La viabilidad económica de las autopistas de peaje, muchas ya inmersas en un proceso de suspensión de pagos,
es una de las cuestiones que más dolores de cabeza despierta en el
Ministerio de Fomento. A los problemas casi congénitos de algunas de
ellas, como las radiales de Madrid, se sumó en los últimos meses el
movimiento «No voy a pagar» («No vull pagar»,
en catalán), una reacción ante el (supuesto) abandono por parte de la
Administración central y los desequilibrios en inversiones de
infraestructuras que denuncian los sectores nacionalistas. Con el
propósito de evitar infracciones, el grupo parlamentario popular
presentó el pasado viernes una enmienda a Ley de 1972 de construcción,
conservación y explotación de estas vías para dotar de nuevas
atribuciones al personal de las autopistas.
El remedio para evitar las infracciones consiste, según se desprende de la propuesta, en asignar al personal al servicio de las concesionarias las competencias propias de las autoridades públicas.
Al menos de manera temporal. «El personal encargado de la vigilancia de
la autopista, en ausencia de los agentes públicos competentes, y cuando
por la excepcionalidad de la situación se requiera, podrá adoptar las disposiciones necesarias en orden a la regulación y ordenación del tráfico,
formulando en su caso las denuncias procendentes conforme a la
normativa de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial», reza
el texto de la reforma normativa.
Límite a las expropiaciones
Hasta la fecha, el personal de
seguridad solo podía formular estas denuncias por medio de las
autoridades. Con esta propuesta se quiere conferir agilidad a la
supervisión de estas vías y evitar irregularidades. Los usuarios tendrán
más difícil marcharse sin pagar. «El impago del peaje por parte del usuario constituye una infracción administrativa que será objeto de la correspondiente sanción conforme a la normativa de la Ley de Tráfico», añade la propuesta regulatoria.
Además, a partir del próximo 1 de enero se introducirá otro cambio para que la responsabilidad de las «infracciones por estacionamiento o de impago de los peajes»recaiga en el titular o la persona que haya alquilado el automóvil. La única expceción se aplicará «cuando el vehículo tuviese designado un conductor habitual».
El Gobierno también se ha centrado
en el otro gran punto débil de las concesiones, el elevado coste de las
expropiaciones. Para evitar que se vuelvan a producir situaciones como
la de las radiales madrileñas, en las que supusieron un sobrecoste diez
veces superior al previsto cuando se proyectaron, el Ejecutivo limitará el aumento del importe, «cualquiera que sea el motivo», al 25%.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, avanzó
a comienzos de mes que trabaja en los procesos aún abiertos en los
tribunales para que las expropiaciones no generen estas pesadas facturas
en las cuentas de las concesionarias. Un proceso que pasa por
investiga las cuantías que se exigieron, en muchos casos «desorbitadas»,
cuando no «lesivas o abusivas», según el número dos de Fomento.
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