El Ministerio de Fomento licitará una nueva vía de peaje R-1 entre la M-40 y Santo Tomé del Puerto (Segovia) teniendo en crítica situación que atraviesan las carreteras de pago y las empresas concesionarias.
En 2007, el Gobierno aseguró que no quería construir más autopistas de peaje. Sin embargo, la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insistió en que lo haría el Gobierno regional a corto plazo y prometió que construiría la R1, prolongaría la R3 y cerraría la M-50.
En los años posteriores y debido al descenso del número de vehículos que hacían uso de estas carreteras de pago, el Ministerio de Fomento pidió ayudas para las radiales en 2009 otorgando préstamos participativos por un importe total de hasta 1.320 millones de euros a las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid.
Un año más tarde, Fomento intentó rescatar de la quiebra a las radiales de peaje por un importe de 200 millones de euros con el fin de que las empresas que las gestionan superasen esta caótica situación. En 2010, el Congreso aprobó definitivamente el plan para salvar las vías de peaje. A finales de este mismo año, las radiales R-3 y R-5 subieron el peaje un 1'95 por ciento para garantizar los ingresos necesarios que devolviesen los 114 millones de euros que el Gobierno les había prestado para evitar su actual riesgo de quiebra.
En 2011 parece que la situación mejoró con la aportación del Gobierno de algo más de 43 millones de euros a ACS, Acciona y Globalvía. Aún así, con estas ayudas, la situación continuó siendo dramática. Y aunque subieron el precio de los peajes, este contexto en 2012 apenas mejoró. El Ministerio de Fomento se planteó rescatar las autopistas de peaje y la sociedad concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5 abrió una negociación con sus bancos acreedores para renegociar su deuda.
Teniendo en cuenta la problemática situación de las concesionarias de las carreteras madrileñas, que se encuentran en concurso de acreedores, Fomento ha anunciado este miércoles que licitará una nueva vía de peaje R-1 entre la M-40 y Santo Tomé del Puerto (Segovia) y ampliará el trazado de la autopista AP-41 desde Toledo hasta Ciudad Real y Córdoba y en el marco de las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (2012-2024).
Para este periodo, el departamento fija además nuevas condiciones a la hora de renovar las concesiones de estas carreteras mediante una fórmula que no trasfiera el riesgo de expropiaciones al concesionario, al igual que ocurre en otros países de la UE. Como novedad, Fomento introduce el arbitraje en lugar de los tribunales para resolver los conflictos que puedan surgir en materia de expropiaciones. En el mismo ámbito se propone una asignación diferente de los riesgos encaminada a facilitar la adjudicación de nuevas concesiones de forma que se permita licitar la construcción y explotación de dichas autopistas con cláusulas flexibles en función de las condiciones del mercado en cada momento.
El objetivo es hacer estos proyectos más atractivos al capital privado teniendo en cuenta que Fomento prevé que la contribución del sector privado represente el 16 % del total del plan, que contempla una inversión máxima de 144.826 millones de euros. De esta manera se modificará la legislación para ajustar la asignación de riesgos a "aquellos que realmente son capaces de gestionar las sociedades concesionarias".
De hecho, Fomento convocará en los próximos días a las concesionarias de autopistas de peaje a fin de abordar el futuro de todas las concesiones que se encuentran en un proceso concursal, como la AP-41 que une Madrid y Toledo, la R-3, la R-4, la R-5 y la autopista de peaje que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería). En materia de carreteras, Fomento regulará la renovación de las concesiones de los servicios de transporte por carretera ampliando las concesiones y exigiendo al concesionario los datos reales de su actividad, fijando un plazo de vigencia de 10 años, el pago de un canon o la actualización de las tarifas. Con respecto a la conservación y el mantenimiento viario, las actuaciones incluyen la rehabilitación de los elementos que han agotado su vida útil o están próximos a ello y mejoras de los mismos para adaptarlos a los nuevos estándares.
En 2007, el Gobierno aseguró que no quería construir más autopistas de peaje. Sin embargo, la que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insistió en que lo haría el Gobierno regional a corto plazo y prometió que construiría la R1, prolongaría la R3 y cerraría la M-50.
En los años posteriores y debido al descenso del número de vehículos que hacían uso de estas carreteras de pago, el Ministerio de Fomento pidió ayudas para las radiales en 2009 otorgando préstamos participativos por un importe total de hasta 1.320 millones de euros a las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid.
Un año más tarde, Fomento intentó rescatar de la quiebra a las radiales de peaje por un importe de 200 millones de euros con el fin de que las empresas que las gestionan superasen esta caótica situación. En 2010, el Congreso aprobó definitivamente el plan para salvar las vías de peaje. A finales de este mismo año, las radiales R-3 y R-5 subieron el peaje un 1'95 por ciento para garantizar los ingresos necesarios que devolviesen los 114 millones de euros que el Gobierno les había prestado para evitar su actual riesgo de quiebra.
En 2011 parece que la situación mejoró con la aportación del Gobierno de algo más de 43 millones de euros a ACS, Acciona y Globalvía. Aún así, con estas ayudas, la situación continuó siendo dramática. Y aunque subieron el precio de los peajes, este contexto en 2012 apenas mejoró. El Ministerio de Fomento se planteó rescatar las autopistas de peaje y la sociedad concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5 abrió una negociación con sus bancos acreedores para renegociar su deuda.
Teniendo en cuenta la problemática situación de las concesionarias de las carreteras madrileñas, que se encuentran en concurso de acreedores, Fomento ha anunciado este miércoles que licitará una nueva vía de peaje R-1 entre la M-40 y Santo Tomé del Puerto (Segovia) y ampliará el trazado de la autopista AP-41 desde Toledo hasta Ciudad Real y Córdoba y en el marco de las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (2012-2024).
Para este periodo, el departamento fija además nuevas condiciones a la hora de renovar las concesiones de estas carreteras mediante una fórmula que no trasfiera el riesgo de expropiaciones al concesionario, al igual que ocurre en otros países de la UE. Como novedad, Fomento introduce el arbitraje en lugar de los tribunales para resolver los conflictos que puedan surgir en materia de expropiaciones. En el mismo ámbito se propone una asignación diferente de los riesgos encaminada a facilitar la adjudicación de nuevas concesiones de forma que se permita licitar la construcción y explotación de dichas autopistas con cláusulas flexibles en función de las condiciones del mercado en cada momento.
El objetivo es hacer estos proyectos más atractivos al capital privado teniendo en cuenta que Fomento prevé que la contribución del sector privado represente el 16 % del total del plan, que contempla una inversión máxima de 144.826 millones de euros. De esta manera se modificará la legislación para ajustar la asignación de riesgos a "aquellos que realmente son capaces de gestionar las sociedades concesionarias".
De hecho, Fomento convocará en los próximos días a las concesionarias de autopistas de peaje a fin de abordar el futuro de todas las concesiones que se encuentran en un proceso concursal, como la AP-41 que une Madrid y Toledo, la R-3, la R-4, la R-5 y la autopista de peaje que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería). En materia de carreteras, Fomento regulará la renovación de las concesiones de los servicios de transporte por carretera ampliando las concesiones y exigiendo al concesionario los datos reales de su actividad, fijando un plazo de vigencia de 10 años, el pago de un canon o la actualización de las tarifas. Con respecto a la conservación y el mantenimiento viario, las actuaciones incluyen la rehabilitación de los elementos que han agotado su vida útil o están próximos a ello y mejoras de los mismos para adaptarlos a los nuevos estándares.
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