La propuesta lleva años sobre la mesa, pero nunca ha acabado de cristalizar. Al menos hasta ahora. El pasado mes de septiembre, la Diputación Foral de Gipuzkoa anunciaba su intención de poner en marcha finalmente el peaje para camiones en la A-1 a la altura de Etxegarate. Su objetivo pasa por implantarlo a finales de este año, y según explicaba la diputada guipuzcoana de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, se basaría en un sistema de lectura de matrículas en Etxegarate con el que cobrar a los vehículos pesados que se encuentren en tránsito por su territorio. Vehículos que, en gran número, llegarían desde el territorio alavés, aunque el procedimiento por lectura de matrículas no podría, sin embargo, discriminar el cobro del peaje en función del origen del camión -fuera guipuzcoano, alavés o de un país extranjero- al ser un extremo prohibido por la normativa europea.
Pese a ser una cuestión polémica, la decisión de cobrar este peaje a los camiones que circulen por la A-1 no parece haber disgustado, sin embargo, al Gobierno de Navarra, que al igual que Álava también se vería afectado. De hecho, el ejecutivo navarro sólo pide a Gipuzkoa que “lo que haga, lo haga de forma coordinada” con el resto de territorios, e incluso su vicepresidente de Desarrollo Económico de Navarra, Manu Ayerdi, aseguraba hace unos días que ha llegado la hora de abrir un debate en la comunidad navarra sobre la posibilidad de establecer peajes en sus carreteras. “Invertimos muchísimo menos en carreteras de lo que sería deseable y eso tiene consecuencias. Debemos hacer frente a este problema, aunque sea impopular y complejo”, valoraba.
Así las cosas, con Gipuzkoa decidida a implantar este año el peaje en la A-1, la Diputación Foral de Álava va a tener sobre la mesa en los próximos meses toda una patata caliente con la que lidiar, entre otras cosas porque el sector logístico es, al fin y al cabo, uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la economía alavesa, y profesionales y asociaciones del transportes llevan tiempo levantados en armas ante la más que posible puesta en marcha del cobro en Etxegarate.
Por el momento, según explican a este periódico desde el Departamento foral de Infraestructuras Viarias, liderado por el diputado socialista Josu López Ubierna, en Álava se mantienen a la expectativa ante los próximos movimientos que decida Gipuzkoa. Con todo, son conscientes de que, como su homóloga trasladó a Ubierna en una reunión celebrada tras el verano, para el ejecutivo foral guipuzcoano la creación de este peaje es una cuestión prioritaria y estratégica como medida disuasoria para intentar que los camiones opten por otras vías, como la autopista AP-1.
Los presupuestos del ejecutivo foral guipuzcoano para 2016 guardan, sin ir más lejos, una partida de diez millones de euros exclusivamente para la puesta en marcha de un paso por caja para el que, según el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, “no va a haber ningún problema desde el punto de vista jurídico” a la hora de implantarlo.
En la misma reunión entre diputaciones, la delegación del gobierno foral alavés solicitó a Gipuzkoa que la comunicación al respecto sea lo más fluida posible para conocer de cerca las acciones y plazos que manejan al respecto, pero de cualquier forma, y según explica a este periódico Josu López Ubierna, el ejecutivo de Ramiro González “trabajará para defender los intereses de los transportistas alaveses” para que, llegado el caso, “reciban como mínimo el mismo tratamiento a los guipuzcoanos”.
Aunque las posibilidades concretas ni siquiera se han planteado al no tener Gipuzkoa claro todavía cómo se pondría en marcha ese cobro, que mantiene en vilo a las asociaciones de transportistas de Álava, Gipuzkoa y Navarra, una opción para que los profesionales del transporte del territorio histórico de Álava no se vieran perjudicados sería que contaran con la posibilidad de recibir las mismas bonificaciones por el pago del peaje que sus homólogos guipuzcoanos, por ejemplo.
Con todo, tampoco está fijada la cantidad que los camiones deberían abonar como pago, fueran por trayecto, mensual o incluso anualmente, como permitiría un sistema de viñetas de pago único, similar al que existe en otros países europeos.
De todas formas, cuestionado directamente por la posibilidad de seguir los pasos de sus vecinos e implantar en cualquier punto de la red de carreteras de Álava peajes similares al que Gipuzkoa quiere en Etxegarate, López Ubierna asegura que “la Diputación alavesa no se plantea en ningún caso” dicha opción, aunque “respetan” que Gipuzkoa “haya decidido tomar esta decisión”.
Aunque no existe una estimación fidedigna del dinero que la Diputación guipuzcoana podría recaudar anualmente con la puesta en marcha del cobro en Etxegarate, hace cuatro años PNV y EH Bildu mantuvieron un cruce de datos al respecto en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con los primeros -ahora al frente de su ejecutivo foral- asegurando que la cantidad anual rondaría los 53 millones de euros , y los segundos reduciendo la cifra hasta los siete millones de euros.
La diferencia radicaba en el número de camiones que cada uno establece que pasan a diario por esa provincia, pues para los jeltzales son 10.000 vehículos pesados y para los abertzales cerca de 7.500, a los que habría que restar además los que sólo se mueven dentro de Gipuzkoa en lugar de acceder al territorio desde Álava o Navarra.
Así, y mientras la señalización del trayecto entre Vitoria y Donostia continúa cobrándose de vez en cuando alguna víctima que acaba, sin quererlo, apoquinando en la AP-1, la posibilidad de que los transportistas alaveses que se dirigen habitualmente a Gipuzkoa tengan que empezar a pagar por cruzar Etxegarate es una propuesta que, salvo sorpresa mayúscula, acabará siendo una realidad a final de año. El dónde y el por qué está claro, el cómo y el cuánto es lo que resta por decidir. Sea como fuere, parece que, a tenor de su declaración de intenciones, el sector alavés tendrá al menos a las instituciones forales de su parte.
Las claves:
El Departamento foral de Infraestruturas Viarias recepcionó ocho actuaciones en la segunda mitad de 2015
La Diputación mantiene actualmente siete obras en marcha en diferentes puntos de la red de carreteras alavesa después de que en el segundo semestre del pasado año recibiera la certificación final de otras ocho actuaciones ejecutadas en la red viaria. La actualización del listado de obras e inversión pública, elaborado por el Departamento foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, al que ha tenido acceso este periódico, fue uno de los compromisos adquiridos por el diputado Josu López Ubierna en la comisión de su área, celebrada el pasado mes de octubre.
Entre las ocho obras finiquitadas en la segunda mitad de 2015 figura como inversión de mayor cuantía el proyecto de rehabilitación y reposición de la capa de rodadura de diversas carreteras del territorio, ejecutado durante tres meses por la empresa Asfaltia por un montante total para las arcas alavesas de 915.887 euros. Tras estas actuaciones se sitúa el proyecto de tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla en varias carreteras, que alcanzó los 299.463 euros.
A mucha distancia en lo que al importe de los trabajos se refiere, la Diputación ha acometido otras seis obras por sumas que oscilan entre los 25.335 y los 51.838 euros, con actuaciones como la instalación eléctrica en la rotonda de acceso a Artziniega y la mejora del firme en las carreteras de zonas como Caranca, Osma, Izoria o Asteguieta, entre otras.
Entre las siete aún en curso o próximas a ser recepcionadas por el ejecutivo foral están por su parte las obras de mejora de la intersección entre la antigua carretera A-2622 y la A-3308 y la implantación de la glorieta a la altura de las piscinas de Nanclares de la Oca, por un total de 1,5 millones de euros, el acondicionamiento y urbanización de las carreteras de Artziniega, por 1,2 millones de euros, el acondicionamiento y urbanización de la travesía de Izarra, por 642.525 euros, la urbanización del margen izquierda de la carretera de Bergara a su paso por Durana (551.383 euros), distintas actuaciones preventivas y paliativas en diferentes carreteras de la red foral (504.573 euros) o la protección de la carretera A-4202 contra la caída de rocas en Lapuebla de Labarca (420.323 euros).
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