La Xunta de Galicia aprovechará el actual período de alegaciones al Plan de Infraestructuras del Ministerio de Fomento para reabrir la negociación de la transferencia de la autopista Santiago-Dozón (AP-53). "No renunciamos a solicitar la transferencia de la AP-53 al Gobierno central", de modo que el ejecutivo autonómico "pueda aplicar en esta vía la misma política de portajes" que en las otras autopistas de su titularidad, manifestó ayer en el Parlamento de Galicia el portavoz de Infraestructuras del grupo popular, Alejandro Gómez Alonso.El político forcaricense recordó que el propio conselleiro de Infraestructuras ya había solicitado el traspaso de la autopista al ministerio. Gómez Alonso explicó que en este momento está abierto el período de alegaciones al plan de infraestructuras, "momento que se aprovechará para negociar la transferencia de la AP-53". De este modo, la vía podría beneficiarse de la política de peajes que aplica la Xunta en sus carreteras de pago.
El actual presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió en Lalín a rebajar el peaje de la autopista, una de las más caras de España y de las pocas que aumentó su volumen de tráfico el último año. Aquella vieja promesa electoral sigue sin cumplirse y el peaje, lejos de abaratarse, crece notoriamente cada año. El principal escollo es, según los populares, la negativa del Gobierno de España a traspasar sus competencias a la Xunta, algo que no fue posible ni con el anterior gobierno socialista ni con el actual popular.
Por otro lado, en su intervención en la comisión segunda del Parlamento, Gómez aseguró que la nueva licitación para la concesión, conservación y explotación de la autovía Dozón-Ourense (AG-53) supondrá "un ahorro de más de 300 millones de euros para la Xunta", que repercutirá tanto en la reducción de su deuda como en el gasto que tiene que asumir la Administración autonómica. Añadió que la privatización de la gestión de la autovía acarreará "un beneficio económico" para el conjunto de la ciudadanía gallega, además de "garantizar la titularidad pública de la vía" y continuar manteniendo su carácter gratuito y libre de peaje para los usuarios, "en las mismas condiciones que en la actualidad".
El PP rechazó una proposición no de ley del BNG en contra de la privatización de la autovía, que si contó con el apoyo de los otros dos grupos de la oposición, PSdeG y AGE. La portavoz parlamentaria nacionalista de Infraestructuras, Ana Pontón, calificó la privatización de la AG-53 y su ramal a O Carballiño (AG-54) de "estafa colectiva" y alegó que "multiplicará por diez" el coste a pagar por los gallegos.
La deuda actual de la autovía es de 150 millones de euros hata el año 2025 y la Xunta propone privatizar la vía hasta 2050, con un coste de 1.552 millones de euros al término de la concesión. Pontón criticó que se destinen "miles de millones de euros para financiar empresas privadas, cantidad que en ningún caso va a gastar en actuaciones de mejora y mantenimiento".
La diputada subrayó que "se multiplica por diez" el coste de la infraestructura, "lo que no puede calificarse más que como una estafa colectiva", con un perjuicio evidente para la ciudadanía. "Podemos estar ante un caso que tenga que ser investigado por la Fiscalía en el futuro", advirtió Pontón, y aludió a las privatizaciones que figuran en el sumario de la operación Pokemon.
Faro de Vigo.es 07/02/2014
La diputada subrayó que "se multiplica por diez" el coste de la infraestructura, "lo que no puede calificarse más que como una estafa colectiva", con un perjuicio evidente para la ciudadanía. "Podemos estar ante un caso que tenga que ser investigado por la Fiscalía en el futuro", advirtió Pontón, y aludió a las privatizaciones que figuran en el sumario de la operación Pokemon.
Faro de Vigo.es 07/02/2014
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