Una de las voces autorizadas de la banca en la financiación de infraestructuras, Mariano Olmeda, subdirector general del Santander y responsable de Banca de Inversión-Negocios Mayoristas, advirtió que “la luz de esperanza para dar solución al problema de las autopistas se está debilitando”. Olmeda participó en el curso sobre infraestructuras viarias que la patronal de la construcción Seopan ha celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Entre sus mensajes destacó la petición de un “sprint” para que Fomento, concesionarias y banca alcancen un pacto para la nacionalización de la decena de autopistas en riesgo de quiebra.
Según el ejecutivo de banca, existe una percepción de “riesgo regulatorio” que rodea a los negocios concesionales en España, máxime después de que la reforma energética pusiera coto a las primas a las renovables y de que el Real Decreto 1/2014 cambiara las reglas, “de forma imprevista”, restando a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), en caso de liquidación de una autopista, el coste de expropiación de las expropiaciones de suelo. “Nos han comido un trozo del flan”, dijo Olmeda. La banca acreedora de las concesionarias es titular de la RPA al ser pignorada años atrás por los accionistas de las concesionarias para financiar la construcción de las carreteras de peaje.
El sector concesional se enfrenta a un hito el próximo 18 de julio con la junta de acreedores de la autopista Ocaña-La Roda (AP-36), operada por Ferrovial. En esa reunión se propondrá un duro convenio que de no ser aceptado supondría la primera liquidación de una concesionaria. Ante esta situación el Estado debería pagar a la banca en función de la RPA. El conjunto de autopistas a nacionalizar, entre ellas las radiales de Madrid, la citada AP-36, la autopista Madrid-Toledo (AP-41) o la circunvalación de Alicante, suman una factura para el Estado, en concepto de RPA, de unos 3.500 millones. Al respecto, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, indicó el lunes que el escenario menos deseable es el de la liquidación, además de señalar que la Comisión Europea sigue poniendo restricciones a la nacionalización por posible ayuda de Estado.
El instrumento en que trabaja Fomento es una empresa pública con el grupo de autopistas quebradas. Se propone una quita del 50% sobre una deuda de construcción y financiera de 4.250 millones y que el 100% del capital de la sociedad fuera a manos públicas. La citada deuda sería canjeada por bonos de la empresa de autopistas a 30 años con un rendimiento fijo anual mínimo del 1%. Este ha sido calificado de insuficiente por la banca, que además pide que esos bonos sean avalados por el Estado. Además, las entidades internacionales, con cerca del 40% de la masa acreedora, se niegan a una quita lineal en la deuda financiera, lo que motivaría un complejo rescate autopista por autopista.
Desde el Santander se dibujó ayer un escenario de recuperación de España y de desapalancamiento empresarial que “debería ser aprovechado para atraer inversión”, señaló Mariano Olmeda. El responsable de financiación de proyectos de infraestructuras del banco valoró distintas fórmulas con potencial para respaldar concesiones, al margen del tradicional project finance. La primera de ellas es el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), “aún estrecho y modesto en cantidades de 50 a 60 millones, pero digno de estudio y con futuro por su sencillez y escasos requerimientos”. Otra vía a tener en cuenta es la captación de inversores institucionales, principalmente fondos de pensiones: “Estudian a fondo los proyectos, como lo haría cualquier banco, pero no es necesario el investment grade que sí piden los incipientes bonos de proyecto”.
Con todo, uno de los mayores financiadores bancarios de infraestructuras del mundo, como es el Santander, asegura que “los bancos vuelven”. Y en gran parte lo hacen, reconoce Olmeda, presionados por las medidas tomadas por el BCE para que fluya el crédito.
Según el ejecutivo de banca, existe una percepción de “riesgo regulatorio” que rodea a los negocios concesionales en España, máxime después de que la reforma energética pusiera coto a las primas a las renovables y de que el Real Decreto 1/2014 cambiara las reglas, “de forma imprevista”, restando a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), en caso de liquidación de una autopista, el coste de expropiación de las expropiaciones de suelo. “Nos han comido un trozo del flan”, dijo Olmeda. La banca acreedora de las concesionarias es titular de la RPA al ser pignorada años atrás por los accionistas de las concesionarias para financiar la construcción de las carreteras de peaje.
El sector concesional se enfrenta a un hito el próximo 18 de julio con la junta de acreedores de la autopista Ocaña-La Roda (AP-36), operada por Ferrovial. En esa reunión se propondrá un duro convenio que de no ser aceptado supondría la primera liquidación de una concesionaria. Ante esta situación el Estado debería pagar a la banca en función de la RPA. El conjunto de autopistas a nacionalizar, entre ellas las radiales de Madrid, la citada AP-36, la autopista Madrid-Toledo (AP-41) o la circunvalación de Alicante, suman una factura para el Estado, en concepto de RPA, de unos 3.500 millones. Al respecto, el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, indicó el lunes que el escenario menos deseable es el de la liquidación, además de señalar que la Comisión Europea sigue poniendo restricciones a la nacionalización por posible ayuda de Estado.
El instrumento en que trabaja Fomento es una empresa pública con el grupo de autopistas quebradas. Se propone una quita del 50% sobre una deuda de construcción y financiera de 4.250 millones y que el 100% del capital de la sociedad fuera a manos públicas. La citada deuda sería canjeada por bonos de la empresa de autopistas a 30 años con un rendimiento fijo anual mínimo del 1%. Este ha sido calificado de insuficiente por la banca, que además pide que esos bonos sean avalados por el Estado. Además, las entidades internacionales, con cerca del 40% de la masa acreedora, se niegan a una quita lineal en la deuda financiera, lo que motivaría un complejo rescate autopista por autopista.
Desde el Santander se dibujó ayer un escenario de recuperación de España y de desapalancamiento empresarial que “debería ser aprovechado para atraer inversión”, señaló Mariano Olmeda. El responsable de financiación de proyectos de infraestructuras del banco valoró distintas fórmulas con potencial para respaldar concesiones, al margen del tradicional project finance. La primera de ellas es el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), “aún estrecho y modesto en cantidades de 50 a 60 millones, pero digno de estudio y con futuro por su sencillez y escasos requerimientos”. Otra vía a tener en cuenta es la captación de inversores institucionales, principalmente fondos de pensiones: “Estudian a fondo los proyectos, como lo haría cualquier banco, pero no es necesario el investment grade que sí piden los incipientes bonos de proyecto”.
Con todo, uno de los mayores financiadores bancarios de infraestructuras del mundo, como es el Santander, asegura que “los bancos vuelven”. Y en gran parte lo hacen, reconoce Olmeda, presionados por las medidas tomadas por el BCE para que fluya el crédito.
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