En la Administración no quieren que se repitan los errores del pasado en materia concesional. Por eso, el Gobierno ha aprobado dos cambios legislativos para tratar de evitar en el futuro fiascos como los de algunas autopistas de peaje.
El más precavido, en teoría, se refiere a la construcción de nuevas infraestructuras -en este caso, carreteras aunque también afecta a las líneas AVE, por ejemplo-. Antes de dar luz verde a un proyecto, será necesario contar con un estudio previo sobre su rentabilidad económica y también su «retorno social». «Ya no se harán obras nuevas sin un análisis profundo» de los pros y los contras, apuntan desde el Ejecutivo.
En paralelo, ha utilizado la futura Ley de Contratos del Sector Público (ahora en el Congreso) para restringir un poco más la llamada responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), que se activa cuando hay que rescindir antes de plazo uno de esos acuerdos. La medida, eso sí, no tendrá carácter retroactivo.
Así, de existir «causas imputables» a la propia concesionaria -como la insolvencia del negocio o la entrada en concurso de acreedores-, la Administración sólo respondería por el valor real de las infraestructuras y no por todas las inversiones realizadas para su construcción.
Pese a las diferencias, la banca ha parecido proclive al acuerdo aunque la mayoría ya tenía cubierta la deuda correspondiente en sus balances. Precisamente la nacionalizada Bankia es el mayor acreedor de las vías de peaje (435 millones), seguida de Banco Sabadell-CAM (346 millones) y CaixaBank-Banca Cívica (272 millones). El cuarto lugar tiene, de nuevo, repercusión en las arcas públicas: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 262 millones.
Sumados todos los conceptos, las empresas estiman un coste de casi 5.000 millones si no hay rescate público antes de que los juzgados de lo mercantil vayan decretando la disolución de las nueve autopistas en claro riesgo de quiebra, salvo que haya acuerdo con los acreedores. En cinco de ellas, se prevé que la decisión final se produzca antes de finales de año y no hay visos de pacto.
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