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La banca no sólo está vendiendo deuda de las autopistas quebradas. También está abandonando su accionariado. Incluso en aquellas cuya situación se ha enderezado. Cajamar y BMN se han deshecho de su participación en la sociedad Ausur, que gestiona la carretera de peaje que une Alicante con Cartagena, la única de las nueve que se encontraba al borde de la quiebra en 2014 y fue salvada gracias a un crédito de casi 200 millones aportados por distintas entidades financieras.
La operación, según fuentes conocedoras de la situación se produjo el año pasado, y su comprador fue una filial de Ploder que escapó de la liquidación del grupo constructor. De esta manera, la división de Ploder controla casi el 66% de las acciones de la denominada AP-7. Unicaja y el Grupo Fuertes poseen el resto de las títulos de la autopista.
Cajamar indica en su informe anual que la venta del 22% que tenía en esta infraestructura le ha reportado unas plusvalías de más de 2 millones de euros. La entidad habría aprovechado la ventana de oportunidad surgida a raíz de la desinversión de BMN. Ésta debe deshacerse de todas las participaciones industriales como consecuencia de las ayudas públicas recibidas y su nacionalización. El Estado cuenta con un 65% del capital de BMN y en la actualidad presiona a Bruselas para integrarla en la también estatal Bankia.
La participación de BMN, heredada de Caja Murcia, y Cajamar se remonta a la pasada década, al igual que la presencia de Ploder, que fue la encargada de la construcción a finales de los años 90.
Hace cuatro días, Ausur recibió un importante espaldarazo por parte del Tribunal Supremo, ya que condenó al Estado a tener que abonar 6,76 millones de euros correspondientes a unos préstamos participativos. En su decisión desestimó las alegaciones de la Abogacía del Estado, que justificó el no haber abonado los préstamos por la situación económica de la compañía recurrente y sus posibles efectos en la capacidad de devolución de la deuda.
A finales de 2014, Ausur consiguió un crédito de 196 millones en el marco de su proceso de reestructuración de su deuda de 240 millones, por lo que evitó el concurso de acreedores y esquivar el plan de rescate planteado por el Ministerio de Fomento para salvar las autopistas con serios problemas financieros.
La salida de Cajamar y BMN de la AP-7 se produjo en un momento en que los bancos, sobre todo extranjeros, empezaron a vender la deuda que mantenían en infraestructuras de carretera, principalmente de las quebradas.
La huida de estos inversores, además, tuvo lugar antes de la Audiencia Provincial de Madrid haya declarado la liquidación de tres radiales el próximo octubre, aunque Fomento intentará negociar con las partes para evitar tal circunstancia al tratarse de una concesión pública y ante el aumento en los últimos meses del tráfico.
Las autopistas quebradas acumulan una deuda insostenible de 3.400 millones de euros. Hasta ahora Fomento había reclamado un quita del 50% de todos los pasivos para conceder ayudas a las mismas y salvarlas de la desaparición, una solución que ha sido rechazada de plano por la banca.
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