La burbuja inmobiliaria y el descontrol político son los responsables del colapso. En los últimos meses varias autopistas de peaje han presentado concurso de acreedores. La última la concesionaria de la autovía Madrid-Barajas. Los motivos que han provocado este colapso son los siguientes:
» Previsiones de tráfico exageradas. Las razones que llevaron a los responsables de Fomento a fijar unas previsiones desorbitadas acerca del uso que tendrían las autopistas no difieren mucho de las que provocaron la burbuja inmobiliaria. Así, al igual que se pensaba que la vivienda nunca bajaría de precio, la excusa para construir los peajes en paralelo a las nacionales y la vía a Barajas fue creer que el tráfico siempre iba a aumentar, un razonamiento ligado a la esperanza de un crecimiento exponencial de la economía y, en consecuencia, del Gran Madrid. La crisis de 2008 se encargó de demostrar que estas premisas no eran ciertas, pero ya era demasiado tarde. Las radiales se habían construido, dilapidando miles de millones de euros, y los problemas que generan día a día los atascos persisten.
» La ley del suelo de 1996 y las expropiaciones. Dentro de la mala planificación que tuvieron las autopistas, el desdén que demostraron sus precursores con respecto a la ley del suelo de 1996 merece un capítulo aparte. Aunque el impulsor de ambas iniciativas fue el mismo Gobierno, desde Fomento no tuvieron en cuenta el principio consagrado por aquella norma de que el suelo, que, por regla general pasaba a ser urbanizable, se valoraba según las expectativas, lo que disparó los costes. Las empresas, que debían hacerse cargo de las expropiaciones, se sumieron en un agujero de deuda que ha acabado sellando su final. Se calcula que todavía hay 1.800 millones pendientes de pago a los expropiados y que, tras la entrada de las sociedades en concurso, tendrán que ser abonados por el Estado.
» Falta de fiscalización. Los Gobiernos idean y pagan con el dinero de los contribuyentes lo que las constructoras ejecutan, pero no hay ningún órgano independiente que fiscalice los proyectos. Ni de forma previa, que serían los encargados de analizar si la infraestructura realmente hace falta, ni a posteriori. Esto es, para garantizar que su construcción es eficiente y los sobrecostes están justificados.
» Socialización de los riesgos. En relación con la falta de control está el hecho de que las empresas que acuden a los concursos y los bancos que financian las obras actúan con red. Este tipo de concesiones cuentan en última instancia con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, lo que significa que si las cosas van mal y el proyecto no cumple las expectativas, el Estado asume las deudas. En el caso de las radiales se estima que asciende a unos 4.000 millones.
» Los culpables. Para dar respuesta a esta cuestión habría que preguntar en el Gobierno popular de José María Aznar de 1996, primero con el ministro Rafael Arias Salgado y luego con Francisco Álvarez Cascos, ambos en Fomento. Entones se pensó que hacer estas autopistas era la mejor solución a la congestión de tráfico y una salida económica para hacer el tercer anillo de circunvalanción de la capital, la M-50, que fue construido por las propias adjudicatarias. También, habría que buscar a los responsables de las empresas concesionarias que se creyeron a pies juntillas las previsiones del Ejecutivo, sin hacer sus propios cálculos. Sin embargo, la actual responsable de este mismo Ministerio y también del PP, Ana Pastor, afirmó recientemente en una entrevista con EL PAÍS que la solución al problema no es buscar responsables en el pasado, si no mirar hacia el futuro.
El País.com 30/01/2014
» Previsiones de tráfico exageradas. Las razones que llevaron a los responsables de Fomento a fijar unas previsiones desorbitadas acerca del uso que tendrían las autopistas no difieren mucho de las que provocaron la burbuja inmobiliaria. Así, al igual que se pensaba que la vivienda nunca bajaría de precio, la excusa para construir los peajes en paralelo a las nacionales y la vía a Barajas fue creer que el tráfico siempre iba a aumentar, un razonamiento ligado a la esperanza de un crecimiento exponencial de la economía y, en consecuencia, del Gran Madrid. La crisis de 2008 se encargó de demostrar que estas premisas no eran ciertas, pero ya era demasiado tarde. Las radiales se habían construido, dilapidando miles de millones de euros, y los problemas que generan día a día los atascos persisten.
» La ley del suelo de 1996 y las expropiaciones. Dentro de la mala planificación que tuvieron las autopistas, el desdén que demostraron sus precursores con respecto a la ley del suelo de 1996 merece un capítulo aparte. Aunque el impulsor de ambas iniciativas fue el mismo Gobierno, desde Fomento no tuvieron en cuenta el principio consagrado por aquella norma de que el suelo, que, por regla general pasaba a ser urbanizable, se valoraba según las expectativas, lo que disparó los costes. Las empresas, que debían hacerse cargo de las expropiaciones, se sumieron en un agujero de deuda que ha acabado sellando su final. Se calcula que todavía hay 1.800 millones pendientes de pago a los expropiados y que, tras la entrada de las sociedades en concurso, tendrán que ser abonados por el Estado.
» Falta de fiscalización. Los Gobiernos idean y pagan con el dinero de los contribuyentes lo que las constructoras ejecutan, pero no hay ningún órgano independiente que fiscalice los proyectos. Ni de forma previa, que serían los encargados de analizar si la infraestructura realmente hace falta, ni a posteriori. Esto es, para garantizar que su construcción es eficiente y los sobrecostes están justificados.
» Socialización de los riesgos. En relación con la falta de control está el hecho de que las empresas que acuden a los concursos y los bancos que financian las obras actúan con red. Este tipo de concesiones cuentan en última instancia con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, lo que significa que si las cosas van mal y el proyecto no cumple las expectativas, el Estado asume las deudas. En el caso de las radiales se estima que asciende a unos 4.000 millones.
» Los culpables. Para dar respuesta a esta cuestión habría que preguntar en el Gobierno popular de José María Aznar de 1996, primero con el ministro Rafael Arias Salgado y luego con Francisco Álvarez Cascos, ambos en Fomento. Entones se pensó que hacer estas autopistas era la mejor solución a la congestión de tráfico y una salida económica para hacer el tercer anillo de circunvalanción de la capital, la M-50, que fue construido por las propias adjudicatarias. También, habría que buscar a los responsables de las empresas concesionarias que se creyeron a pies juntillas las previsiones del Ejecutivo, sin hacer sus propios cálculos. Sin embargo, la actual responsable de este mismo Ministerio y también del PP, Ana Pastor, afirmó recientemente en una entrevista con EL PAÍS que la solución al problema no es buscar responsables en el pasado, si no mirar hacia el futuro.
El País.com 30/01/2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario