Como el de los mil y un arbitrajes internacionales, el de las autovías de peaje en concurso de acreedores es otro de esos agujeros sobre los que el Estado trata de maniobrar en los tribunales para que el impacto sea el menor posible para las arcas públicas. Pero no va a resultar fácil.
En el caso de esas autopistas, cuyas concesionarias se declararon insolventes hace casi un lustro, los jueces ya han dictado autos de liquidación sobre cinco de las nueve que fueron a concurso. Las tres últimas -la R-3, la R-5 y la circunvalación de Alicante- acaban de seguir los pasos de la AP-36 Ocaña-La Roda y la M-12 (Eje Aeropuerto Madrid), cuyas respectivas fases de liquidación fueron dictaminadas el pasado año.
Detrás de estas liquidaciones, un gran temor para el Estado, como es la activación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que obligaría a indemnizar a las concesionarias con al menos 5.000 millones de euros. Por eso, no queda otra que movilizar a la Abogacía del Estado para que recurra todos los autos judiciales que pudieran precipitar esas liquidaciones.
En esta ocasión ha sido el juzgado Mercantil 6 de Madrid, encabezado por el magistrado Francisco Javier Vaquer, el que ha determinado la inviabilidad de la propuesta de convenio presentada por las concesionarias Accesos de Madrid y Ciralsa, y también del proyecto de sociedad promovido por el Ministerio de Fomento.
Nuevo auto que, como los dos anteriores, también será recurrido por los abogados el Estado ante la Audiencia Provincial de Madrid bajo el argumento de que, en base a la constitución de esa sociedad pública, serían subsanables los motivos por los que el juez declara la liquidación.
Un extremo de difícil justificación toda vez que las negociaciones con los bancos acreedores se cerraron hace un año sin acuerdo, cuando estos se negaron a aceptar lo que pretendía el Gobierno. Que dieran por perdidos 1.700 millones de la deuda financiera a cambio de recibir unos bonos a 30 años al 1% de interés. Como Hacienda también se negó en redondo a aumentar ese interés, como pedían los bancos, el rescate de las autovías quedó en nada.
Todas estas liquidaciones, además de a los bancos como financiadores de las autovías, afectan a las grandes constructoras y concesionarias, aunque tengan provisionadas las cantidades invertidas.
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