viernes, 1 de agosto de 2014

PA inicia una campaña para pedir la supresión del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Jerez (Cádiz)


El Partido Andalucista (PA) llevará a cabo durante todo el verano una campaña para pedir la supresión del peaje de la autovía que une las provincias de Sevilla y Cádiz, la AP-4, entre los términos municipales de Dos Hermanas y Jerez de la Frontera.

Así lo ha anunciado este jueves el secretario provincial del PA en Sevilla, Manuel Visglerio, quien ha detallado que los andalucistas van a hacer lo que esté en sus manos para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de suprimir el peaje, al menos hasta que existe una vía que una ambas provincias con las condiciones de seguridad necesarias.

Visglerio ha señalado que "no podemos olvidar que desde Madrid y hasta Cádiz, el único tramo de la A-4 que no es autovía son los 80 kilómetros que separan Dos Hermanas de Jerez, los mismos 80 kilómetros que suman casi un centenar de víctimas en la última década".

El líder de los andalucistas sevillanos ha recordado a su vez que el Partido Andalucista ya logró el apoyo de la Diputación de Sevilla para solicitar a Junta y Estado un acuerdo que supusiera la liberación o, al menos, la bonificación del peaje como ya hacen el Gobierno central y el regional deAragón, Cataluña o La Rioja en distintos tramos con características similares, argumentando idénticas razones que las que sufren los usuarios de la N-IV en Andalucía.

Con todo ello, en la provincia de Sevilla, serán las agrupaciones locales de Sevilla, Dos Hermanas, Los Palacios, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija, las que tomen especial protagonismo en la campaña informativa, que, siguiendo el recorrido de la vía, tendrá su continuidad en territorio gaditano en municipios como Jerez de la Frontera, Puerto Real o El Puerto de Santa María.

Manuel Visglerio ha apuntado que los andalucistas están convencidos de que se trata de una demanda "justa y necesaria" y ha avanzado que no van a para en esta cadena de acciones, campañas y protestas hasta que el Estado y la Junta no pongan fin a una "injusticia histórica y un agravio notorio que sigue limitando el desarrollo social y económico de Cádiz y Sevilla".

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