del posible acuerdo con la banca, Abertis, ACS, Sacyr, Acciona, FCC, Ferrovial y OHL no han dicho aún su última palabra. Uno de las exigencias que las concesionarias han puesto siempre encima de la mesa es dejar sin efecto las garantías que en su día sellaron con la banca ante posibles insolvencias de las autopistas.
Capital Madrid.com 21/10/2014
Las empresas propietarias de Accesos de Madrid, la concesionaria de las autopistas de Madrid R-3 y R-5 para las que Fomento presentó el pasado la propuesta de convenio de acreedores, aseguran haber planteado una propuesta alternativa que no quieren desvelar hasta que se pronuncie el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. Únicamente aseguran que su plan de convenio es competitivo y que permitirá salvar de la quiebra a las dos autovías.
Las constructoras están esperando, por tanto, a que dictamine el juez y, en el caso de que la propuesta de Fomento resulte favorable, emprenderán su guerra judicial. Las empresas confían también que la banca extranjera no se lo ponga fácil a Ana Pastor y que no acepten las condiciones impuestas de cobrar los 640 millones de euros que se les adeuda en un plazo de 30 años. Los bancos españoles, básicamente Santander, BBVA y Caixabank, están también reticentes, aunque finalmente pueden claudicar. Para esta semana está prevista una reunión de Fomento con la banca extranjera, los más fuertes en todo el proceso. Algunos de los bancos han amenazado con acudir a Bruselas.
Ahora quien tiene la última palabra es el juez, que sería quien deberá decidir si el plan de negocio presentado por Fomento es creíble y comprobar si el 50% de los ingresos que generará la nueva sociedad procederán de su actividad ordinaria, es decir de la facturación que obtenga del cobro de peajes básicamente.
Gracias a la reforma de la Ley Concursal que el Gobierno aprobó en septiembre pasado, el plan que Fomento trasladó el viernes pasado al Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid servirá para la R-3 y la R-5 y las otras siete autopistas de peaje que actualmente están en riesgo de quiebra. La AP-36 que une Ocaña (Toledo) con la Roda (Albacete) está también con el agua al cuello y el plazo venció el día 26.
El resto de las vías con problemas son las otras dos radiales de Madrid R-2 y R-4, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas y la circunvalación de Alicante. La autopista Alicante-Cartagena ha quedado fuera del rescate después de lograr un acuerdo de refinanciación de su deuda de 240 millones de euros con una quita del 30%, porcentaje inferior que el que se aplicará al resto.
Las condiciones son prácticamente las mismas que las que se venían barajando desde julio pasado: aplicar una quita del 50% a la deuda de 3.400 millones de euros que arrastran estas vías y titulizar el pasivo restante en un bono a 30 años. Uno de los puntos que queda por negociar con la banca acreedora es el interés que deberá devengar esa deuda y que se sitúa entre el 1% que ofrece Fomento y el 2% que exigen las entidades.
Una vez que se refinancie la deuda, se constituirá una nueva empresa pública de autopistas en la que se integrarán estas vías, dependiente del Ministerio de Fomento que la explotará. La sociedad que se constituirá estará integrada en Seittsa, una sociedad mercantil estatal promotora de la mayoría de las infraestructuras terrestres de Fomento.
Con la presentación del plan al Juzgado de lo Mercantil número 6, el Ministerio evita que Accesos de Madrid, la sociedad concesionaria de la R-3 y la R-5 entre en liquidación. De haber sido así, Fomento estaría obligado a cumplir con su responsabilidad patrimonial y, en caso de afectar a las nueve autopistas con problemas, podría suponer un coste para el Estado de unos 4.600 millones de euros, tal y como aseguró hace meses Ana Pastor. Una opción que la ministra quiere evitar a toda costa, ya que pasaría a contabilizarse como déficit público.
El proceso llevaba meses enquistado. En julio pasado, cuando todo parecía que estaba hecho, nuevamente el plan de salvamento quedó aplazado a septiembre. El mismo 31 de julio, justo antes de las vacaciones, estaba previsto un encuentro entre Hacienda, Economía y Fomento con los seis bancos acreedores, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell, y se suspendió a última hora. En esa reunión, estaba previsto que se formalizase la sociedad pública que aglutinaría los pasivos y los activos del conjunto de las nueve radiales en quiebra y cerrar los flecos que aún estaban pendientes de resolver. La nueva sociedad que estaría colgada de Seittsa sería quien asumiría toda la deuda que arrastran las autopistas -unos 3.400 millones de euros- si, como está previsto, las entidades aceptan una quita del 50%.
Las exigencias que imponen los bancos y los miedos a Bruselas han provocado todo este retraso. Por un lado, las entidades acreedoras quieren asegurarse que el acuerdo tendrá el visto bueno de Bruselas y que no pone trabas a la creación de la sociedad pública que se responsabilizará de la deuda. Además, exigen que el Banco de España se comprometa con Seittsa de que la deuda que asumen definitivamente a través del crédito que otorgan a la sociedad pública está exenta de provisiones, de modo que no afectará a sus cuentas de resultados.
El acuerdo global pasa porque la nueva sociedad estatal de quien dependerán las radiales en quiebra pedirá un crédito sindicado a los bancos acreedores y que estos acepten una quita del 50% del total de la deuda bancaria más la compra de la deuda que tienen los bancos extranjeros, que se eleva a 646 millones de euros.
Desde que arrancaron las negociaciones entre el Estado y la banca, el Ejecutivo ha dejado claro que no pensaba poner ni un duro en el plan de salvación de las radiales Se compromete únicamente a crear una sociedad pública de rescate de las nueve autopistas y que ésta asuma la deuda pero con una quita del 50%. En la operación final, no existe como tal entrega de dinero público pero sí asunción de deuda por parte de la futura sociedad y asunción de riesgos por parte de la Administración Central. Por tanto, indirectamente el rescate para el Estado de las nueve autopistas supone quedarse con unos activos (las radiales) con la mitad de la deuda que actualmente soportan -unos 3.400 millones de euros-. La otra opción habría sido dejar sin resolver el problema y abandonar las autopistas a su suerte. Tal y como sostiene Ana Pastor, de no acometer el rescate, la responsabilidad patrimonial del Estado se elevaría a 4.600 millones de euros que, a la postre, computaría en el déficit.
Aparte del posible acuerdo con la banca, Abertis, ACS, Sacyr, Acciona, FCC, Ferrovial y OHL no han dicho aún su última palabra. Uno de las exigencias que las concesionarias han puesto siempre encima de la mesa es dejar sin efecto las garantías que en su día sellaron con la banca ante posibles insolvencias de las autopistas.
Capital Madrid.com 21/10/2014
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