El diputado de Ciudadanos por Murcia, José Luis Martínez, ha presentado una pregunta al Gobierno en funciones interesándose por la situación actual de los afectados -en su mayoría agricultores- por las expropiaciones forzosas para la construcción de la autopista AP-7 Cartagena-Vera.
En concreto, Martínez inquiere al Gobierno "si se ha marcado algún plazo para abonar a los afectados las indemnizaciones que les corresponden, después de los casi diez años transcurridos desde el inicio del proceso", según han informado fuentes de la formación naranja en un comunicado.
Además, también se pregunta al Ejecutivo en funciones "si tiene constancia del número de afectados por las expropiaciones pendientes de cobrar y por el montante total de dichas indemnizaciones, que deberá abonar el Gobierno central después de que la concesionaria de la autopista, Aucosta, entrara en concurso de acreedores". Y es que, en 2014, el Tribunal Supremo resolvió en 2014 que fuera el Gobierno central quien asumiera el pago de las indemnizaciones en las autopistas cuyas concesionarias se encontraran en concurso de acreedores.
El fallo confirmó otra sentencia similar del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que condenaba al Ministerio de Fomento -más concretamente, a la Demarcación de Carreteras de Murcia- y al Jurado de Expropiación Forzosa al pago de 282.177 euros más interés a un grupo de afectados de la Región. La autopista Cartagena-Vera, de 115 kilómetros de longitud, se puso en servicio en marzo de 2007 tras una inversión de 650 millones de euros, con el fin de convertirse en una vía de continuación de la AP-7 y canalizar tráficos turísticos y de otras poblaciones de la zona.
La vía contabilizó un tráfico medio diario de 3.000 vehículos según datos actualizados de 2016. Su construcción supuso la expropiación de una amplia zona de cultivo, especialmente en el Campo de Cartagena, afectando también a propietarios de los municipios de Lorca, Mazarrón, Águilas y Fuente Álamo. Su concesionaria, Aucosta, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en 2012 por el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid con un pasivo de unos 550 millones de euros.
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