Los tribunales han mandado a la nevera las reclamaciones de la empresa concesionaria de la carretera de Manacor para incrementar las tarifas fijadas en su día en el contrato con el Consell de Mallorca para la construcción, conservación y explotación de la autovía denominada Ma-15. En los últimos meses, la justicia balear ha puesto el freno por dos veces a las pretensiones de la empresa concesionaria, Pamasa, alegando que cualquier revisión de las condiciones económicas iniciales está supeditada a la resolución del proceso penal por el supuesto desvío de 41,9 millones de euros en la construcción de la carretera. Se trata del llamado caso Peaje, un proceso impulsado por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2009 que está a las puertas de juzgarse en la Audiencia y que ha llevado al banquillo de los acusados a la antigua cúpula del área de Carreteras del Consell con UM (2003-2007) y a los principales constructores de la obra.
Las tarifas que percibe la concesionaria se fijaron en base al sistema conocido como peaje en sombra, una fórmula de financiación elegida para gestión de la vía: es una empresa quien construye la carretera y la Administración paga a través de los impuestos el peaje de los vehículos que hacen uso de la infraestructura. Se evita así la instalación de un peaje físico que grave a los conductores pero financiando de las arcas públicas el mantenimiento.
Según alegó Pamasa, sus sistemas de conteo revelan que la intensidad media de tráfico es de 20.700 vehículos al día, lo que significa que entre diciembre de 2006 -fecha de la entrada en funcionamiento de la vía- y finales de 2015 el número de vehículos es un 28,7% más bajo de lo previsto en el contrato de concesión. Por ese motivo, la empresa solicitó la revisión de las condiciones iniciales en pro del «restablecimiento del equilibrio económico-financiero» por la explotación de la carretera. Pero ni el Consell primero ni de momento los juzgados han atendido su demanda.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Palma desestimó las reclamaciones de Pamasa arguyendo prejudicialidad penal. Es decir, que mientras no se resuelva el proceso penal en el que, entre otras cosas, se someterá a examen judicial la cuantía exacta de la obra, no pueden estudiarse otras consideraciones al respecto.
Según el auto judicial en el que se dejó en suspenso el contencioso, «la tarifa está íntimamente ligada a la inversión realizada, y la cuantía de la misma es objeto de discusión en la jurisdicción penal por la existencia de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, cohecho, falsificación documental y fraude en la administración». El juez concluye insistiendo en que «para abordar adecuadamente la procedencia o no del restablecimiento económico del contrato, es necesario conocer con exactitud el importe de la inversión».
La empresa recurrió esta resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), que ha acabado por desestimar el recurso, ratificando con ello las premisas establecidas por el juzgado de lo contencioso. Los magistrados de la máxima instancia judicial de las Islas exponen además que «el gerente de la entidad concesionaria y aquí apelante aparece imputado por los hechos investigados, en los cuales se menciona el incumplimiento deliberado del control del peaje en sombra». Cabe recordar que, como informó este diario, ese sistema de pago ha sido precisamente cuestionado por la Fiscalía en su reciente escrito de acusación. Anticorrupción ha denunciado que los responsables políticos del Consell de UM «omitieron deliberadamente el control del peaje en sombra y aceptaron que se pagase el máximo acordado sin que ello estuviera justificado». Según postula el fiscal, «omitieron las actas justificatibas del tráfico».
Por su parte, el gabinete jurídico del Consell interpreta las demandas de la empresa como una posible estrategia para abrir una vía de negociación que suavice el proceso penal, donde la Fiscalía plantea duras peticiones de cárcel para los imputados. Entre ellos destaca la petición de 13 años y medio de cárcel para el ex conseller de Carreteras Antoni Pascual y 15 para el ex director del área Gonzalo Aguiar.
El propio Consell solicita que Pamasa acabe siendo responsable civil subsidiaria en el proceso penal, si bien planteó una suma menor a la de la Fiscalía, repercutiendo anualmente el todavía presunto desvío.
La consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, señaló en declaraciones a este rotativo que desde su departamento «se ha escuchado a los responsables de la empresa cuando han venido a hablar con nosotros pero no estamos trabajando para llegar a ningún acuerdo» y recalca que por ahora la resolución del conflicto descansa enteramente sobre los hombros de la justicia.
La 'obra estrella' que estrelló a UM
En 2006, la entonces todopoderosa Maria Antònia Munar cortaba la cinta inaugural de una de sus obras estelares:el desdoblamiento de la carretera entre Palma y Manacor. Tras el acto, los políticos de UM brindaban con cava a pie de rotonda. Diez años después, aquella infraestructura ha mejorado el tráfico entre las dos ciudades pero ha dejado un reguero de imputaciones y amenaza con mandar a prisión por corrupción al entonces conseller de Carreteras Antoni Pascual. La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado una presunta trama para desviar 41,9 millones de euros del Consell en la obra a cambio de sobornos, regalos y trabajos particulares en viviendas de altos cargos de Carreteras. Los acusados niegan los cargos. El juicio se celebrará ante un Jurado Popular en los próximos meses.
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