El tráfico en las autopistas de peaje repuntó un 1,7 % en los nueve primeros meses del año con respecto a 2013 impulsado por el incremento de los meses de verano, aunque encadena un descenso del 31,8 % desde los máximos que alcanzó en 2006, antes del estallido de la crisis.
Según los últimos datos del Ministerio de Fomento, el tráfico de estas carreteras hasta septiembre registró una media diaria de 15.023 vehículos, lejos de los cerca de 24.650 que se contabilizaban hace ocho años.
Junto al incremento total del tráfico en los nueve primeros meses, también se ha observado un repunte del 6 % en el número de vehículos pesados (camiones y autobuses) que circularon por las autopistas de peaje, lo que manifiesta un cambio de tendencia.
Desde comienzos de año, salvo en marzo (cuando el tráfico de las autopistas de peaje cayó un 7,7 %), el tráfico en las autopistas de peaje ha registrado aumentos interanuales todos los meses, especialmente destacado en abril, cuando subió un 15,5 %, remontando la senda de caídas que había dejado la Intensidad Media Diaria (IMD) de estas carreteras en mínimos históricos.
Entre las nueve autopistas de peaje con problemas financieros que se integrarán previsiblemente en la sociedad pública que diseña el Gobierno para garantizar su viabilidad, tres de ellas tuvieron crecimientos en el tráfico.
Entre las que presentaron caídas de los tráficos destaca fundamentalmente la AP-41 entre Madrid y Toledo (43 %), seguida de la R-5 (13,6 %); R-2 (6,8 %); R-3 (5 %); R-4 (3 %) y la Circunvalación de Alicante (0,1 %).
Los crecimientos se registraron en la AP-36 entre Ocaña-La Roda (4 %); AP-7 entre Cartagena-Vera (3,2 %) y el Eje Aeropuerto (1,9 %). El Gobierno ha planteado a la banca y concesionarias una quita del 50 % a la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.600 millones de euros, y la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).
Los bancos reclaman que estos bonos estén garantizados por el Estado o que se mejore la rentabilidad fija que devengarán, mientras que el sector constructor y concesional pide que los bonos a 30 años que en un principio emitirá la sociedad pública que aglutinará a estas carreteras los puedan comprar terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 %.
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