Atasco más allá de la AP-8 y AP-1. Tras dos años y medio en el Gobierno, el Ejecutivo foral no ha conseguido acercar posturas en materia de financiación de carreteras y el mapa de los peajes se encuentra ahora como a comienzos de la legislatura, es decir, con peajes operativos en la AP-1 y AP-8.
Pese a la insistencia de la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, en la necesidad de aprobar un nuevo proyecto de Financiación de Carreteras, los principales partidos de la oposición, PNV, PSE y PP, no apoyarán la implantación de nuevos peajes en las vías de alta capacidad del territorio.
Así ha quedado constatado esta misma semana, en la que representantes de los tres grupos han indicado que presentarán enmiendas a la totalidad al sistema Arkupe propuesto por el departamento que dirige Ugarte, por lo que el proyecto está condenado a descartarse.
Ni las reiteradas declaraciones sobre "grave situación financiera" de Bidegi, sociedad pública que gestiona las carreteras y que arrastra una deuda de 900 millones de euros, ni las apelaciones al "déficit de mantenimiento" que padecen las principales vías han servido para acercar posturas con la oposición, que vuelven a decir No a la propuesta de financiación propuesta por la diputada.
Y es que las desavenencias en materia de peajes vienen de lejos, concretamente, desde el inicio de la legislatura, cuando Bildu decidió echar por tierra las conclusiones aprobadas en la anterior ponencia de carreteras, que contemplaba la implantación de peajes en la A-15 (Autovía de Leitzaran), Etxegarate y Deskarga.
En 2012, con el apoyo de Aralar y PP, la coalición abertzale logró activar una nueva ponencia de peajes. Sin embargo, los grupos junteros no fueron capaces de acordar ninguna novedad respecto a las conclusiones a las que se llegó en la anterior ponencia.
Desde entonces, los diferentes grupos junteros han pedido a Ugarte que concretara una propuesta de peajes, que finalmente se materializó en la presentación del modelo Arkupe a mediados de junio. Este sistema preveía la colocación de una catorce pórticos o arcos electrónicos dispuestos en la A-15 (Autovía de Leitzaran), N-121-A (Carretera de Endarlatsa), N-I (Madrid-Irun), hasta ahora gratuitas, y GI-632 (Beasain-Durango), que permitirían a quienes transitaran por estas vías abonar las tarifas correspondientes sin necesidad de detener el vehículo. Aunque inicialmente este sistema afectaba tanto al transporte pesado como al ligero, la Diputación decidió aparcar la normativa referente a estos últimos, consciente de la falta de acuerdos existentes.
Así, regulando únicamente las tarifas para camiones, Ugarte anunció que la Diputación recaudaría 10 millones de euros anuales. Según explicó la propia Ugarte, la puesta en marcha de este sistema requeriría de una inversión inicial de 22 millones de euros, si bien serviría para recaudar 26,6 millones anuales, a los que, descontados los gastos de consumo y explotación así como el mantenimiento de las carreteras, dejaría un beneficio neto de 10,2 millones en las arcas forales.
Pese a los continuos alegatos de Ugarte defendiendo que esta norma pretende conseguir financiación a costa de los transportistas extranjeros que cruzan el territorio, lo cierto es que la norma iba a suponer un coste de 5,5 millones de euros para el sector del transporte guipuzcoano, hecho que ha sido fuertemente criticado por la oposición y que ha alejado aún más la postura de los diferentes grupos.
Ahora, a las puertas de que se acabe el plazo para presentar enmiendas a la propuesta de Financiación de Carreteras foral, y con media legislatura agotada ya, Gipuzkoa sigue sin tener definida una nueva estrategia de peajes.
PNV y PSE han sido las fuerzas que más han beligerado en contra de la propuesta de Bildu, al defender los postulados acordados en la legislatura anterior -nuevo peaje en Etxegarate para vehículos pesados-.
"El modelo de peajes que plantea la Diputación es fruto de la improvisación con la que trabaja y habla la diputada Ugarte, que no tiene otro fin más que el recaudar dinero", denuncian desde el PNV. "Nosotros no somos de los que se suman al carro del peajerik ez porque tenga una venta fácil en campaña electora. De hecho, defendimos la propuesta de instalar un peaje en Etxegarate, especialmente para los camiones extranjeros que atraviesan el territorio y ordenar así los flujos de peaje", explican los jeltzales. "No vemos la necesidad de que haya que cobrar en todas partes y menos mientras el argumento principal sea un porque sí", añaden.
En esta línea, critican que desconocen "de dónde salen las previsiones de tráfico a la baja, ni de dónde saca los datos económicos e informes jurídicos que avalen el cambio de modelo".
Tampoco el grupo socialista ve con buenos ojos el cambio de criterio de Bildu en materia de peajes. "El PSE, de acuerdo con las conclusiones que adoptaron las Juntas Generales en la anterior legislatura en relación a la financiación y gestión de las infraestructuras viarias de nuestro territorio, entiende y defiende que cualquier propuesta debería enmarcarse en el contenido y objetivos que fijaron las conclusiones de aquella ponencia y que recibieron el apoyo de la mayoría de la cámara guipuzcoana", señalan.
En este sentido, defienden apostar por "un peaje en Etxegarate y en ninguna cartera más", frente a la propuesta foral de "extender el peaje a todas las carreteras de Gipuzkoa". Asimismo, desde el PSE demandan políticas que fomenten el uso del transporte público.
Pese a que han sido los populares quienes mejor se han entendido con la Diputación en materia de financiación de carreteras, el coste de 5,5 millones de euros anuales que la implantación del sistema Arkupe supondría a los transportistas locales ha terminado por alejar al PP.
"No compartimos la estructura final de la Norma Foral. Nuestro posicionamiento básico parte por la discriminación positiva del guipuzcoano, tanto en su tratamiento particular como, en este caso concreto, al sector económico del transporte autóctono que, como guipuzcoanos, ya han contribuido a la construcción de carreteras vía impuestos", relatan desde el grupo juntero.
El PP entiende que la propuesta foral castiga al sector del transporte guipuzcoano que, a su juicio "no está preparado para encajar" la subida de los peajes, por lo que reclama medidas fiscales que favorezcan a los profesionales de este sector. "Nuestra exigencia pasa por que, a través de la fiscalidad, los transportistas guipuzcoanos vean compensados los costes de cualquier peaje que pueda implantarse. Apoyamos que los transportistas foráneos, siendo como somos un territorio transeuropeo y transfronterizo, contribuyan al mantenimiento de las carreteras como ocurre en otros países europeos", sostienen.
Pese a la insistencia de la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, en la necesidad de aprobar un nuevo proyecto de Financiación de Carreteras, los principales partidos de la oposición, PNV, PSE y PP, no apoyarán la implantación de nuevos peajes en las vías de alta capacidad del territorio.
Así ha quedado constatado esta misma semana, en la que representantes de los tres grupos han indicado que presentarán enmiendas a la totalidad al sistema Arkupe propuesto por el departamento que dirige Ugarte, por lo que el proyecto está condenado a descartarse.
Ni las reiteradas declaraciones sobre "grave situación financiera" de Bidegi, sociedad pública que gestiona las carreteras y que arrastra una deuda de 900 millones de euros, ni las apelaciones al "déficit de mantenimiento" que padecen las principales vías han servido para acercar posturas con la oposición, que vuelven a decir No a la propuesta de financiación propuesta por la diputada.
Y es que las desavenencias en materia de peajes vienen de lejos, concretamente, desde el inicio de la legislatura, cuando Bildu decidió echar por tierra las conclusiones aprobadas en la anterior ponencia de carreteras, que contemplaba la implantación de peajes en la A-15 (Autovía de Leitzaran), Etxegarate y Deskarga.
En 2012, con el apoyo de Aralar y PP, la coalición abertzale logró activar una nueva ponencia de peajes. Sin embargo, los grupos junteros no fueron capaces de acordar ninguna novedad respecto a las conclusiones a las que se llegó en la anterior ponencia.
Desde entonces, los diferentes grupos junteros han pedido a Ugarte que concretara una propuesta de peajes, que finalmente se materializó en la presentación del modelo Arkupe a mediados de junio. Este sistema preveía la colocación de una catorce pórticos o arcos electrónicos dispuestos en la A-15 (Autovía de Leitzaran), N-121-A (Carretera de Endarlatsa), N-I (Madrid-Irun), hasta ahora gratuitas, y GI-632 (Beasain-Durango), que permitirían a quienes transitaran por estas vías abonar las tarifas correspondientes sin necesidad de detener el vehículo. Aunque inicialmente este sistema afectaba tanto al transporte pesado como al ligero, la Diputación decidió aparcar la normativa referente a estos últimos, consciente de la falta de acuerdos existentes.
Así, regulando únicamente las tarifas para camiones, Ugarte anunció que la Diputación recaudaría 10 millones de euros anuales. Según explicó la propia Ugarte, la puesta en marcha de este sistema requeriría de una inversión inicial de 22 millones de euros, si bien serviría para recaudar 26,6 millones anuales, a los que, descontados los gastos de consumo y explotación así como el mantenimiento de las carreteras, dejaría un beneficio neto de 10,2 millones en las arcas forales.
Pese a los continuos alegatos de Ugarte defendiendo que esta norma pretende conseguir financiación a costa de los transportistas extranjeros que cruzan el territorio, lo cierto es que la norma iba a suponer un coste de 5,5 millones de euros para el sector del transporte guipuzcoano, hecho que ha sido fuertemente criticado por la oposición y que ha alejado aún más la postura de los diferentes grupos.
Ahora, a las puertas de que se acabe el plazo para presentar enmiendas a la propuesta de Financiación de Carreteras foral, y con media legislatura agotada ya, Gipuzkoa sigue sin tener definida una nueva estrategia de peajes.
PNV y PSE han sido las fuerzas que más han beligerado en contra de la propuesta de Bildu, al defender los postulados acordados en la legislatura anterior -nuevo peaje en Etxegarate para vehículos pesados-.
"El modelo de peajes que plantea la Diputación es fruto de la improvisación con la que trabaja y habla la diputada Ugarte, que no tiene otro fin más que el recaudar dinero", denuncian desde el PNV. "Nosotros no somos de los que se suman al carro del peajerik ez porque tenga una venta fácil en campaña electora. De hecho, defendimos la propuesta de instalar un peaje en Etxegarate, especialmente para los camiones extranjeros que atraviesan el territorio y ordenar así los flujos de peaje", explican los jeltzales. "No vemos la necesidad de que haya que cobrar en todas partes y menos mientras el argumento principal sea un porque sí", añaden.
En esta línea, critican que desconocen "de dónde salen las previsiones de tráfico a la baja, ni de dónde saca los datos económicos e informes jurídicos que avalen el cambio de modelo".
Tampoco el grupo socialista ve con buenos ojos el cambio de criterio de Bildu en materia de peajes. "El PSE, de acuerdo con las conclusiones que adoptaron las Juntas Generales en la anterior legislatura en relación a la financiación y gestión de las infraestructuras viarias de nuestro territorio, entiende y defiende que cualquier propuesta debería enmarcarse en el contenido y objetivos que fijaron las conclusiones de aquella ponencia y que recibieron el apoyo de la mayoría de la cámara guipuzcoana", señalan.
En este sentido, defienden apostar por "un peaje en Etxegarate y en ninguna cartera más", frente a la propuesta foral de "extender el peaje a todas las carreteras de Gipuzkoa". Asimismo, desde el PSE demandan políticas que fomenten el uso del transporte público.
Pese a que han sido los populares quienes mejor se han entendido con la Diputación en materia de financiación de carreteras, el coste de 5,5 millones de euros anuales que la implantación del sistema Arkupe supondría a los transportistas locales ha terminado por alejar al PP.
"No compartimos la estructura final de la Norma Foral. Nuestro posicionamiento básico parte por la discriminación positiva del guipuzcoano, tanto en su tratamiento particular como, en este caso concreto, al sector económico del transporte autóctono que, como guipuzcoanos, ya han contribuido a la construcción de carreteras vía impuestos", relatan desde el grupo juntero.
El PP entiende que la propuesta foral castiga al sector del transporte guipuzcoano que, a su juicio "no está preparado para encajar" la subida de los peajes, por lo que reclama medidas fiscales que favorezcan a los profesionales de este sector. "Nuestra exigencia pasa por que, a través de la fiscalidad, los transportistas guipuzcoanos vean compensados los costes de cualquier peaje que pueda implantarse. Apoyamos que los transportistas foráneos, siendo como somos un territorio transeuropeo y transfronterizo, contribuyan al mantenimiento de las carreteras como ocurre en otros países europeos", sostienen.
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