Una parte del culebrón de la autopista Cartagena-Vera parece que llega a su fin. Una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ministerio de Fomento a pagar las indemnizaciones adeudadas a más de medio millar de agricultores expropiados por la construcción de la carretera ha hecho que los afectados recobren la esperanza de recuperar su dinero.
Tras el fallo dictado por el Supremo, en el que se refleja que es el Gobierno central quien debe responsabilizarse del pago de las indemnizaciones en el caso de que las empresas concesionarias se declaren en concurso, Coag exige al Ministerio que abone los más de cinco millones de euros que llevan reclamando, desde hace nueve años, los propietarios de las fincas que se vieron afectadas por la construcción. La organización recordó ayer en un comunicado que desde el inicio se opuso a la construcción de la vía «por los gravísimos daños que se iba a ocasionar a una amplia zona de cultivo, especialmente en el Campo de Cartagena, ya que su trazado discurriría por cientos de fincas de alto valor productivo».
Desde Coag sostienen que no solo no contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, «sino que además éste pactó con la empresa concesionaria su aceptación de la autopista a cambio de una obra faraónica de accesos a Cartagena consistente en un acceso norte, un eje transversal y una ronda oeste, tramo libre de peaje, que otros, por supuesto, pagarán, multiplicando por ese capricho innecesario la ocupación de terrenos agrícolas expropiados. Y a cambio de unos ingresos anuales por el IBI especial que están cobrando los municipios por donde transcurre la obra», aseguran.
Uno de los expropiados, José Antonio Pérez Triviño, afirma que el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo «es una buena noticia ya que nos ha devuelto la esperanza de poder cobrar lo que es nuestro». Algo que no tenían muy claro los afectados hace unos meses, cuando en declaraciones a 'La Verdad' clamaban lo mal que estaba tratando la Administración a los afectados.
La autopista entró en concurso de acreedores en 2012 con una deuda que ronda los 550 millones de euros; una situación en la que también se encuentran cinco autopistas más en España como consecuencia del hundimiento del tráfico de pago y los sobrecostes de las obras y expropiaciones. En el caso del eje Cartagena-Vera hay dos hechos que acentúan la caída del negocio: el pinchazo de las urbanizaciones proyectadas en el litoral, concretamente Marina Cope, y las autovías gratuitas de la Comunidad que hacen el mismo recorrido, aunque con más kilómetros.
La Verdad.es 14/08/2014
Tras el fallo dictado por el Supremo, en el que se refleja que es el Gobierno central quien debe responsabilizarse del pago de las indemnizaciones en el caso de que las empresas concesionarias se declaren en concurso, Coag exige al Ministerio que abone los más de cinco millones de euros que llevan reclamando, desde hace nueve años, los propietarios de las fincas que se vieron afectadas por la construcción. La organización recordó ayer en un comunicado que desde el inicio se opuso a la construcción de la vía «por los gravísimos daños que se iba a ocasionar a una amplia zona de cultivo, especialmente en el Campo de Cartagena, ya que su trazado discurriría por cientos de fincas de alto valor productivo».
Desde Coag sostienen que no solo no contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, «sino que además éste pactó con la empresa concesionaria su aceptación de la autopista a cambio de una obra faraónica de accesos a Cartagena consistente en un acceso norte, un eje transversal y una ronda oeste, tramo libre de peaje, que otros, por supuesto, pagarán, multiplicando por ese capricho innecesario la ocupación de terrenos agrícolas expropiados. Y a cambio de unos ingresos anuales por el IBI especial que están cobrando los municipios por donde transcurre la obra», aseguran.
Uno de los expropiados, José Antonio Pérez Triviño, afirma que el fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo «es una buena noticia ya que nos ha devuelto la esperanza de poder cobrar lo que es nuestro». Algo que no tenían muy claro los afectados hace unos meses, cuando en declaraciones a 'La Verdad' clamaban lo mal que estaba tratando la Administración a los afectados.
La autopista entró en concurso de acreedores en 2012 con una deuda que ronda los 550 millones de euros; una situación en la que también se encuentran cinco autopistas más en España como consecuencia del hundimiento del tráfico de pago y los sobrecostes de las obras y expropiaciones. En el caso del eje Cartagena-Vera hay dos hechos que acentúan la caída del negocio: el pinchazo de las urbanizaciones proyectadas en el litoral, concretamente Marina Cope, y las autovías gratuitas de la Comunidad que hacen el mismo recorrido, aunque con más kilómetros.
La Verdad.es 14/08/2014
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