El Ministerio de Fomento ha terminado arrojando la toalla en uno de los puntos que su titular, Ana Pastor, situó como eje de sus actuaciones a los pocos meses de llegar al cargo. El rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra es ya historia, puesto que el Gobierno ha decidido no dar un paso más.
No obstante, seguirá defendiendo en los tribunales su plan de 'salvación', reconvertido en propuesta de convenio para los concursos de acreedores en que se hallan inmersas nueve vías de pago. Otra más, la autopista Alicante-Cartagena, se desvinculó a finales del 2014 del proyecto tras pactar con los acreedores una quita del 30% en su deuda de 240 millones y, a la vez, lograr un nuevo crédito de otros 196 millones.
Las condiciones, a priori, parecían peores que las ofrecidas por Fomento desde hace más de un año -básicamente una quita del 50%, reconvirtiendo el resto de la deuda en un bono a 30 años cuyo interés ha sido uno de los puntos de disenso-, aunque tenían una gran ventaja: no había que esperar para firmarlas. Y es que uno de los lastres que más he pesado en contra del acuerdo han sido los distintos intereses cruzados.
De un lado, el Gobierno, donde Fomento llevaba la 'voz cantante' pero Hacienda había dejado claras las líneas rojas. En primer lugar, era muy problemático que la citada emisión tuviera la garantía del Estado -dado lo que supondría en consolidación de deuda- y, asimismo, aunque se podía negociar un aumento del rendimiento previsto (similar al del bono español), tampoco había mucho margen. Además, de integrarse las vías de peaje en quiebra en una nueva sociedad pública -remedo de la antigua Empresa Nacional de Autopistas, privatizada en el 2003-, habría que tener un cuidado extremo para que al menos el 50% de sus gastos fueran cubiertos por la actividad comercial o engrosarían el déficit.
Y enfrente de la Administración, hasta tres partes distintas en un principio. La más fuerte, la banca acreedora, que se juega 3.470 millones de euros con estas autopistas una vez descontada la parte correspondiente a la AP-7 (Alicante-Cartagena). Liderada por las entidades nacionales, que asumen dos tercios de esos 'números rojos', llegó incluso a un principio de acuerdo con Fomento, pero las expectativas se vieron frustradas al concretar la letra pequeña. Querían un rendimiento de hasta el 4% en los bonos -alegan que, de lo contrario, la quita real superaría el 60%- y que tuvieran la referida garantía estatal, aunque aceptaban que la parte que iban a asumir de las firmas extranjeras (en torno a 1.200 millones) tuviera mejor trato que el resto, con un tipo más bajo.
Pese a las diferencias, la banca ha parecido proclive al acuerdo aunque la mayoría ya tenía cubierta la deuda correspondiente en sus balances. Precisamente la nacionalizada Bankia es el mayor acreedor de las vías de peaje (435 millones), seguida de Banco Sabadell-CAM (346 millones) y CaixaBank-Banca Cívica (272 millones). El cuarto lugar tiene, de nuevo, repercusión en las arcas públicas: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 262 millones.
Más combativas se han mostrado constructoras y concesionarias, que terminaron yendo de la mano bajo el paraguas de la patronal Seopan. Las primeras centran sus peticiones en que se les abonen los sobrecostes por las obras de las autopistas y la expropiación de terrenos, unos 470 millones. Y las concesionarias piden que se reconozca el valor inicial de sus participaciones, que supondría otros 350 millones.
Sumados todos los conceptos, las empresas estiman un coste de casi 5.000 millones si no hay rescate público antes de que los juzgados de lo mercantil vayan decretando la disolución de las nueve autopistas en claro riesgo de quiebra, salvo que haya acuerdo con los acreedores. En cinco de ellas, se prevé que la decisión final se produzca antes de finales de año y no hay visos de pacto.
Pero en el Gobierno han hecho números y ven menos oneroso para las arcas públicas la quiebra que el rescate -sin olvidar una cierta moderación en la caída del tráfico (-4,6% de media el primer cuatrimestre)- y desde Bruselas ponen mucho énfasis en esto. Una reforma legal del 2014 reduce la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) por las expropiaciones -que se activaría en caso de disolución-, con lo que estiman que podría bajar de los 2.500 millones frente a los «más de 3.300» que estimó meses atrás Fomento y los 4.000 que señalan desde Seopan.
3.716 millones deben a la banca la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, aunque alguna ya pactó con los acreedores. Dos tercios (2.494 millones) corresponden a entidades nacionales y el resto (1.222) a firmas extranjeras.
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